La Sala II de el tribunal, con votos por separado de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, confirmó una decisión del magistrado, quien había desestimado una excepción de falta de acción en la causa que la que fueron denunciados Timerman, la ex presidenta Cristina Kirchner y los diputados y senadores que aprobaron el Memorándum de Entendimiento con Irán, ya derogado.Timerman había pedido cerrar la causa porque ya existe una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en el juzgado de Daniel Rafecas.A criterio del ex canciller, no podía proseguirse con la instrucción de la causa de Bonadio porque versaba sobre los mismos hechos y ya fue rechazada en tres instancias judiciales.Para el camarista Irurzun, quien citó jurisprudencia, “la desestimación y el archivo de las actuaciones no causan estado, pues aquellas pueden reactivarse cuando –como en el caso- existen elementos o alegaciones no valoradas anteriormente”.En tal sentido, valoró que Bonadio tiene otros elementos de prueba diferentes al otro expediente, y destacó que no le correspondía tomar posición sobre el juez que terminaría interviniendo en el expediente.Por su parte, Farah afirmó que “podría discutirse -y se lo hace, con intensidad y variados argumentos- a partir de cuándo una persona está expuesta a esa situación en aquellos casos en que se abre una investigación y se trabaja sobre la base de corroborar o no una hipótesis acusadora”, pero “aquí la cuestión es más simple”.A su entender, "la denuncia formulada por el Fiscal Nisman, con la que se formó la causa n° 777/2015 del Juzgado Federal nº 3, fue desestimada ab initio, sin haberse dado curso a ninguna medida de prueba. Evidentemente, no hubo, en tal escenario, para Timerman, persecución penal previa, ni siquiera riesgo de tener que enfrentar una acusación, y mucho menos de condena.”Añadió que “la acción, en esta causa, no sólo fue legalmente promovida y es ejercida por el órgano estatal llamado a hacerla (la Fiscalía) sino también por dos querellantes, Luis Czyzewski y Mario Averbuch”.“Para Farah, ambos querellantes son familiares directos de víctimas del atentado contra la AMIA y en ese carácter se presentaron en aras de ejercer sus derechos y fueron válidamente habilitados a realizarlo (…), evitando una verdadera situación de denegación de justicia".En su voto, el camarista destacó que los promotores de la nueva pesquisa entienden que hubo "delitos cometidos por altos representantes del Poder Ejecutivo -entre otros- para ayudar a prófugos sospechados" de cometer el atentado a la mutual judía por lo que "no puede desatender esos legítimos intereses".Fuente:Télam
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