La participación entusiasta de los jóvenes, tanto dentro como fuera del palacio legislativo, puso de relieve el protagonismo que tuvo la movilización estudiantil en todo el proceso conducente a la aprobación de la ley, sancionada por consenso unánime del cuerpo legislativo y en base a tres proyectos provenientes de diputados de distinto signo político. Los efectos positivos de la aplicación de la norma, una vez que sea promulgada por el Ejecutivo provincial, resultan indudables, como también es claro que con esta medida se protege el derecho de los jóvenes a la educación y a través de ello se incentiva la inclusión social. Estos aspectos positivos justifican la efusividad de los discursos, aunque el acceso igualitario al sistema educativo, cabe recordar, es todavía un objetivo a alcanzar en una sociedad que mantiene un alto porcentaje de exclusión y descansa sobre mecanismos de estratificación social y concentración de la riqueza que repercuten, necesariamente, sobre el sistema educativo. El consenso social logrado en torno del boleto estudiantil gratuito, decisivo a la hora de acercar posiciones en el cuerpo legislativo y generado a partir del compromiso de los estudiantes, debería replicarse en muchos otros ámbitos, como en la erradicación de la pobreza estructural que resta dignidad y coherencia a la conciencia social de los misioneros. El camino hacia una sociedad en la que impere una auténtica igualdad de oportunidades reclama, asimismo, que se ponga coto a los constantes casos de corrupción institucional, entre otros ámbitos en el de las licitaciones y concesiones del Estado; áreas en las que se amparan privilegios, e inequidades, a los que no llega el brazo de la ley.
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