Una fuerte polémica divide por estas horas a los montecarlenses en dos bandos bien diferenciados a raíz de las posturas antagónicas que sostienen en relación al uso de los agrotóxicos en la zona urbana. Una ordenanza local prohibió el uso de estos químicos en 2012, convirtiendo a la comuna en pionera en este tipo de medidas protectorias, pero el pasado 5 de enero el mismo Concejo Deliberante decidió volver sobre sus pasos y suspendió la vigencia de la norma por tres meses, aduciendo “razones económicas” y a pedido de las entidades agrícolas locales, incluida la feria franca. Desde entonces, las entidades naturalistas, sociales, gremiales y ecologistas de la comunidad se organizan para exigir una rectificación del Deliberativo, ya que “esta nueva ordenanza implica un retroceso inviable cuando se trata de salud pública y materia ambiental”. Para ello, están recolectando firmas y ya cuentan con el apoyo de organizaciones de prestigio nacional e internacional, como universidades y ONGs como Greenpeace, y no descartan llegar hasta la Justicia mediante un amparo colectivo. El lunes 25 de enero presentarán al Concejo una nueva nota -con los avales antedichos- exigiendo que se vuelva a poner en vigencia la ordenanza número 042/12, y la norma complementaria de la primera (070/15), alertando a los ediles sobre “la inconstitucionalidad y los riesgos innecesarios a la salud socioambiental” que conlleva “retroceder en la reglamentación y puesta en práctica de las disposiciones municipales que limitan el uso de agroquímicos y/o agrotóxicos”. Desde el Concejo, en tanto, se mantienen firmes en la suspensión en base a la solicitud de “diversas asociaciones relacionadas a la actividad agrícola, forestal, hortícola y viveros, entre otros”. La Asociación de Floricultores, la feria franca, la promotora de Turismo y Cultura, la Cooperativa Agrícola de Montecarlo, el Inta de Montecarlo, “además de ingenieros forestales, agrónomos, viveristas y comerciantes”, coincidieron en pedir que se levante la restricción mediante una nota conjunta que lleva la firma de todos y que se recepcionó con el número 675 del año pasado. Salud vs economíaLa ingeniera Jesús Contreras, referente de la entidad Familias Semilleras (Maela) explicó a PRIMERA EDICIÓN que las entidades ecologistas, los promotores de la alimentación y producción orgánicas y las centrales de trabajadores -entre otros- decidieron unificar el reclamo para que se reinstale la prohibición, ya que “la suspensión de las ordenanzas compromete la salud de los habitantes y la de los ecosistemas de Montecarlo y la comercialización y uso de una gran parte de los químicos prohibidos por estas normas significan un grave riesgo para la salud humana”. Como por ejemplo citó el glifosato, que fue clasificado como posiblemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. “A nivel ambiental, recientemente el Inta publicó un informe que sostiene que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo, afectan cursos de agua y afectan a bacterias y hongos del suelo que resultan fundamentales en la sustentabilidad y resiliencia de los agroecosistemas”, refirió. Y lamentó que entre las organizaciones que promovieron y adhirieron a la solicitud de levantamiento de la prohibición se encuentren las ferias francas de la localidad. “Yo también soy feriante y desconocía la decisión de la conducción, cosa lamentable, porque la gente nos compra entendiendo que se trata de productos sanos y en la práctica están admitiendo que usan venenos”, dijo. Según los defensores de la prohibición, el argumento económico aducido por los concejales “no es real, porque no es cierto que el rendimiento económico de quienes usan sustancias químicas sea mayor que para quienes no las usan. Mientras que en los últimos veinte años los costos de los agricultores que usan agrotóxicos aumentaron entre cuatro y cinco veces; los productores agroecológicos, con un buen manejo de los ciclos biológicos, los flujos de la energía y las relaciones entre especies de su establecimiento, no dependen del aporte de insumos externos. El informe del Inta afirma que la agricultura intensiva en químicos favorece principalmente a las grandes empresas y llaman a impulsar otra forma de producción. Afortunadamente Misiones cuenta con un gran potencial para la agroecología y es la primera provincia con una Ley de Fomento a la Producción Agroecológica (Ley VIII N° 68)”.Razones de la producciónLa ordenanza 01/16 aprobada el 5 de enero señala en sus considerandos que “de la superficie de 2.300 hectáreas de la localidad, unas 800 le corresponden al área urbana y el resto son áreas rurales con explotación de cítricos, yerba mate, mandioca, maíz, explotación de huertas, floricultura y actividad forestal”, y que existen cultivos que “necesariamente deben ser tratados con fitosanitarios para poder ser volcados al mercado y porque existe normativa que así lo establece”. A modo de ejemplo, señalan que “existe un sector pujante como la floricultura, con diferentes viveros de orquídeas, flores y plantas, pequeños productores horticultores comerciales y familiares que para poder comercializar requieren la aplicación de fitosanitarios, de lo contrario quedan fuera del mercado por tornarse insostenible la producción. También señalan que para la producción de citrus, muy arraigada en la localidad y que tiene una buena parte de sus hectáreas dentro de la zona de exclusión del uso de agroquímicos, se ve muy afectada por la prohibición ya que “necesariamente debe ser tratada con productos químicos, de lo contrario la normativa del Senasa prohíbe el transporte y comercialización de estos productos, fundamentalmente para controlar la plaga del HLB”. También señalan que en el país existen especies declaradas “plagas” que deben ser combatidas con este tipo de productos, y que por consiguiente hay leyes federales que están por encima de las normas locales y que hacen obligatorio su combate, control o correspondiente denuncia”. Yerba y dengueAdemás, los ediles señalaron que para el caso de la producción de yerba mate también se exige el uso de agroquímicos “debidamente autorizados por los organismos de contralor, particularmente el Senasa, en particular para combatir el psílido o rulo de la yerba mate”. Finalmente señalaron que el combate contra el dengue, en plena situación de brote, exige “la fumigación intensiva con insecticidas acordes”. Pero los ecologistas retrucaron estos argumento: “La yerba mate es el producto más consumido por los argentinos, incluso por nuestros chicos mediante el matecocido, el tereré y el mate, y defienden el uso de agroquímicos que después van al organismo”, mientras que “el dengue avanza en la misma proporción que la deforestación, como avanzan otras enfermedades por la ampliación de las áreas con monocultivo, la
construcción de represas y la sobreexplotación de los recursos naturales” por lo que “si no se le pone freno a esta destrucción, la salud pública se verá cada vez más deteriorada”. Hasta la JusticiaMientras los sectores productivos lograron voltear la ordenanza en base a argumentos que son atendibles, los demás sectores que se oponen cosechan apoyo de la población a través de la recolección de firmas y no descartan la posibilidad de un plebiscito. Tampoco descartan recurrir a la Justicia en caso de que el Concejo Deliberante se mantenga en la postura de dejar sin efecto la ordenanza que prohíbe el uso de agrotóxicos. “La ordenanza N°01/2016 fundamenta la suspensión de las normas municipales N°042/12 y 070/15 exclusivamente en supuestas pérdidas económicas sin siquiera detenerse en cuestiones de salud pública o protección ambiental. De esta manera, la norma en cuestión viola los principios precautorios y de progresividad, establecidos en la Ley Nacional General del Ambiente (N°23.675) y el principio de irreversibilidad en materia de Derechos Humanos”, advierten los ecologistas. “A su vez, atenta contra el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, por lo que no descartamos recurrir a la Justicia con una acción colectiva”, anticiparon, recordando los resultados de estudios que determinaron “una posible vinculación de los plaguicidas con el desarrollo de enfermedades”. Por tres mesesLa ordenanza que suspendió la vigencia de la norma similar que prohibía el uso de agrotóxicos y agroquímicos en la zona urbana tiene una vigencia de tres meses a partir de su promulgación, y “hasta tanto se redacte el instrumento definitivo producto del consenso entre la mesa de trabajo municipal, los peticionantes y otros sectores interesados”. La idea de los ediles es iniciar un trabajo de resolución de conflictos en el que no descartan el uso de herramientas de mediación en una instancia que no será sencilla porque los dos “bandos” tienen posiciones totalmente antagónicas. A esta complejidad por las posturas antedichas y enfrentadas, ambas con argumentos fuertes y de peso, se suma el igual peso de las normas en cuestión que ahora aparecen enfrentadas en su cumplimiento. La ordenanza que estableció la prohibición habla de la salud pública, un valor muy preciado por los habitantes del pueblo que tiene una impronta naturalista pocas veces vista en otras localidades de Misiones. La ordenanza de 2012, todo un logro para estas organizaciones, sin embargo nunca fue reglamentada, por lo que la polémica había quedado en suspenso. Pero esto cambió el año pasado, cuando el propio Concejo Deliberante decidió avanzar en esa reglamentación que estableció los detalles taxativos de la limitación, además de precisiones y exigencias para el transporte, almacenamiento y comercialización de los agrotóxicos. Este tipo de productos ni siquiera puede estar en circulación dentro del área urbana, lo que obligaría a quienes los comercializan a instalar sus negocios fuera del casco más poblado. También estableció especiales medidas de seguridad exigibles por parte de la Municipalidad como autoridad de aplicación, y que son definitorias para otorgar o no la habilitación comercial. La reglamentación también le otorga un plazo de 180 días a los establecimientos que manejen agroquímicos “preexistentes a la norma”.Una solución salomónicaLa exdiputada Marta Ferreira impulsó la Ley de Agroecología, sancionada el año pasado en la Legislatura, y presentó otro proyecto para prohibir el uso de agroquímicos en todo el territorio misionero, que no fue aprobado porque la renovación consideró que el año electoral no era propicio para este debate.Consultada sobre la situación en Montecarlo, anticipó que “la semana que viene iremos a tomar contacto con el Concejo Deliberante. Mi postura es lograr que la ordenanza no se anule, sino se busque un camino intermedio que contemple transiciones, no prohibir sino ofrecer alternativas. Ver qué se puede poner a cambio de los productos prohibidos”. El argumento de quienes pidieron suspender la ordenanza es que los productores serían gravemente perjudicados en su economía. “En este plazo yo creo que se debe estudiar, con todos los actores de la comunidad, las alternativas, convocando a especialistas para buscar un camino intermedio, una transición que no sea abrupta”, opinó.Respecto a la ley de agroecología remarcó que su reglamentación está redactada y en manos del gobernador Passalacqua para que la analice.Descartó que la aplicación de esta ley genere conflictos parecidos al que sucede en Montecarlo “porque si aplicamos la agroecología, tenemos que entender que se trata del fomento a la producción agroecológica, no habla de una imposición de la agroecología ni de una prohibición, se trata del fomento, que sería una transición de la producción actual a la agroecológica”.Respecto al proyecto para prohibir definitivamente el uso de agroquímicos en Misiones, sostuvo Ferreira que “fue una propuesta legislativa que surgió en el momento en que se dijo que los agroquímicos provocan cáncer, fue consensuada con las organizaciones de productores pero la conducción de la renovación consideró que merece un análisis y debate profundo que se hubiera empañado el año pasado con las elecciones y la campaña política”.“Presenté la propuesta para que se prohíba el glifosato y otros productos, pero con la idea de que sea una transición hacia otras alternativas y otras formas de producir. Primero debe haber capacitación, talleres y parcelas donde hacer la experimentación”, finalizó.
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