Las quejas de Lorenzo apuntan al Concejo Deliberante local y al Tribunal de Cuentas de la provincia.En el Deliberativo, los seis concejales renovadores conformaron una comisión investigadora y el propio exintendente cree que el dictamen será por su destitución. Es por un expediente del Tribunal de Cuentas que revela que Lorenzo, cuando fue jefe comunal entre 1999 y 2003, no pagó una multa del organismo de control.Para fundamentar su denuncia de persecución, el concejal de UP aseguró que “en Garupá los Ripoll (Raúl, presidente del Concejo Deliberante y Lucho, actual intendente) tienen más de 15 expedientes por incumplimientos al Tribunal de Cuentas, pero como ellos son renovadores todo sigue igual”.Cree que toda esta investigación se inició por su tarea opositora en el Concejo Deliberante, denunciando irregularidades y requiriendo información para transparentar la gestión del intendente renovador Jorge Kappaun. “Soy el único representante de las minorías”, dijo Lorenzo, quien resaltó la extemporaneidad del proceso iniciado por el Tribunal de Cuentas, que sirve de argumento a los oficialistas, para iniciarle un proceso investigativo. “Juré y asumí el cargo y el Concejo no hizo impugnaciones en los primeros diez días hábiles”, dijo. En referencia a los cargos que le imputa el Tribunal de Cuentas, dijo que “hicimos las presentaciones (de rendición), pero siempre reclaman algún detalle. En 2007/2008 me reclaman qué marca tenía el tomate natural en la ayuda alimentaria y me hacen cargo de toda la ayuda”, remarcó. Para Lorenzo, las denuncias en su contra se empiezan a pergeñar “cuando empiezo a investigar, trabajar y pedir informes”. Señaló unos 20 “pedidos de informes sobre cómo se entregaron los plan techo (de la gestión pasada del exintendente José Luis Garay, actual ministro)” y sobre “la situación de la obra del agua termal, de 32 millones de pesos, donde no hay ningún grado de transparencia y no se aceptan pedidos de informes”.Otros exintendentes con rendiciones de cuentas adeudadas, estarían siendo protegidos por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, sostuvo.
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