POSADAS. Quien afirme no conocer las razones del malestar, no vive en Misiones. Los comerciantes enrolados en la Cámara de Comercio e Industria de esta capital (Ccip) no hay espacio de diálogo del que no participaron para expresar el reclamo por la asfixia fiscal que aplica el gobierno provincial.Sumado al accionar repudiado de la “Aduana Interna” que la Dirección General de Rentas (DGR) realiza en el puesto ubicado en la zona del Arco de ingreso a la ciudad por la ruta nacional 12. Especialmente, en materia de aplicación del régimen del “pago a cuenta”, que provoca que cada vez más proveedores de otras provincias, dejen de enviar mercaderías a Misiones. Y los que envían, lo hacen a un precio más alto, para asegurarse recuperar la aplicación de la alícuota de Ingresos Brutos que la provincia se cobra por adelantado.En definitiva, en esa cadena, el principal perjudicado termina siendo el consumidor final que pagará todos los porcentajes impositivos juntos en el precio final, porque nadie esta dispuesto a perder en este contexto económico. Aunque es cierto también, que el comerciante misionero pierde ventas ya que los consumidores buscan precios, aún en lugares por fuera de la tierra colorada para hacer rendir lo más posible sus sueldos.Por esta compleja situación, los comerciantes posadeños anunciaron que volverán a las calles, en una movilización de protesta, el próximo 8 de octubre a las 10 de la mañana, cuando produzcan el cierre de comercios y junto a sus colaboradores, ocupen la plaza 9 de Julio para explicar a sus clientes la difícil situación que atraviesa el comercio, frente a un Estado con voracidad fiscal, que incrementó al 4,5% la alícuota de Ingresos Brutos a fines de 2013, bajo un discurso de preocupación por la falta de recursos, cuando en realidad contaba con un plazo fijo de mil millones de pesos y otros 500 millones en circulante que terminaron por echar por tierra el eje del impuestazo.Hoy, con esa alícuota, Misiones se ubica al tope de la presión fiscal en el país, con lo cual sigue espantando inversiones de quienes pretenden instalarse en el NEA, en beneficio de provincias como Corrientes que han demostrado poder funcionar con una menor carga impositiva.Para la nueva protesta (la primera se realizó en febrero pasado) ya se han recibido adhesiones de entidades mercantiles del interior, de cámaras de turismo, incluso de la asociación de viajantes. La postura de la Ccip será recibir a todos los que quieran acompañar el reclamo y pedir que las cámaras se expresen en sus respectivas localidades, incluso por los incrementos de tasas que se dieron en los municipios.“En el Gobierno nadie escuchó los reclamos y produjo cambios”Nicolás Trevisán, presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, explicó que la decisión de volver a movilizarse de debe a que “nuestro reclamo no tiene a nadie del gobierno que se interese en escucharnos. La problemática del comercio y la situación terrible que estamos viviendo tiene como prueba lo que ocurrió en la Legislatura, donde pensábamos que nos llamarían para debatir sobre la cuestión y que les iba a interesa escucharnos. Pero vimos que, cuando pasó el reclamo a la comisión de Presupuesto, el oficialismo hizo un dictamen diciendo que recibieron los requerimientos de las diferentes cámaras pero ratificaban las políticas fiscales del gobierno”.Agregó el dirigente que se siente “muy mal representado como misionero, excluido por la política misionera al ver que no les interesó el planteo, no nos llamaron desde el gobierno para escucharnos. Tenemos ánimo de dialogar, debatir frente a los disensos con el gobierno, pero no que se nieguen al dialogo”. Parte de la base que Misiones y Posadas en particular se encuentra lejos de los centros de distribución y puertos con un alto costo de flete. Sumado a la competencia de Corrientes y Paraguay, hoy desfavorable a Misiones por las asimetrías fiscales.Trevisán recordó que “el sector comercial viene deteriorándose desde enero y febrero a la fecha y no vemos acción del gobierno no para beneficiarnos sino para no perjudicarnos”.La movilización del 8 de octubre surgió porque “las decisiones de Rentas agregan burocracia a las empresas que se traducen en costos nuevos que se deben asumir por la responsabilidad de cobrarle anticipadamente a los proveedores como agentes de retención y percepción, donde nos ponemos a recaudar por el Estado. Y, lo que ocurre, es que la burocracia nos asigna una responsabilidad legal que antes no teníamos porque era el Estado el responsable de recaudar impuestos. Por eso pedimos que nos quiten esa complejidad, que venga un sistema simple, ágil para cumplir con los impuestos y no andar haciendo una ingeniería de nuestro sistema para cumplir con el pago de los tributos”.“Sí al control, pero no de esta manera”Nicolás Trevisán, titular de la Ccip, recordó que la postura de la entidad es a favor de la política de control que implique que todos paguen impuestos, “pero el problema es cómo, cuánto y cuándo. Pedimos menos burocracia en el proceso, para facilitar el pago, hacerlo más sencillo. No delegar en las empresas el cobro de impuestos. Pedimos tasas menores porque el 4,5% de IIBB es excesivo y nos deja en desigualdad de condiciones para que las empresas misioneras puedan competir con el resto del país y con Paraguay. Que sean tasas bajas donde todos paguen, alentando a emprendedores para inscribirse y estar del lado de la legalidad. Y no se pueden aplicar esas multas arbitrarias que terminamos pagando los misioneros y no los provedores. Porque su fin muchas veces no es la corrección de la informalidad sino meramente recaudatorio”.Agregó que “no queremos que el pago sea de manera anticipada. Los impuestos deben pagarse cuando la operación se realizó y cuando la mayoría de estas ventas ya fue cobradas. Pagar de manera anticipada genera un costos financiero que recae en las listas de precios a la que nos venden -más caro- a los misioneros”, aseguróEl presidente de la Ccip pidió “debatir las razones por las cuales se nos aplica la mayor presión fiscal. Tenemos los impuestos más altos del país y eso no s perjudica económicamente y a la gente les quita poder adquisitivo. En consecuencia, caen las ventas y afecta a los comercios que deben hacer achiques de personal, haciendo que las empresas se queden con el personal mínimo indispensable por el alto costo financiero que se deben afrontar”, dijo. ¿Saldos positivos?Nicolás Trevisán se refirió al pago a cuenta. Dijo que hay “una trampa en el sistema. Pagar el 3,31%anticipadamente para las empresas proveedoras de Misiones, que es mayor que el porcentaje del Convenio Multilateral, genera saldos positivos, que son millones que la provincia adeuda a
las empresas privadas. Pero son costos financieros que los proveedores nos trasladan a las empresas misioneras en los precios y nosotros terminamos comprando con listas de precios más altas y repetimos el mecanismo. Hoy el Convenio Multilateral es sustancialmente menor que el 3,31% de los inscriptos y que el 4,5% de los no inscriptos”.
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