POSADAS. La Cámara de Diputados aprobó este jueves la expropiación de 1.800 hectáreas en la zona oeste de Posadas con destino a un ambicioso plan de viviendas que pretende iniciar un proceso de erradicación de asentamientos irregulares y subsanar el déficit habitacional en la capital provincial. El proyecto, de autoría de los diputados oficialistas, Sonia Melo y Carlos Rovira, declara “de utilidad pública y sujetos a compraventa y/o expropiación” a varios inmuebles ubicados en una extensión de 1.880 hectáreas, en adyacencias del futuro Centro de Alto Rendimiento y del Aeropuerto de la capital misionera.La intención de la propuesta que votó positivamente la totalidad del cuerpo, a excepción del diputado del PRO, Alfredo Schiavoni; es la construcción de un ambicioso proyecto de urbanización “que significará dar una respuesta al déficit habitacional de la ciudad durante los próximos diez años”, según expresó la diputada Melo, al presentar la iniciativa. La legisladora oficialista destacó la colaboración prestada por el diputado Héctor Bárbaro, quien durante el tratamiento en comisión del proyecto aportó sugerencias que profundizaron el objetivo social del mismo.El legislador de Pays destacó, en el contexto de una extensa intervención, que su sector político impulsó un articulado específico por el cual se destinará el 30% de los terrenos exclusivamente para la relocalización de “familias que no puedan acceder a un inmueble con destino a unidad habitacional por otros medios” y a familias que se encuentren “en asentamientos con situación dominial irregular”.Precariedad extrema “Hay 16.000 familias en esta capital que viven en una situación de precariedad extrema según el relevamiento que hizo la organización Techo”, contabilizó Bárbaro, tras lo que precisó que “salvo casos puntuales y aislados, estas familias no entran en ningún plan oficial para acceder a un terreno propio para levantar sus casas”. Cabe destacar al respecto, que a las dificultades en el acceso a la vivienda que sufren los sectores sociales más postergados, se sumó la suba especulativa de los precios de los terrenos aptos para ser usados en proyectos del Plan Procrear. La expropiación de terrenos aprobada pretende, precisamente, subsanar esta situación aportando a revertir el déficit habitacional que adquirió proporciones alarmantes, en el marco del crecimiento alcanzado en la última década, no sólo en la capital, sino en toda la provincia. También se aprobó la adhesión de Misiones a los términos generales de la Ley Nacional de Violencia Contra la Mujer y un pedido de informes de la bancada de la UCR sobre el proyecto de trazado de un camino en la Reserva de Biosfera Yabotí. Ingresaron a la Cámara las iniciativas para establecer que la Imprenta Guaranítica Misionera pertenece a la Misión Jesuítica de Loreto, siendo propiedad de la Provincia; y para crear una pensión para hijos de víctimas fatales de violencia intrafamiliar; entre otras propuestas. “Verdadera independencia”“Tenemos que dotar a nuestro Poder Judicial de su verdadera independencia”, admitió el jueves el titular de la Legislatura, Carlos Rovira, al hablar en conferencia de prensa al término de la sesión ordinaria del cuerpo. En la oportunidad, Rovira ratificó su decisión de presentar un proyecto de ley para otorgar total autonomía administrativa y financiera, al Poder Judicial. Aunque los contenidos del proyecto no trascendieron todavía, destacó que “para conseguir esta efectiva independencia de poderes, es necesaria la actualización del Artículo 146 de la Constitución Provincial” que consideró “un anacronismo”, debido a que establece que le corresponde al Ejecutivo administrar el presupuesto de la Justicia.“Ese es el propósito y los fundamentos del proyecto, que seguramente luego del tratamiento legislativo, espero esté sancionado el año que viene, entonces aprovechamos las elecciones para la enmienda de un artículo constitucional y rápidamente estaríamos cumpliendo en dotar a nuestro Poder Judicial de su verdadera independencia”, precisó. La modificación de la Constitución por enmienda se puede sancionar desde la Legislatura, con una mayoría especial, la cual se debe someter a una ratificación popular en las primeras elecciones a realizarse tras la decisión legislativa.
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