POSADAS. El Gobierno ratificó los sumarios contra un grupo de guardaparques y avanza con el proyecto de construir un polémico camino dentro del Parque Provincial Moconá, que unirá el parque con una reserva protegida (lote 8) de 3.800 hectáreas, donde habitan varias comunidades originarias y donde también se prevé la construcción de emprendimientos turísticos por parte de una firma privada.Luego de un artículo publicado el domingo pasado en este diario, donde los guardaparques cuestionaron la legalidad del proyecto, desde el Gobierno salieron a defender la idea, argumentando que el camino facilitará el acceso vial de las comunidades con el parque y la rápida salida a la ruta costera para llegar a la ciudad, otorgándoles así un derecho que por mucho tiempo estuvo negado. Pero además sostuvieron desde el Ministerio de Ecología que este convenio del Lote 8 le agregará esas 3.800 hectáreas al parque, ampliando la zona protegida.Integrantes de la Alianza indicaron a este diario que este mismo esquema de trabajo se pretende llevar adelante en un futuro en los lotes 7, 6 y 5, hacia el norte hasta el Parque Provincial Esmeralda.Básicamente el acuerdo establece que los propietarios privados ceden la tierra para que se mantenga como área protegida y espacio de desarrollo de las comunidades que ahí viven, quedándose con una pequeña porción (en el lote 8, de 4.000 hectáreas se quedan con 200 hectáreas) para desarrollar emprendimientos turísticos; con la condición que el Gobierno le garantice un camino de acceso.Un documento que firmaron y difundieron esta semana el director de áreas Protegidas, Javier Patzer; el director de Ecología y Calidad Ambiental, Daniel Fernández Cata y el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Juan Manuel Díaz, destaca que el “Acuerdo sobre el Lote 8 agrega una superficie de 3.800 has. lindante al Parque Provincial Moconá (…) tendiente al resguardo de la Cultura Guaraní y la Selva Paranaense”.Los funcionarios sostienen que la finalidad del camino es brindarle derechos a las comunidades originarias: “De conformidad a la manda del Artículo 41 de la Constitución Nacional se debe garantizar un ambiente natural íntegro y sano, y al mismo tiempo obtener un desarrollo económico y social unido a él. La sociedad, especialmente las comunidades más vulnerables no pueden estar excluidas de las decisiones de manejo de recursos naturales, con mayor razón si ellas conciernen al ejercicio de sus derechos humanos”.“No se puede pensar en desarrollar ninguna estrategia de conservación sin tener en cuenta las necesidades de desarrollo de los seres humanos que interactúan con los ecosistemas”, sostienen.Luego indican que “Es fundamental contar con otros instrumentos a fin de impedir la destrucción y/o daño de especies de bosques nativos, dado que las medidas e instrumentos existentes no son suficientes para tutelar la conservación de los mismos, de allí la necesidad planteada por varias provincia la de tipificar en el Código Penal dichas conductas y ello se ve reflejado en la Resolución Nº 264/13 del Consejo Federal del Medio Ambiente, que declara expresamente ‘la necesidad de contar con una tipificación de las conductas que ocasionan la destrucción o daño del bosque nativo protegidos por la Ley 26.331 de Presupuesto Mínimos Ambientales en el Código Penal de la Nación’”.Por último ratifican los sumarios contra los guardaparques al afirmar que: “Es la misión y función del guardaparque, funcionario público, entre otras la de preservar el patrimonio natural y cultural de la Provincia. Los sumarios en curso en los que se investiga la conducta de algunos guardaparques, fueron iniciados por expresar públicamente opiniones que a priori lucen difamatorias y discriminatorias hacia el Pueblo Guaraní, su cultura y modos de expresión auténtica. Asimismo las propias comunidades han iniciado actuaciones ante el Inadi para obtener la reparación de estos dichos, y el Estado debe deslindar la responsabilidad por tales eventos”.Los guardaparques primero sostienen que el proyecto de construir un camino ya es una decisión política que se pretende realizar sin contemplar otras posibilidades de menor impacto ambiental que no atraviesen el Parque. Además sostienen que con este camino se violan varias leyes ambientales, provinciales y nacionales, que determinan esa área como intangible.Y además que el Ministerio comenzó a perseguirlos con sumarios a quienes emitieron opiniones en contra y que podría sancionarlos y hasta despedirlos por defender esta posición.Ellos presentaron otra propuesta de camino, que no atraviesa el Parque, pero el Gobierno la rechaza porque se debería construir un puente y su presupuesto sería de 20 millones de pesos.
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