Abogados del foro local le pedirán al gobernador Hugo Passalacqua que se autolimite en sus facultades en el nombramiento de ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y que previo a requerir el acuerdo legislativo, establezca un sistema de control ciudadano que permita evaluar los antecedentes de cada futuro miembro del alto cuerpo. A esta conclusión arribaron los letrados tras la renuncia del exministro Sergio César Santiago, después del escándalo por su doble estándar de magistrado y contratado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en los últimos cuatro años. Para quienes exigieron su apartamiento y estaban dispuestos a firmar el pedido de Juicio Político si no se alejaba voluntariamente, la renuncia del exmagistrado es un “alivio a medias” porque tarde o temprano, las dos vacantes que quedaron ahora en el STJ (por el fallecimiento de Humberto Schiavoni -padre- y la dimisión de Santiago) deberán ser cubiertas. “La pelea es por la verdadera independencia del Poder Judicial”, lanzó el exvicepresidente del Colegio de Abogados y actual miembro del Consejo de la Magistratura provincial, Ernesto Báez. En la misma línea se expresaron el expresidente de la institución, Rodrigo Bacigalupi, y su antecesor, Isaac Lenguaza. Los referentes de la abogacía misionera coincidieron en esperar más señales del primer mandatario provincial, que el lunes no dudó en aceptarle de inmediato la renuncia a Santiago. Puntualmente, reclaman que al momento de elegir a los próximos integrantes del STJ, establezca algún mecanismo de control ciudadano previo que permita evaluar los antecedentes de los postulantes y presentar formalmente las oposiciones. Actualmente, la Constitución de la provincia establece que el gobernador designa a los miembros del STJ con acuerdo de los 2/3 de los legisladores que componen la Cámara de Diputados. "Un capítulo más"El integrante del Consejo de la Magistratura provincial Ernesto Báez recordó que el apartamiento de Santiago podría tener un nuevo capítulo en caso de que la Oficina Anticorrupción de la Nación determine si el cobro del "doble sueldo" configura un delito que deba denunciarse ante la Justicia Federal.La denuncia a la dependencia -que cuenta con atribuciones y facultades de investigar a todos los organismos que componen el Poder Ejecutivo Nacional y a las entidades autárquicas- fue elevada la semana pasada por los abogados locales Itatí Juañuk, Pedro Brignole y Ricardo Skanata. Por el momento, dada la trascendencia de la dimisión y los antecedentes del caso, "es un suceso histórico porque es la primera vez que un ministro es desplazado del cargo por presión de la ciudadanía, un triunfo del periodismo independiente y de investigación, de abogados valientes que han exigido a la institución colegiada la salvaguarda del Estado de Derecho y el decoro de las instituciones y del ciudadano común que no perdió su capacidad de indignarse ante hechos tan graves", dijo. "Que la devuelva"Bacigalupi no ahorró cuestionamientos a Santiago y señaló que "ésto cerraría mejor si devuelve todo el dinero cobrado en la EBY". Paralelamente, anticipó que se solicitará al titular del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Misiones, Horacio Alarcón, que revise el accionar del exministro para determinar si puede seguir siendo abogado matriculado o su conducta también amerita una sanción. "Su comportamiento no ha sido ético en el funcionamiento de la magistratura, menos lo va a ser en el ejercicio de la abogacía", disparó. "Justicia cooptada"Isaac Lenguaza, en tanto, consideró que la renuncia "fue el camino más corto que encontró el exmagistrado y el partido de gobierno para frenar el escándalo, pero también es la prueba de que lo que venimos denunciando desde hace años es incluso peor de lo que creíamos: tenemos una justicia cooptada por el poder político que no le da garantías de imparcialidad a los ciudadanos, y eso es grave", señaló, por lo que "el gobernador tiene ahora la oportunidad histórica de cambiar esta situación". "Un avance democrático"Los abogados pretenden que el primer mandatario Hugo Passalacqua reglamente el artículo de la Carta Magna que lo habilita a seleccionar postulantes al STJ, tal como lo hizo en 2003 Néstor Kirchner, estableciendo un mecanismo que posibilite "la acreditación de la trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos y privados que tuvieren" los postulantes a la vez que permita a los ciudadanos, a los colegios y a las asociaciones del ámbito profesional, académico o científico "hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento a producir". Este control ciudadano no existe en la actualidad en Misiones.
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