En un contexto económico que no carece de incertidumbres; y en el marco de un cambio de ciclo que puso al Gobierno de la renovación ante la necesidad de replantear objetivos y reorientar la relación con el Gobierno nacional, por primera vez en más de una década, todas las fuerzas políticas con representación legislativa apoyaron la sanción del Presupuesto enviado por el Ejecutivo. El 75% de los recursos que se destinan a Salud, Bienestar Social y Educación; el clima de colaboración que se logró en el tratamiento del proyecto en las comisiones, que resaltó más de un diputado opositor al hablar anoche en el recinto; y en particular la modificación del artículo 12 de la Ley de Presupuesto, que puso fin a más de tres décadas de cesión de “superpoderes” al Ejecutivo provincial, inclinaron la balanza hacia una inédita unidad de criterios. El artículo 12, reformado en base a una propuesta del titular de la Cámara Carlos Rovira, establece que “el Poder Ejecutivo puede disponer las reestructuraciones que considere necesarias hasta un 20% del presente Presupuesto General de la Administración Pública”, aunque incorpora excepciones, como las erogaciones del Poder Judicial, Tribunal Electoral, entre otras. El miembro informante, el oficialista Marcelo Rodríguez, definió al Presupuesto como “moderno, innovador y redistributivo”, destacando la incorporación de leyes recientemente aprobadas, y en especial “el 75,15% destinado a inversión social”. Aseguró que los recursos, que en la Ley aprobada ayer alcanzaron a 41.968.317.000 pesos, crecieron en el período 2003/2016 un 4.900%, “muy por encima de la inflación”, remarcó. Rodríguez calificó de “histórica” a la sesión y enfatizó el criterio social contemplado en la distribución del gasto. “Criterio austero”Previamente a su sanción, el proyecto remitido por el Gobernador fue analizado en detalle en 34 reuniones convocadas por la Comisión de Presupuesto con los responsables de cada organismo involucrado. Al mencionar las modificaciones respecto del expediente original, Rodríguez recordó que “el artículo 12 tuvo su génesis en el año 1983, cuando esta Cámara evaluó, en el regreso de la democracia, el primer presupuesto, que entregó atribuciones al Poder Ejecutivo para darle dinamismo y flexibilidad”. Destacó la intención pluralista en el tratamiento, tanto como “la rigurosidad y un criterio austero, de tener nuestras cuentas en orden y en equilibrio fiscal”. Respeto a las necesidades de financiamiento, fijadas en 10.652.906.000 millones, el legislador aclaró que este ítem no se refiere a deuda pública -como se interpreta erróneamente en ocasiones- sino a la previsión de llegada de planes de la Nación, en este caso entre ellos el FET y el Incentivo Docente, respecto a los cuales expresó que “esperemos que lleguen en tiempo y forma”. Presupuesto parlamentarioLa Cámara aprobó también su previsión de recursos para el próximo año, establecida en 578.090.000 pesos. Esta cifra representa un incremento del 23,07% respecto del ejercicio anterior. Entre las principales inversiones, se avanzará en la modernización de los procesos de la Cámara, se mejorarán las instalaciones tecnológicas y se remodelará el Embajador Legislativo, entre otros. Autolimitación positiva “Lo diferente que nosotros observamos en este Presupuesto es la autolimitación propuesta por el Poder Ejecutivo a los superpoderes, para reasignar hasta un tope del 20%; y después que es un presupuesto que tiene un marcado acento en lo social, porque la mitad del Presupuesto está destinado a Desarrollo Social, Salud y Educación, que entendemos son cuestiones importantes en el momento que estamos atravesando. Pero a diferencia de años anteriores, se pone menor énfasis en la obra pública”, opinó Alfredo Schiavoni en declaraciones a este Diario. Entendemos que van a venir de la Nación obras que no están en este Presupuesto”, remarcó. La fuerte presión fiscal, en tanto, mereció críticas tanto del diputado del PRO como de Claudio Wipplinger de Trabajo y Progreso, Héctor Bárbaro (Pays) y Gustavo González,(UCR), coincidentes en la necesidad de revisar la estructura tributaria de la provincia, basada en criterios fuertemente recaudatorios.
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