Con una opinión pública shockeada por los altos niveles de corrupción expuestos como en una telenovela sin fin desde el cambio de Gobierno, y una cada vez más creciente exigencia ciudadana hacia la Justicia, los organismos de control y los funcionarios públicos; Misiones se apronta a ingresar en una etapa ineludible. Según los pronósticos más alentadores, deberemos acostumbrarnos a una nueva terminología que poco tenía que ver con nuestra convivencia cotidiana con el poder y la política: transparencia, ética pública, lucha contra la corrupción, acceso a la información pública y gobierno abierto son solo algunos de los términos técnicos del lenguaje de los tiempos que corren. En la Legislatura misionera hay varios proyectos que buscan convertir estos términos en normativa vigente y exigible, y si bien existe una aparente intención de avanzar en este sentido, los pasos hasta la fecha fueron demasiado cortos. Hay propuestas que buscan mayor control de los organismos descentralizados y empresas del Estado, iniciativas para instaurar un código de ética pública, para crear una oficina anticorrupción y para transparentar el crecimiento patrimonial de los funcionarios. Algunas están en tratamiento en las comisiones y otras tomarán estado parlamentario esta semana. Paralelamente, en la provincia hay al menos dos observatorios que monitorean las gestiones públicas para medir su apertura y el grado de oscurantismo que todavía acumulan. Buscan calificar cuán democráticos y republicanos son nuestros representantes de acuerdo a la transparencia con la que manejan los fondos públicos. Modelo para armar La Fundación Transparencia Ciudadana, conformada por misioneros comprometidos con estas premisas, espera tener listo para fin de año el índice LIS (índice de percepción de corrupción) en la ciudad de Posadas en base a los indicadores desarrollados por Transparency International. Para ello analizará cuál es la percepción de la gente en torno a las gestiones de los distintos organismos e instituciones públicas, incluidas la Policía y la Justicia. El trabajo en este caso se realiza en conjunto con organizaciones de altísimo prestigio como Poder Ciudadano. Paralelamente el “observatorio ciudadano” de la Fundación busca fomentar la transparencia “acostumbrando” a los políticos a hacer público aquello que suelen querer ocultar. Para eso recurren a la Ley de Acceso a la Información Pública de Misiones (Ley IV Nº 58), en un trabajo minucioso de registro de casos. “Solicitamos información en base a la Ley en relación a los fondos públicos, las inversiones y las contrataciones del Estado provincial y municipal. A través de la publicación de los datos del presupuesto y su ejecución, las compras y licitaciones públicas y privadas, y toda otra información relacionada con el uso de los recursos del Estado, buscamos la transparencia y la cultura de la rendición de cuentas y la ética en la gestión de las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector” explica Alejandro Gallandat, uno de los referentes de la entidad civil. Con esos objetivos coincide Mabel Oviedo, comunicadora y coordinadora del Observatorio de Acceso a la Información Pública de Misiones (Obaipumi), entidad conformada por comunicadores, docentes y legisladores que hace el mismo trabajo de recolección de datos oficiales, aunque en este último caso, para promover el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública como herramienta para el goce del derecho universal al conocimiento que tenemos los ciudadanos, ya que se trata de una herramienta legislativa que está a disposición de todos. En el primer caso, “Transparencia Ciudadana” intenta acostumbrar a los funcionarios a rendir cuentas, un principio republicano que sin embargo “les cuesta enormemente respetar”. En el segundo caso, el Obaipumi busca acostumbrar a los ciudadanos a exigir este conocimiento a través del derecho a dar y recibir información, especialmente la información pública. Es decir, las dos caras de la misma moneda que debiera redundar en una mayor calidad institucional. La Fundación Transparencia ciudadana también promueve la lucha contra la corrupción mediante conferencias abiertas de reconocidos referentes de la materia, como Ricardo Monner Sans que disertó en el Colegio de Abogados local hace dos semanas, o Germán Emanuelle, que vendrá a Posadas el 27 de Julio. El responsable del Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana de Transparencia Internacional asesora y brinda asistencia legal gratuita a víctimas y/o testigos de hechos de corrupción, o de irregularidades suscitadas en el funcionamiento de la Administración Pública en todos sus niveles. Empresas estatales sin controlVarias son las iniciativas legislativas que están en tratamiento o lo estarán pronto en la Cámara de Diputados de Misiones para mejorar la calidad institucional de la provincia y sobre todo, achicar los márgenes de corrupción. Algunas no han pasado el filtro de la mayoría oficialista, pero podrían tener un “revival” de acuerdo a los nuevos tiempos y a una relectura de las exigencias de la sociedad. “1.200 millones de pesos del presupuesto siguen sin control adecuado” se lamentó el legislador Gustavo González, autor de una propuesta que busca reformar la Ley del Tribunal de Cuentas para incluir a los organismos descentralizados y empresas del Estado entre las obligadas a explicar cada peso que gastan, cosa que ahora no ocurre. El proyecto tuvo tratamiento en comisión hace dos semanas pero la oposición del oficialismo hizo pesar la mayoría, por lo que no obtuvo dictamen. “En la Provincia de Misiones, las Empresas y Sociedades del Estado, como por ejemplo Emsa, Iplyc S.E, Aguas de las Misiones S.E., Marandú Comunicaciones S.E., Mercado Central, Sociedad del Conocimiento y otras tantas, no son controladas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y solo dependen de sus mecanismos internos como las Asambleas de accionistas o los síndicos” explicó el diputado radical, quien sostiene que esta falta de controles posibilita que todas estas empresas sean “las cajas económicas de la Renovación que financian campañas electorales, cuyos administradores se han enriquecido en su función y que les permitió sostener una estructura de militantes y de fuente de empleo para excandidatos”.Desde el Bloque Trabajo y Progreso presentaron un proyecto de Ley de Creación de la Oficina Anticorrupción misionera que se encuentra en tratamiento en comisión. Para los legisladores Victor Kreimer y Claudio Wipplinger, autores de la iniciativa, la dependencia constituye una materia pendiente en Misiones dados los casos de corrupción denunciados públicamente, que sin embargo no son castigados desde el propio Estado. Un proyecto similar de creación de la misma dependencia fue elaborado por el bloque del PRO, e ingresará esta semana para su tratamiento legislativo. Este proyecto contempla que la oficina tenga jurisdicción para recibir las denuncias de particulares y/o agentes públicos sobre casos de
corrupción, investigar con amplias facultades, denunciar ante la justicia y recuperar para el Estado “los bienes producto de la corrupción”. Un “código de ética” para los funcionarios ¿Existe o debiera existir una ética en la función pública? El legislador Jorge Ratier Berrondo (PRO) cree que sí, por eso termina de elaborar un proyecto de Ley que tomará estado parlamentario en las próximas horas y que prohibirá taxativamente algunas de las “mañas” más cotidianas de nuestros políticos, como las contrataciones entre parientes, el uso particular de bienes del Estado, los intereses en empresas que a la vez son proveedoras del Estado, la recepción de prebendas, beneficios, “diezmos” y demás prácticas corruptas que sin embargo, hoy no tienen directo castigo salvo excepciones que se cuentan con los dedos de una mano. “Hay un solo preso por corrupción en las cárceles misioneras y a la vez hay un nivel de enriquecimiento por izquierda asquerosamente impune” refirió el autor para explicar la conveniencia de sancionar esta Ley en Misiones. La propuesta legislativa también cala hondo en dos prácticas también comunes, que sin embargo están vedadas en otras provincias. La primera es el nepotismo, que la futura ley pretende prohibir. “Entiéndase por nepotismo la nominación o postulación de cónyuge, conviviente o pariente en línea recta, colateral o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive, de la autoridad postulante o de un funcionario con categoría similar o superior de director, jefe o asesor, para el ejercicio de un cargo en la Administración Pública directa o indirecta, en cualquiera de los poderes del Estado” describe la propuesta, haciendo una radiografía de lo que ocurre en decenas de municipios misioneros donde esposos o hijos se suceden mutuamente en el poder, u ocupan la intendencia, la presidencia del Concejo y la Justicia de Faltas simultáneamente. El proyecto también propondrá salir del secretismo que rodea al crecimiento patrimonial de los funcionarios, obligando a que sus declaraciones juradas de bienes sean públicas y no secretas como ahora. Es que Misiones está en el lamentable bloque de doce provincias que no permiten el acceso de los ciudadanos a las declaraciones juradas de sus funcionarios.
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