El domingo se cerró la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional para cumplir con los requerimientos de la Justicia y adecuar el tarifazo de abril pasado en el precio del gas a los requisitos legales, recabando además, por medio de la audiencia, las opiniones de los consumidores y sectores involucrados.La decisión originaria del ministerio que conduce José Luis Aranguren de evitar la audiencia pública, que según denuncias periodísticas habría sido una estrategia para no mostrar todos los números respecto a los precios a boca de pozo y no explicitar la situación de las empresas del sector; cubrió con un manto de discrecionalidad la decisión política tomada en abril.En el mismo sentido, se puede especular en que lo que hizo el Gobierno no fue otra cosa que testear la reacción de los consumidores, y en no menor medida de las provincias afectadas por la operación de sinceramiento, ya que antes del tarifazo estaban exentas del subsidio, pero recibieron igual el impacto de una aumento en el precio mayorista. El dato auspicioso en el balance de la audiencia, en este contexto, es la reacción correcta del poder político ante una decisión judicial, como así también la ausencia de mayores conflictos en el trámite de la audiencia, que si bien no estuvo exenta de tensiones, transcurrió con normalidad; sobre todo si se considera el mal humor social causado por las subas indiscriminadas. Fuera de ello, la impresión es que la consulta a la ciudadanía, al no incluir un mecanismo de preguntas y permitir el diálogo de expositores y autoridades, y al no ser vinculante, no aporta a lo que el ciudadano espera de un debate de esta naturaleza; que sus reclamos sean tenidos en cuenta y el debate sirva de base a una revisión de criterios. El ministro ya dejó en claro que los criterios en general no cambiarán; y aunque no descartó revisar aspectos particulares; el desbalance de precios y responsabilidades en el sector energético sigue indemne tras cinco meses de confusión.
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