Señora Directora: Quiero comentarle que la Dirección del Bachillerato con Orientación Polivalente (Bop) 20 de Puerto Esperanza decide quién trabaja y quién no en la institución que tiene a su cargo. Resulta que su poder puede más que cualquier Resolución de Consejo General de Educación (CGE). Si ella decide no acatar una orden, no lo hace y listo. Pareciera que cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria, dentro y fuera del Consejo. Soy docente hace ocho años y en abril de 2014 me otorgaron (por padrón provisorio y luego de reclamar durante aproximadamente un mes) 18 horas cátedras en el área de Lengua y Literatura, pero a los catorce días me borraron de un plumazo. Este hecho ya va en contra de las legislaciones vigentes dictadas por el CGE. Sucedió que una profesora se presentó en el establecimiento escolar y reclamó mis horas, aduciendo que poseía mayor puntaje en el padrón definitivo (padrón que en ese momento aún no había llegado a la escuela). Afirmaba que me superaba en tres puntos, cosa que se confirmó mucho tiempo después. Como toda la situación me resultó muy rara, solicité “vista de legajo” de la docente y allí constaté que había cursado (gracias a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones), un postítulo. Es decir, una especialización que se realiza luego de haber obtenido el título de grado, denominado; “Especialización: la mediación como estrategia de prevención de conflictos en instituciones educativas, Resolución. HCD 216/2011”, en 2012. Lo que nadie le dijo a la profesora es que la especialización no le evitaría conflictos en el futuro, ya que la facultad violó tanto sus propias normativas como la legislación provincial y nacional al tomar a la docente como alumna para el cursado del postítulo, pues según la Resolución 144/2000 del Ministerio de Educación de la Nación, refrendada por el Consejo Directivo de la UNaM a través de la resolución 157/09 y extendida luego a todas las facultades dependientes de la Universidad por ordenanza 062/2010 de la UNaM, se reglamentan las ofertas educativas en materia de postítulo y la profesora, al no poseer título terciario al inicio del postítulo, no podía ser admitida para el cursado del mismo. La cosa no termina allí. Con la posterior valoración del postítulo por parte de Junta de Clasificación y Disciplina, la profesora engordó su legajo ubicándose tres puntos arriba. Cabe aclarar que este “error” nunca fue subsanado por el CGE, pero sí elevaron, desde el Ministerio, la Resolución 4343/14 a favor de mi planteo. Dicha Resolución despierta risa de quiénes la han visto pues cuando en diciembre de 2014 el Consejo la envió a la escuela para que me designen en las 18 horas, la directora no acató la orden. Ocurrió el 27 de junio de este año cuando la directora, en lugar de notificarme de la nueva Resolución del Consejo, me notifica del nuevo “recurso de amparo” presentado por la docente cuestionada el 21 de junio y notificada al Consejo y a la institución escolar el 27 de junio de este año. Como en diciembre de 2014 no fui designado, en marzo de 2015 realicé el reclamo a la Universidad y nunca obtuve respuestas. Tanto el Consejo Superior de la UNaM como la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se desentienden del tema. Hoy el trámite 1178/2015 hiberna en alguno de los cajones de la Facultad o del Consejo Superior. El conflicto parece que tiene hilo para rato pues ya vamos por el segundo “recurso de amparo” presentado por esta profesora ante el Juzgado Civil y Comercial 8 de Posadas, quien retrasa mi designación definitiva dictando, entiendo que por segunda vez, medida de no innovar. Seguramente llegaremos al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, pues la Justicia cuenta con estos recursos “apelativos” que sentencian las causas a perpetuas, a desfilar por los pasillos de los juzgados haciendo caso omiso de lo que las leyes ya hablaron a mi favor. Quiero decirle que hago un esfuerzo enorme por creer en las instituciones, pero la realidad que vivo hace dos años y dos meses, me hace dudar de que la burocracia sea buena para la salud de un país y de que la justicia exista realmente.
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