Deriva punitivista

A cien días de asumir la nueva administración muestra una preocupante deriva punitiva. Desde el decreto que declaró la “emergencia en seguridad” -de puro contenido publicitario a juzgar por los datos estadísticos que ubica a la Argentina como uno de los tres países con menor cantidad de homicidios dolosos en América Latina-, que permite la requisa sin orden judicial de las fuerzas de seguridad de equipajes y vehículos, lo que supone mayor grado de arbitrariedad policial sobre los sectores más vulnerables. Además si la administración sobreactúa en el uso de “lo punitivo y la seguridad” redundará en un cambio en la relación entre las agencias policiales y los sectores vulnerables habilitándose un mayor uso de violencia estatal, como dijera W. Thomas, “si los hombres definen las situaciones como reales, son reales sus consecuencias”. Del mismo modo, la creación del miedo basado en el fantasma del narcotráfico sólo permite legislación de excepción que no lleva a ningún lugar, más que al uso político de corto plazo de lo que se denomina académicamente “derecho penal simbólico”, que implica mayor arbitrariedad policial y judicial con cárceles abarrotadas de excluidos estructurales. En el mismo sentido, bajo la excusa de avanzar con la investigación y el juicio a los responsables de la voladura a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), se pretende habilitar el juicio en ausencia que va de narices con toda la tradición al debido proceso que siquiera se utilizo para juzgar a genocidas prófugos. Además –es de pura obviedad– que la opacidad de lo ocurrido realmente en el caso Amia se explica por intereses vinculados a Estados Unidos e Israel y su relación con Irán. En otros términos, se ubica a la Argentina como un peón en el tablero de poder y conflictos externos.No obstante tales cuestiones, es necesario precisar que durante la administración Kirchner el proceso criminalizante fue importante, la cantidad de prisionizados aumentó exponencialmente y el presupuesto asignado a las agencias policiales creció, en algunos casos, hasta un 800%, al tiempo que el presupuesto de las fuerzas armadas decreció al extremo que, en la actualidad, su equipamiento es pura obsolescencia. Es relevante señalar que gran parte de la tecnología y equipo incorporado a las agencias policiales es antidisturbios, lo que permite inferir –frente a la desinversión en las FFAA- dónde ubica las hipótesis de conflicto el Estado: el frente interno.  A este sombrío panorama se le suma la perenne realidad de las instituciones de esta provincia, el Poder Judicial –uno de los más degradados del país-, luego de más de una década del mismo grupo gobernante está totalmente cooptado. El fuero penal integrado por jueces que hace mucho tiempo debieron haberse retirado. Sin embargo, la disminución salarial que implica la jubilación hace que sigan formalmente en funciones –algunos ya sin mínima aptitud física-. A su turno los más jóvenes se integran a la gris mediocridad, “a no hacer olas” lo que redunda en una inusual tasa de errores en las condenas que resulta en una buena cantidad de personas encerradas injustamente. La estructura anacrónica, con un Superior Tribunal colapsado, cuyo control es meramente formal, habilita tasas de prisionización sin condena innecesariamente alta. Aun más, reiteradamente se incurre en el error de cubrir los cargos con miembros de la propia agencia judicial, lo que implica una realimentación de las mismas prácticas. Tristemente en momentos en que la anterior administración nacional construía la mejor Corte de tiempos de normalidad institucional, Misiones siguió con la practica rudimentaria de nombrar “jueces convenientes”, lo que dio por resultas el desaguisado actual. Pero lo más grave aún, es que el mismo grupo que perdió la mejor oportunidad en 2006 de comenzar una reconstrucción institucional es el mismo que; sin marco teórico, torpemente sigue asignando los escasos recursos a un modelo empírico-primitivo (en términos criminológicos) agotado y sin rumbo. En algún momento se deberá abordar la tarea de deconstrucción de la agencia judicial seriamente, de llegar ese momento la construcción de un modelo democrático y constitucional deberá ser con el aporte de todos los sectores –profesionales y sociales-. Lastimosamente a ojos vista pareciera faltar un largo tiempo para que la construcción de la agencia judicial sea posible.