El anuncio del gobernador Passalacqua, la semana pasada en un acto en El Soberbio, de la eliminación a partir del primero de junio del tope impuesto al “doble beneficio” en las jubilaciones provinciales -y de la Anses- aplicado en el marco de la ley de emergencia previsional, sorprendió y dio qué hablar en más de un sentido. Algunos cuestionaron la actitud del mandatario, que calificaron de oportunista, al dar satisfacción a un reclamo de muchos años de los afiliados en un contexto de elecciones en el organismo; en tanto que otros, y fundamentalmente los 600 afiliados que se beneficiaron con la eliminación del tope, se expresaron positivamente. La decisión de eliminar esta disposición notoriamente injusta para con quienes, tras toda una vida de trabajo, se aprestan a cobrar legítimos haberes jubilatorios, no puede ser sino elogiada, ya que restablece la vigencia de un derecho. Por otra parte, y no es este un dato secundario, con la supresión del tope se elimina un factor distorsivo que se incluía entre las numerosas causas que generan hoy un fenómeno nuevo y paradójico: el de las personas que cumplen con todos los requisitos, pero no pueden jubilarse por el drástico descenso en el nivel de ingresos. Aunque sea parte de un contexto mayor, la polémica que causó en medios políticos de España y otros países europeos un reciente estudio del FMI referido al “costo de la ancianidad”, en el que la asistencia a los jubilados se analiza desde el punto de vista de un descarnado mercantilismo, que cosifica relaciones humanas básicas, resulta útil al análisis. Es que el tope que, oportunamente, se acaba de eliminar, forma parte de una serie de abusos en la administración pública, que especialmente desde los años noventa en adelante, cuando, precisamente, se aprobó la primera ley de emergencia previsional en la provincia, postergan y conculcan derechos sociales con arbitrarios “congelamientos” o “topes”. Es lo que ocurre aún con el insólito congelamiento de la antiguedad en la Provincia.
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