Aunque el jueves el titular del Senado Federico Pinedo había negado la versión sobre una inminente convocatoria del Poder Ejecutivo Nacional; éste convocó finalmente el viernes a sesiones extraordinarias del Congreso con el fin de tratar, entre otras iniciativas, el análisis de los pliegos correspondientes a las designaciones de Hugo Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.La necesidad de cubrir las vacantes en el supremo tribunal nunca estuvo en discusión, no obstante el procedimiento adoptado por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de no esperar el fin del receso en el Congreso o convocar a extraordinarias, y avanzar con las designaciones sin aval parlamentario, bajo la forma de designaciones “en comisión”, recibió fundadas críticas.Por lo que se puede ver hoy, el Ejecutivo prestó oídos a las reconvenciones, en las que intervinieron reputados constitucionalistas, incluyendo a algunos cercanos al frente electoral Cambiemos, y con la convocatoria que se anunció ayer buscará dar una mayor legitimidad republicana a las designaciones en la Corte.La decisión de revisar el procedimiento adoptado, implícita en la convocatoria, es una buena señal hacia la sociedad y aporta a la necesidad de profundizar la institucionalidad, remedio natural para moderar las antinomias exacerbadas que suele gestar la política argentina, donde habitualmente todos los errores se colocan de un lado de la balanza y todas las virtudes del otro. Es auspicioso que un gobierno elegido por el pueblo se adecue a la forma republicana de gobierno dando ejemplo con sus propios actos; y que para ello no descarte, como en este caso, reconsiderar errores, o desprolijidades, de procedimiento. En democracia, el respeto a la división de poderes y a la Constitución, debería ser de cumplimiento estricto cualquiera sean las circunstancias. Más aún tratándose de actos de trascendencia institucional como lo son los nombramientos en el más alto tribunal de la Justicia argentina.
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