La <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/218429/la-auditoria-en-emsa-no-investigara-hacia-atras.html">auditoría dispuesta en Emsa por el gobernador Hugo Passalacqua</a>, después de denunciarse numerosas irregularidades y manejos turbios, expone la falta de control público que tienen las sociedades del Estado en Misiones, que este año van a manejar más de mil millones de pesos sin control alguno.Así como ocurre con la prestataria eléctrica, los usuarios y los organismos de control no conocen cómo se manejan los recursos de las empresas con mayoría estatal, que aprueban sus balances solamente con el voto de la asamblea y no rinden cuentas de los millones que despilfarran.Misiones tiene más de una docena de firmas de estas características, que este año van a manejar la espeluznante suma de 1.226.735.000 pesos procedentes de las arcas públicas.Ellas son: Aguas de Misiones S.E., Biofábrica Misiones Sapem, Banco Provincia en liquidación, Emsa, Fondo Créditos Pymes SE, Iplyc Confort, IPS Seguro en liquidación, Marandú Comunicaciones S.E., Mercado Central de Misiones SEM, Multimedios Sapem, Parque Industrial Posadas Sapem y Sociedad del Conocimiento Sapem. El Tribunal de Cuentas, el organismo designado por la Constitución Provincial para controlar los recursos públicos, no tiene acceso para poder controlar las Sociedades del Estado y, ultimamente, todas los organismos creados en el Estado son S.E. Pareciera que se trata de una maniobra intencional para ocultar la rendición de cuentas.Proyecto de LeyPara buscar mayor transparencia, evitar desmanejos millonarios y ahorrar la contratación de una auditoría externa, los trabajadores del Tribunal de Cuentas de Misiones elaboraron un proyecto de ley con el fin de establecer un “Régimen de Control Público de las Empresas y Sociedades del Estado Provincial”. No es una idea novedosa, sino que es un mecanismo de control que funciona con éxito ya en numerosas provincias del país.El proyecto faculta “al Tribunal de Cuentas a ejercer el control externo de las empresas y sociedades del Estado Provincial”. Este control será ejercido en la forma que establezca la reglamentación, considerando para ello la utilización de procedimientos de auditoría In situ que el Tribunal afectará en las empresas y sociedades del Estado.Además establece que “los directorios o máxima autoridad ejecutiva de las empresas y sociedades del Estado, aprobarán el proyecto de presupuesto anual para su gestión y lo remitirán a la Dirección General de Presupuesto, antes del 30 de septiembre del año anterior al que regirá. Los proyectos de presupuesto deberán expresar las políticas generales y lineamientos específicos que, en materia presupuestaria establezca el Poder Ejecutivo Provincial; contendrán los planes de acción, las estimaciones de gastos y su financiamiento, el presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar y permitirán establecer los resultados, económicos y financieros previstos para la gestión respectiva”. Se determina también que “la Dirección General de Presupuesto analizará los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del Estado Provincial y preparará un informe destacando si los mismos se encuadran en el marco de las políticas, planes y estrategias fijados para este tipo de entes y aconsejando los ajustes a practicar en el proyecto de presupuesto si, a su juicio, la aprobación del mismo sin modificaciones puede causar un perjuicio patrimonial al Estado Provincial o atentar contra los resultados de las políticas y planes vigentes”.Está claro que se otorga un poder de control importante a los fiscales del Tribunal de Cuentas y por esta razón el poder político de turno no avanzó con la aprobación de este proyecto de ley, que ya fue presentado en dos ocasiones por los trabajadores del Tribunal.La Comisión Directiva de la Asociación de Personal de Organismos de Control (Apoc) pone el proyecto a disposición de todas las fuerzas políticas para iniciar un debate, buscando mayor transparencia en las empresas que administran recursos del Estado. Entre sus fundamentos, la Apoc manifiesta que “tiene por finalidad establecer un régimen de control público de las empresas y sociedades del Estado Provincial a fin de contribuir a la mayor transparencia y a la debida rendición”.
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