POSADAS. En vísperas de la audiencia pública por el “boletazo” exigido por las concesionarias del transporte público del área metropolitana, el Concejo Deliberante local validó ayer todo lo actuado por el Ejecutivo municipal durante el año en cuanto a ese servicio integrado y la aplicación del Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) misionero. En una actitud que muchos definirían como “entre gallos y medianoche” -aunque fue en horas de la siesta-, la renovación volvió a sorprender a la oposición con un proyecto presentado para su consideración sobre tablas. Volvió a proceder, así, con una medida sorpresiva y a destiempo, tal como ya ocurrió en otros años durante la última sesión ordinaria de un año (la de ayer cerró 2014) en el que se sancionaron normas que beneficiaron a la empresa hegemónica operadora de ese crucial servicio público. Esta vez, no sólo le ofrecieron un respaldo a la gestión municipal, incluso en la cesión del servicio ferroviario a Encarnación, sino también dejaron abierta la posibilidad de incrementar los subsidios que recibe esa prestataria, así como le concedieron facultades para “reprimir” (sic) el uso indebido de las tarjetas del Sube por parte de los usuarios.Votos crucialesClaro que para llegar a este nuevo despropósito deliberativo, el oficialismo debió recibir una andanada de críticas desde sectores de la oposición y, a la vez, contar con el voto de algunos de estos ediles para alcanzar los dos tercios necesarios para su consideración especial. Ausente la presidenta Magdalena Solari, fue también llamativa la no asistencia -por razones entendibles, quizás- del radical Pablo Velázquez, que, repitiendo la posición del bloque partidario, podría haber desequilibrado la pretensión oficialista. Sorprendió también la actitud del “puertista” Daniel Amarilla, quien, mientras por un lado facilitó con su voto el tratamiento sobre tablas, terminó oponiéndose al dictamen finalmente aprobado. Sin advertir, quizás, que en el primer caso su posición era fundamental para dar o no curso a la iniciativa; y en el segundo, carecía de trascendencia, ya que el apoyo del “positivo” Gabriel Conrado Nielsen le daba la mayoría simple al oficialismo.Los otros radicales, Martín Arjol y Ariel Pianesi, el camionero Alejandro Velázquez y Rolando Rubleski nada pudieron hacer para impedir una validación deliberativa sobre un tema en el que el oficialismo eludió cualquier cuestión aduciendo que no era de su competencia. Designaciones en los Tribunales de FaltasaToda una ceremonia especial significó el aval que brindó el Concejo Deliberante local para la designación de cinco magistrados en los Tribunales Administrativos de Faltas. Fue el primer tema que se trató en la sesión de ayer, tras rendir homenaje a las banderas, y motivó uno de los múltiples paréntesis que caracterizaron a la plenaria que se extendió entre las 9.40 y las 15.45,Además de los nominados y algunos familiares de estos, también estuvieron presentes a esa hora la totalidad de los miembros del Consejo Asesor de la Magistratura Municipal, así como los dos profesionales que actuaron en las evaluaciones técnicas. Por supuesto, no hubo sorpresas. Por unanimidad se sancionó la ordenanza que brinda acuerdo a la designación de María Martha Gimaraes, Andrea Carolina Irigaray y Gustavo Adolfo Ramírez Aranda, como los primeros integrantes de la Cámara de Apelaciones Contravencional y Fiscal; a Miguel Ángel Almada, como secretario letrado de ésta; y a Noelia Silvana López como jueza municipal de Faltas Dos.El aplauso cerró esa votación.Vino luego un cuarto intermedio y la entrega de distinciones a los miembros del Consejo de la Magistratura, comenzando por su presidente y, a la vez, secretario municipal de Gobierno, José Raúl Moglia. Para luego hacer lo propio con el fiscal municipal Carlos Manuel Freaza; el representante del Colegio de Abogados, Ernesto Báez; y los concejales Magdalena Solari, Martín Arjol, Ariel Pianesi y Julio Vivero.Por último, se distinguió a Leonardo Villafañe y Guillermo Gutniski por la tarea realizada en la evaluación de los postulantes. Múltiples sancionesComo es habitual en la última sesión ordinaria del año, fueron múltiples los proyectos incorporados a último momento y aprobados, algunos de ellos con el desconocimiento incluso de sectores de la oposición. Así, hubo un cuarto intermedio para que, en pocos minutos, éstos se interioricen de una treintena de dictámenes de comisión y después apoyarlos.Entre esas numerosas ordenanzas sancionadas de manera “de urgencia”, se establece la creación del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) para el aprovechamiento de la basura; un plan de reordenamiento del estacionamiento en el municipio; la regularización territorial para tres zonas de la ciudad; y la prórroga por 180 días del plazo que tienen las areneras ubicadas dentro del ejido urbano para su traslado a la zona asignada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Se aprobó también una norma para ir transformando en plazas inclusivas a las hoy existentes en la ciudad, con el propósito de permitir su disfrute también por aquellos niños y adultos que tengan capacidades diferentes. Sobre esta iniciativa de la concejala Claudina Deglise, hubo algunas diferencias en cuanto al momento en que ocurrió su aprobación. El descontrol con que vienen tratándose los diversos temas, que separan su debate del momento de votarlos, generó esa confusión que provocó diferencias.Pero, quizás, el más preocupante de esos problemas que alejan al cuerpo de la pretendida calidad parlamentaria ocurrió cuando se aprobó la consolidación en el Digesto Jurídico Municipal de todas aquellas ordenanzas sancionadas con posterioridad al inicio de su vigencia y hasta el 31 de octubre pasado. El radical Ariel Pianesi puso en duda la seriedad de ese trabajo, al precisar que entre las normas consolidadas se encontraba una ordenanza que había sido modificada a principios de octubre, pero que allí aparecía con su texto original, el previo a esa reforma.
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