El Superior Tribunal de Justicia (STJ) suspendió en sus funciones al juez Demetrio Antonio Cuenca, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de San Vicente, en el marco de un sumario administrativo iniciado en 2014 y en el que se habrían comprobado groseras irregularidades y sospechas de corrupción mientras subrogaba el Juzgado penal de la misma localidad. La suspensión tendrá una duración inicial de 60 días y le fue notificada ayer al magistrado, por lo que ya no podrá ingresar a su despacho ni percibirá sus sueldos en este lapso, según los alcances del artículo 324 del Reglamento del Poder Judicial.La misma medida alcanzó a los secretarios Marcia Soledad Zinmerman y Francisco Javier Insfrán, este último ya apartado del cargo y puesto en funciones como secretario itinerante en la segunda circunscripción judicial. La noticia de la suspensión del polémico magistrado generó un revuelo en la localidad ya que son numerosos los antecedentes que conectarían al juez con escandalosas maniobras de connivencia con abogados y oscuros métodos de impartir justicia. De hecho, Cuenca ya acumuló dos pedidos de jury (sin tramitación a la fecha) por sus funciones como juez civil, y se prepara una tercera presentación que, insólitamente, será impulsada por el Concejo Deliberante de la localidad. Pero el sumario que derivó en la suspensión no se relaciona con su actuación en este juzgado sino en su período al frente del de Instrucción 3 como subrogante, cargo que ejerció por tres años. Tarifas para salirSegún se supo, su paso por la dependencia se habría caracterizado por un “festival” de excarcelaciones imposibles, dictados de falta de mérito sin justificativo legal, la sospecha de una “tarifa” para soltar presos aunque estuvieran investigados por delitos gravísimos y la connivencia con un abogado en particular con el que había que cerrar trato para salir en libertad u obtener sentencias favorables. En contrapartida, se le imputa el incumplimiento de sus funciones por la escasísima cantidad de causas que llegaron a juicio oral. Cuenca asumió la subrogación penal en 2011 y estuvo al frente del juzgado hasta fines de 2014, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Oberá decidió sacarle la función luego de una inspección sorpresiva cuyo resultado dejó impresionados a los camaristas. Durante todo ese tiempo no sólo atendió las causas penales, sino también las civiles, comerciales, laborales y de familia de la jurisdicción que abarca también las localidades de San Pedro, Dos de Mayo y El Soberbio, en una acumulación de trabajo que habría derivado en un descontrol absoluto en la dependencia penal y un fuerte protagonismo de los secretarios, quienes no serían ajenos a las maniobras irregulares detectadas. Desde entonces se tuvo certezas de que las actuaciones y sanciones de superintendencia eran cuestión de tiempo. Hoy, también se cree que el magistrado podría terminar definitivamente fuera del cargo. Una trama de películaDesde hace al menos dos años se conoce el descontrol que reina en el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente (que no tuvo juez titular desde que se jubiló Juan Carlos Cantero) y en el de Instrucción 1 de Puerto Rico, que tiene como juez a Ector Acosta, ahora de licencia tras enfrentar dos pedidos de Jury con gravísimas acusaciones. Notablemente, las historias que se tejen por debajo entre estos juzgados son dignas de un best seller de intrigas. Mientras que a Acosta se lo acusó de las mismas prácticas que se habrían detectado en el Juzgado de San Vicente, uno de los secretarios de esta última dependencia sería pariente directo de Acosta, un vínculo que habría excedido lo meramente familiar. De hecho, este pariente se habría presentado en el concurso para cubrir la vacante en el recientemente creado juzgado de instrucción de Jardín América. Pero el resultado fue tan desastroso que el Consejo de la Magistratura decidió declararlo desierto. Fuentes judiciales recordaron que los puntajes no sólo fueron bajos, sino que los que sortearon el proceso “tenían serios antecedentes que hacían inviable su incorporación al Poder Judicial”.
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