El escándalo por la muerte súbita de al menos tres caballos en la 4ª edición de la Copa Challenger del Hipódromo General Belgrano de esta ciudad aumenta con el paso de los días. El pasado jueves, las ONG protectoras de animales que habían denunciado penalmente a los organizadores por presunto “maltrato animal” ampliaron la presentación y solicitaron se investigue la “posible existencia de un sistema de apuestas clandestinas e ilegales, es decir, no autorizadas por los organismos de contralor establecidos para este tipo de competencias”. Es que a entender de los denunciantes, dicha actividad “podría configurar la violación de leyes que regulan los juegos de Lotería y Azar, tanto de orden provincial como nacional”.Los representantes legales de las Asociaciones “Adoptame Misiones” y “Autoconvocados por la vida” también solicitaron medidas urgentes para dilucidar no sólo si los equinos murieron por sobredosis de estimulantes, como se sospecha. También quieren saber si la actividad misma que se desarrolla con auspicio del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) está rodeada de algún accionar delictivo en torno del dinero que se mueve en cada encuentro de carreras cuadreras, y en particular en la Copa referida, que convoca a criadores y corredores de todo el país y países limítrofes, y que no contaría con controles de ningún tipo. Es que si efectivamente los caballos recibieron dosis letales de “chinche” (como se denomina en el mundo del turf a los cócteles de metanfetaminas y otras drogas), podría darse el caso de la manipulación de los resultados, y por ende, de las apuestas, entre otras irregularidades. Por este motivo, solicitaron que el juzgado de instrucción le exija al Iplyc las explicaciones formales del caso. Las Asociaciones denunciaron formalmente a los organizadores de la Copa Challenger (al presidente del Jockey Club Posadas, al organizador Ariel Jaime y a Ernesto Silvestri); a los propietarios de los animales involucrados “y/o a quiénes en definitiva resulten responsables por la presunta comisión de ilícitos previstos y reprimidos por la Ley 14.346 del Código Penal y/o todo otro delito que pudiera surgir de la investigación”. Las ONG también solicitaron a la Fiscalía que ordene una inspección en el predio del Hipódromo para localizar los cadáveres de los caballos y realizar las correspondientes necropsias, medida que de todos modos ya habría sido ejecutada antes de la solicitud, sin resultado positivo. La denuncia de las ONG no es la única. Hace pocas horas también se conoció en exclusiva a través de este Diario la denuncia penal del integrante del Tribunal Penal Nº 1 de esta localidad, Martín Errecaborde, quien recurrió a la justicia como “ciudadano afectado”.
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