El juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor llegará a su fin este viernes por la tarde con el veredicto que se conocerá en los Tribunales de Comodoro Py, después de más de tres años de audiencias.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la Capital Federal, integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto), dará a conocer las conclusiones del juicio alrededor de las 17, en la audiencia que comenzará a las 10 en los tribunales de Comodoro Py con las palabras finales de los imputados.A lo largo de las audiencias, se ventiló por primera vez ante los tribunales la existencia de un plan coordinado entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que por 1975 se reunieron en Chile, bajo el poder de la dictadura de Augusto Pinochet.La causa judicial que se inició en 1999 consta de cuatro expedientes, uno de los cuales aborda los crímenes cometidos en el centro Clandestino Automotores Orletti, epicentro de la persecución de uruguayos en nuestro país.Al comienzo del juicio los acusados eran 22, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla, pero a lo largo de las audiencias quedaron 17 por muerte o apartados por razones de salud, todos de nacionalidad argentina con excepción de un uruguayo, en tanto los casos analizados fueron los de 106 víctimas.El Ministerio Público Fiscal solicitó penas que oscilan entre 10 y 25 años, la máxima para los ex comandantes de Institutos Militares Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros; el ex director de la Escuela de Caballería y jefe del área militar 430, Rodolfo Emilio Feroglio; y para el ex jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Humberto José Román Lobaiza, acusados también del delito de asociación ilícita y como coautores mediatos de la privación ilegal de la libertad de diferentes personas, en tanto solicitó una absolución.La defensa de los acusados, por su parte, admitió la existencia de un sistema de intercambio de información sobre la "subversión" pero negó que hubiera sido un plan de represión que incluía secuestros, torturas, atentados, traslado ilegal de prisioneros de un país al otro y asesinatos.El juicio y las pruebasEn marzo de 2013 comenzó en Buenos Aires el juicio oral por la causa del Plan Cóndor, el nombre que recibió a partir de 1975 la coordinación de las fuerzas represivas del Cono Sur para la persecución y eliminación de militantes políticos que estaban fuera de sus países de origen.El denominado “Archivo del Terror” de Paraguay, hallado en la década del ’90, los documentos secuestrados en Argentina al agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel -detenido en 1978 por la Policía Federal en medio del conflicto por el Canal del Beagle- y cables desclasificados del servicio exterior de los Estados Unidos, según un informe del sitio Fiscales, fueron las fuentes documentales más citadas en tres meses de alegato.Como punto nodal del Plan Cóndor se citó un hecho que sentó precedente. El 29 de octubre de 1975 el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de Chile, Manuel Contreras, les explicó a sus colegas latinoamericanos que la operación de inteligencia sería similar “a lo que tiene Interpol, en París, pero dedicado a la subversión". Fue la primera reunión, que incluyó un programa de actividades y una propuesta de trabajo. Y que dejó una certeza: la dictadura de Augusto Pinochet fue la promotora de la operación.En los cambios de etapas del Plan, otros países se encargaron de encabezar la tarea de planificación y ejecución represiva. “No sólo la filosofía de la Operación Cóndor aparece en los documentos; han quedado registrados desde el origen del nombre de la entente hasta interrogatorios bajo tortura, seguimientos, traslados forzados y clandestinos de personas -tanto en avión como en el baúl de un auto-, con las formalidades que requieren las actividades estatales”, subrayaron desde la fiscalía.Cabe recordar que, en su exposición, los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa en la causa como querellante, solicitaron 25 años de prisión para Miguel Ángel Furci; 20 años de prisión para Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Bernardo José Menéndez, Eugenio Guañabens Perelló, Humberto José Román Lobaiza, Rodolfo Emilio Feroglio y Felipe Jorge Alespeit y 5 años de prisión para Manuel Cordero Piacentini.En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó en su alegato la pena de prisión perpetua para Riveros y Furci; 25 años de prisión para Bignone, De Lío, Lobaiza, Olea, Sadi Pepa y Feroglio y 20 años de prisión para Caggiano Tedesco, Vañek, Tragant, Menéndez, Guañabens Perelló, Alespeit, Cordero Piacentini, Falcón, Minicucci y Rodríguez.Fuente: Agencia de Noticias Télam
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