El juicio que muchos españoles esperaban, el de Cristina de Borbón, hermana del Rey, acusada en uno de los mayores escándalos de corrupción que indignan a la población, comenzó este lunes en un tribunal de Palma de Mallorca. En una sala presidida por el retrato de su hermano menor, Felipe VI, jefe de Estado desde la abdicación de su padre en junio de 2014, la infanta presenció junto a otros 17 acusados la apertura del "juicio del año", con la lectura de los cargos, a las 9.20 (5.20 de Argentina) en Palma de Mallorca, capital de las islas Baleares. Había llegado una hora antes en un vehículo gris oscuro, vestida con pantalón, chaqueta negra y fular rojo, acompañada por su esposo, Iñaki Urdangarin, principal acusado en el caso. Ambos con semblante serio, entraron sin detenerse ante las decenas de periodistas de todo el mundo que les esperaban. "Este es un caso de corrupción más de los muchos que estamos viendo" en los últimos años, decía a la AFP Francisco Solana, un desempleado de 45 años que manifestaba a las puertas del tribunal con una bandera republicana anudada sobre los hombros. "En otros sitios de Europa, yo creo que la infanta Cristina ya estaría en la cárcel", afirmaba, ilustrando la indignación de millones de españoles ante la multiplicación de escándalos de corrupción mientras ellos sufrían las dramáticas consecuencias de la crisis económica. "Este juicio tiene morbo, más que ninguno", reconocía Jesús López, jubilado de 71 años, que logró acceder a una de las pocas plazas reservadas para el público. La segunda hija de Juan Carlos I está acusada de dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros de dinero público por Urdangarin y un exsocio de éste. La infanta siempre ha defendido desconocer estos negocios y haber confiado ciegamente en su marido, del que se negó a divorciarse pese a la presión de una Casa Real determinada a limitar los daños en la ya maltrecha imagen de la monarquía. Llegada a España para el juicio desde Suiza, donde vive desde 2013, Cristina, de 50 años, está "dispuesta a asumir su presencia con tranquilidad", había asegurado su abogado, Miquel Roca.La Casa Real era informadaUrdangarin, de 47 años, exmedallista olímpico de balonmano, y su exsocio Diego Torres están acusados de inflar contratos firmados entre 2004 y 2006 por una entidad sin ánimo de lucro que dirigían, el Instituto Nóos, con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia. Después, esos beneficios eran supuestamente desviados a varias empresas pantallas encabezadas por Aizoon, propiedad de Cristina y su esposo.Urdangarin será juzgado por prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide para él 19,5 años de cárcel y 16,5 para Torres. Este último siempre ha defendido que Juan Carlos I estaba al corriente de los negocios de Nóos y durante la instrucción aportó cientos de correos electrónicos destinados a demostrarlo. "La Casa Real era informada, lo conocía, lo supervisaba y en ocasiones hasta colaboraba", volvió a afirmar el domingo por la noche en una entrevista al canal privado de televisión La Sexta. El juez instructor intentó demostrar que la infanta participaba de los negocios de su marido, pero el fiscal se opuso, asegurando no ver indicios de delito, y sólo le permitió procesarla por fraude fiscal. Un cargo que la fiscalía y la Hacienda pública ni siquiera secundaron: la infanta está únicamente denunciada por una acusación popular, la asociación ultraderechista Manos Limpias. Su esperanza de escapar al juicioRoca pedirá que se le aplique la conocida como doctrina Botín, que en 2007 evitó al poderoso banquero Emilio Botín -difunto presidente del Santander- ser juzgado en un escándalo financiero al ser únicamente denunciado por una acusación popular. "Sería otro escándalo mayúsculo, porque hablaríamos de una sentencia dictada a la carta para que no se sentara en el banquillo el mayor y más importante financiero de España y Europa, y ahora sería para que no se sentara en el banquillo un miembro de la familia real", defendió Miguel Bernad Remón, responsable de Manos Limpias.Fuente: Noticias Argentinas
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