El jury a Éctor Acosta estaría frizado y ni siquiera suspendieron al magistrado

Hace exactamente un mes, muchos daban por hecho que el destino del juez de instrucción penal de Puerto Rico, Éctor Acosta, estaba sellado: todo indicaba que finalmente se le había cerrado el supuesto paraguas de protección política que le habría permitido sortear anteriores pedidos de jury y la andanada de críticas a su accionar que se acumularon por años. Tras el escándalo público que significó el reclamo a viva voz del intendente de Jardín América al gobernador por la actuación del que llamó un “sacapresos” en pleno acto de aniversario del pueblo, y a más de 30 días de interpuestos dos nuevos pedidos de enjuiciamiento en su contra, las sensaciones ya no son las mismas. Abogados de Puerto Rico y de Jardín América sospechan que el proceso está “freezado” y que “hay directivas” desde los más altos estamentos políticos para enfriar el revuelo que dejó expuestos los vicios más aberrantes de la justicia misionera.De hecho, son varias las fuentes que aseguran que el juez, ahora de licencia médica, “entra y sale del juzgado como ‘pancho por su casa’ y se llevaría expedientes”. Las maniobras incluso se habrían desarrollado en horas de la noche y habría testigos, pese a lo cual, hasta el momento, nadie le prohibió la entrada ya que técnicamente no está suspendido, por lo que no tiene vedado el ingreso a la dependencia. Los abogados sospechan que en este tiempo, el cuestionado juez estaría intentando “arreglar” los escandalosos expedientes que lo incriminan en supuestas prácticas corruptas, las que fueron descritas con detalle en el pedido de jury que formalizaron el mes pasado los abogados Ernesto Báez, Martín Ayala, Andrea Wasilczyc y Juan Manuel Fouce, el primero miembro del Consejo de la Magistratura y los tres últimos, integrantes de la comisión directiva del Colegio de Abogados de Misiones.Los letrados consiguieron copias de expedientes (que ofrecieron como pruebas en el pedido de jury) en los que quedaría demostrado que el polémico juez aplicaba su propio “código de procedimientos”, basado en una supuesta complicidad o “sociedad” con un abogado penalista local. “Aplicaba excarcelaciones express, en algunos casos sin siquiera tomarle declaración indagatoria a los detenidos por distintos delitos si es que contrataban al abogado Rubén Oscar Petroff. Paralelamente a los detenidos que nombraban otros abogados defensores les negaba todos los pedidos sistemáticamente, hasta que también contrataban a Petroff, y entonces sí eran excarcelados”, fueron solo algunas de las referencias a los modos del magistrado, que sustentaron la acusación formal. En el escrito lo acusan de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo con “absoluta denegación de justicia, violatoria de derechos pilares y fundamentales del andamiaje constitucional”. “Entra y se lleva expedientes”Según las fuentes de la localidad de Puerto Rico, el juez que goza de una licencia especial por 90 días por supuestas cuestiones de salud, entra y sale del juzgado de Instrucción 1 sin restricciones, y se llevaría expedientes fuera de la dependencia. Estas prácticas se habrían realizado inicialmente por la noche, pero ahora “también a plena luz del día”, según aseguran las versiones. Lo extraño es que el Jurado de Enjuiciamiento, que debe intervenir en los pedidos de jury que ya fueron ratificados, podría haber suspendido al magistrado, que de esta forma hubiera tenido vedado el ingreso a la dependencia. De hecho, el pedido de jury de los letrados referentes del Colegio de Abogados solicitó puntualmente la suspensión, pero el Jurado todavía no decidió al respecto.Según el artículo 19 de la ley que regula la actuación del Jurado, una vez ratificada la denuncia “el Presidente convocará a una sesión secreta que se realizará dentro de los cinco días, a los fines de decidir sobre la procedencia de los cargos formulados para dar curso a la formación del enjuiciamiento, pudiendo resolver previamente una investigación respecto de los hechos invocados”.Fuentes del Jurado aseguran que para darle curso a la formación del jury, habrían decidido esperar los resultados de un sumario interno que le inició el Superior Tribunal de Justicia al magistrado, el que, aseguran, “está avanzando”.Sin embargo, conocedores de la mecánica afirman que en realidad es una táctica para demorar la actuación, ya que si bien el procedimiento de Jury tiene plazos acotados una vez puesto en marcha, no los tiene el sumario, que podría llevar meses  en resolver en definitiva. “Si van a esperar a que se termine el sumario y ni siquiera lo suspenden al juez, es claro que hay intenciones de salvarlo, o por lo menos demorar lo más posible su destitución”, señalan las fuentes.Sin plazos para terminarEl sumario 57.139/2.016 del STJ está a cargo del presidente de la Cámara de Apelaciones en lo penal, José Alberto López. Cercanos a su trabajo indicaron a este Diario que hasta la fecha su proceder fue serio y comprometido para asegurar las pruebas en contra de Acosta, aunque los plazos que tiene para terminar el procedimiento son larguísimos. De hecho, tiene 30 días para la instrucción, prorrogables por otros 30, o por 30 más en caso de que lo autorice el presidente del STJ. Los letrados que denunciaron a Acosta aseguran que lo que ya figura en ese sumario por actuaciones preliminares “ha comprobado numerosos incumplimientos de los deberes a cargo del magistrado que dan sustento al pedido de jury de enjuiciamiento”.  “Afirmamos fundadamente que estamos en presencia de una gravedad institucional que macula no sólo al Poder Judicial de la Provincia, sino a la credibilidad en la Justicia y en la fe pública”, aseguraron los denunciantes, por lo que no se entiende que el Jurado de Enjuiciamiento –o la misma Cámara que lleva adelante la investigación- ni siquiera haya suspendido al magistrado, que sigue cobrando sus haberes con normalidad, lo que no pasaría en caso de ser apartado preventivamente del cargo. “Bajar los decibeles”“Quieren bajar los decibeles del escándalo político después del caso Santiago, el papelón más grande de la justicia de los últimos años. Quieren que la politización de la justicia deje de estar en la agenda”, señaló una fuente. En este caso, la fuente hizo referencias al papelón político y jurídico protagonizado por el exmiembro del STJ Sergio César Santiago, que renunció a su cargo de Ministro el 5 de febrero pasado tras descubrirse que desde 2012, y paralelamente al ejercicio de la más alta magistratura, cobraba “honorarios” por 45 mil pesos mensuales en la Entidad Binacional Yacyretá.Paralelamente al envío de los pliegos de dos candidatos al STJ, se conoció la remisión de los seleccionados en el Consejo de la Magistratura provincial para ocupar una quincena de cargos en distintos juzgados y defensorías.Entre ellos, fue el pliego de la abogada Mar&iacute
;a José Ramírez, electa por el exgobernador Maurice Closs para ocupar el cargo de Jueza de Familia en Puerto Iguazú. La letrada está siendo investigada por un escandaloso caso de “tráfico de bebés”, o “supresión o suposición de la identidad”, como se describe el delito en el Código Penal. Por ese caso, se presentaron impugnaciones formales a sus pliegos en la Legislatura.Y mientras la politización de la Justicia misionera se impone en la agenda pese a los esfuerzos del oficialismo, se suman los casos de corrupción denunciados desde la prensa y ante los tribunales locales y federales con sede en Misiones. Hasta el momento ningún juez o fiscal actuó de oficio.Justicia paralizadaEl otro pedido de jury presentado a principios de mayo por los abogados es contra el juez Civil, Comercial y de Familia de Puerto Iguazú, Ricardo Gerometta, un magistrado que cosecha quejas desde hace años.  En el escrito de denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento- en el que lo acusan de incumplimiento de sus funciones por incapacidad física sobreviviente-, los letrados recordaron que ante la advertencia efectuada por el Colegio de Abogados y por requerimiento del STJ, la Cámara Civil y Comercial de Eldorado realizó inspecciones entre los años 2013 y 2014 y “pudo constatar el incumplimiento de todos los plazos previstos, no en algunos casos, sino prácticamente en todos los expedientes judiciales”. Tampoco en este caso actuó el Jurado de Enjuiciamiento hasta la fecha.