Pasados ya más de cinco meses de la instalación del nuevo gobierno nacional, los temas centrales del debate político, expresados en la semana en el veto presidencial a la Ley Antidespidos aprobada por el Congreso y los recursos de amparo presentados, entre otros por la provincia de Chubut, generan más dudas que certezas.Con el empleo y el descontento creciente por los altos costos del gas y la tarifa eléctrica ocupando el centro del debate público, por su impacto en las economías familiares y en el comercio y la producción, es difícil creer en las reiteradas promesas del Gobierno nacional respecto a una sensible baja de la inflación y un despegue de la economía en el segundo semestre del año.Las declaraciones en ese sentido, contrastadas con los datos duros de la realidad, se justifican únicamente como intentos de apuntalar una mejora de las expectativas, objetivo razonable si se considera la importancia de éstas en el proceso económico y, especialmente, en los momentos de transición o de cambio. La impresión, sin embargo, es que saliendo del plano de las expectativas, y mientras se espera la anunciada baja de la inflación, el Gobierno nacional está llegando a su primer semestre en un marco regresivo desde el punto de vista de las actividades económicas; algo preocupante, independientemente de lo que se piense de los cambios en la macroeconomía. Esta retracción de la economía real, quiérase o no, impacta a todos los niveles y tiene como víctimas propiciatorias a las economías regionales y los Estados provinciales; sobre todo los más alejados de los grandes centros. Esta problemática no estuvo ausente en la reciente reunión de gobernadores en Córdoba, en la que “aunque no figuró en el temario de la cumbre, todos los mandatarios provinciales se quejaron amargamente por la sensible disminución del flujo de coparticipación, por el estancamiento de la economía”, destacó un medio digital. Se tematice oficialmente o no, la preocupación de las provincias es una señal a tener en cuenta.
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