POSADAS. El abogado Ramón Moisés Grinhauz, defensor del imputado Marcial Alegre, el mecánico chapista acusado de haber participado en el cuádruple homicidio de Oscar Knack (43), Graciela Mojsiuk (42), y sus hijos Bianca (12) y Cristian (25), insistió en que el llamado telefónico anónimo que desembocó en el allanamiento al domicilio de su cliente es nulo de nulidad absoluta e “inconstitucional”. El dato no es menor. Si cae esa llamada, a la que se intentó erróneamente otorgar el mismo rango que una denuncia, sucederá lo mismo con toda la causa, indicaron fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN.Al momento del allanamiento, 48 horas después de la masacre, no había elementos de solidez que ameritaran o justificaran ese procedimiento.Qué hubiese ocurrido si no se encontraba nada. No es como en otros innumerables casos, en que las fuerzas de seguridad solicitan a la jueza una orden de allanamiento porque existen probados y contundentes indicios de que en el lugar a requisar podría haber elementos de significación para la causa investigada.Fuentes judiciales indicaron en su momento que la investigación estaba iniciada a esa altura de los acontecimientos, pero lo cierto es que la Policía no tenía pistas de solidez respecto de los responsables ni de las circunstancias del hecho.A partir de esa llamada, fueron detenidos con posterioridad Pablo Julio Paz (51), exintegrante de Prefectura Naval Argentina, y Juan Ramón Godoy, cuyo coche, un VW Bora, habría sido visto en los alrededores del domicilio de la familia Knack. Asimismo, la jueza Alba Kunzmann de Gauchat ordenaba la localización y arresto, como tercer presunto implicado, de Marcial Alegre.Aún hoy es un misterio la situación procesal del militar, de apellido Bueno, que fue apresado el 27 de junio pasado. Al parecer, se trataba de un “perejil”.Grinhauz planteó la nulidad de la llamada y solicitó la excarcelación de Alegre, recursos que fueron rechazados sucesivamente por el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá.Por eso, ambos se encuentran actualmente en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia, pendientes de resolución.El Alto Cuerpo, aparte de estos planteos, debe definir también las apelaciones a los autos de prisión preventiva dictado por Gauchat contra Godoy, Paz y Alegre.La jueza, el momento de librar la orden de allanamiento, basó sus argumentos en que el llamado anónimo hablaba de que las armas utilizadas en la masacre y el dinero robado a los Knack se encontraban en el taller de Alegre. Pero lo cierto es que la Policía andaba casi a ciegas en la oscuridad, porque aparte de ese dato no tenía otros indicios o pistas respecto a la causa.“Estamos frente a un informe policial al cual se le quiere dar validez al solo efecto de justificar un allanamiento que a todas luces es ilegal y nulo”, consignó Grinhauz en su presentación.El letrado mostró su indignación respecto del rechazo al pedido de excarcelación de Alegre. En este sentido indicó que “es mentira que tuviera antecedentes” y consideró que su cliente fue perseguido y tildado como responsable de antemano, “desde el mismo momento en que se inventó un reporte de antecedentes en que aparecía como un peligro para el pueblo”.El letrado consideró que “en la investigación se cometieron gruesos errores que pueden resultar insalvables. Se allanó la casa de mi cliente con el argumento de que estaban las armas usadas en el caso Knack y resulta que se comprobó que ninguna tuvo intervención en el mismo. Se dijo que estuvo profugado y no se tomaron siquiera el trabajo de pedir las cintas de las cámaras de seguridad del peaje para verificar si Alegre pasó por allí, como efectivamente sucedió. No hallaron su ADN en la casa de la familia y hasta introdujeron el testimonio de una persona que aseguró que Alegre le propuso asaltar a una familia y prender fuego a sus integrantes y resulta que después reconoció que había tenido problemas económicos con él”, concluyó en una comunicación con este Diario. ¿Cambio de juez?La jueza de Instrucción 1 de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, se inhibió de seguir en la causa que investiga las circunstancias de la masacre de Panambí, ocurrida el 25 de mayo del año pasado, después de ser recusada por el abogado Nicolás Ochoteco.El letrado, defensor del acusado Juan Ramón Godoy, no sólo pidió su apartamiento del caso, también la denunció por presunto encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.En este último caso, la presentación fue formulada en el Juzgado de Instrucción 5 de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Selva Raquel Zuetta.La denuncia por encubrimiento guarda relación con las circunstancias de detención de su cliente y el secuestro del VW Bora de este.En este sentido, para el letrado, se trató de una puesta en escena para implicar a Godoy en el hecho. “Secuestraron el Bora, luego lo liberaron y luego lo volvieron a secuestrar. Nada vinculaba al auto con el hecho hasta casi dos horas después de la detención de mi cliente”, consignó en una comunicación a este Diario.
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