POSADAS. La polémica se desató cuando PRIMERA EDICIÓN reveló que la oficial a cargo del procedimiento que culminó en la muerte del Carlos Raúl Guirula, el 19 de julio pasado, había sido sancionada en 25 oportunidades por sus superiores, en las distintas dependencias donde cumplió funciones. El ministro de Gobierno, Jorge Franco, explicó en la legislatura provincial que la muerte del albañil se trató de un caso aislado. Si se analiza esa declaración en su sentido literal, y puede que hasta sea acertada. La Policía no mata a un ciudadano todos los días.Pero desde una perspectiva diferente, tomando en cuenta los 25 sumarios abiertos en contra de la oficial y los policías que al menos una vez fueron encausados por Asuntos Internos, el contexto de lo que ocurrió cambia radicalmente.Si un funcionario público, sobre todo si es policía, cae en la creencia y tentación de que tiene luz verde para hacer lo que quiera, sin el principio sublime del respeto irrestricto por la Ley, entonces la situación es grave.Si la institución, por conocimiento u omisión, por negligencia o indiferencia, apaña esa conducta, se encuentra en el mismo parangón de violencia institucional.Un informe oficial, al que este Diario tuvo acceso en forma exclusiva, establece que en Misiones el 79% de los policías actualmente en actividad fueron sancionados al menos una vez por Asuntos Internos.Ese porcentaje se traduce en estos tiempos en unos 5.399 uniformados, diseminados en las distintas unidades regionales de la provincia de Misiones.El dato no es menor. Habla de una situación insostenible en las filas de la fuerza de seguridad provincial y de una formación personal que dista mucho de la ideal; en una institución que debería ser modelo por la buena conducta de sus hombres, con legajos intachables, contrariamente a lo que sucede en la actualidad.De esos 5.399 uniformados, 1.128 afrontan causas por faltas graves, como actos de indisciplinas o incumplimientos de sus deberes.Las cifras son preocupantes, sobre todo si se considera que hay once unidades regionales en distintos puntos del territorio misionero. Hay otros datos interesantes que surgen del relevamiento. Por ejemplo, hay unos 3.500 policías con entre 1 y 50 sanciones; lo que constituye aproximadamente el 52% de los uniformados sumariados al menos una vez en su carrera. Claro está que hay policías que, como la oficial Tabarez, tienen una larga lista de apercibimientos y castigos en su palmarés. “Nobleza obliga”, reza un viejo adagio popular, y a favor de la Policía puede decirse que 1.409 efectivos poseen un legajo intachable; jamás recibieron siquiera un apercibimiento.Lamentablemente contrasta con los 5.399 que sí pasaron por el registro disciplinario. En la LegislaturaEl informe de los 25 sumarios en la carrera Lourdes Tabarez hizo que el parlamento misionero convocara al ministro de Gobierno, Jorge Franco, para dar explicaciones respecto de esa situación y sobre todo, cómo pudo ocurrir que una oficial con semejante foja de servicios quedara al frente de una patrulla de calle.Lamentablemente, aunque duela decirlo, la muerte del albañil fue la nefasta respuesta y consecuencia de esa situación.Lo insólito en la alocución del jefe de la cartera política se produjo cuando se refirió a una de las causas abiertas contra la policía, denunciada por la mujer con quien vivía por golpes y amenazas.Franco se limitó a explicar que no se tomaron las medidas disciplinarias correspondientes porque se trataba de un episodio lamentable que pertenecía a la vida privada de la oficial.Pero, en ese caso concreto, lo relevante no era si el incidente correspondía a la esfera privada o pública de la oficial, sino que dejaba al descubierto su personalidad violenta, carente de equilibrio y ecuanimidad mínima para proceder con corrección en situaciones extremas.En el caso Guirula, que lamentablemente pasará a la historia como el paradigma del exceso policial, quedó palmariamente demostrado que Tabarez estuvo completamente fuera de sí aquella noche del 19 de julio.Además, por citar un ejemplo, los casos de violencia de género corresponden o suceden por lo habitual en el entorno privado o cercano de las víctimas, pero por ello la Justicia no deja de actuar.Y la Policía debería accionar aún con más vehemencia si los acusados o denunciados pertenecen justamente a sus filas. Obviamente, haciendo las cosas como deben hacerse, con respeto sublime por el principio de inocencia que abriga a todo ciudadano, con o sin uniforme.Las estadísticas brindan un panorama meridiano para comprender, al contrario de lo que expresó el ministro de Gobierno, que tal vez el procedimiento que culminó con la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una política institucional negligente e indiferente en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de aquellas conductas proclives a violar las normas que rigen a la institución puertas para adentro y de la vida en sociedad, fuera de ellas. Pasó el ministro de Gobierno por la Legislatura y ensayó una timorata defensa de la ideoneidad de la cúpula policial y de él, como mandamás de aquella.En esas circunstancias nadie osó preguntarle por la posición que había adoptado el mismo Franco y hasta el gobernador Closs respecto del modelo más conveniente a implementar en materia de seguridad.Ambos hicieron alusión a la teoría de la “tolerancia cero” y pidieron a la Justicia que terminara con “la puerta giratoria”, en un intento poco feliz de endilgarle a esta el problema de la inseguridad.“El que comete un delito, sea cual fuere, debe ir preso”, habrían dicho sin detenerse o reparar en lo que sucedería con aquellos funcionarios sospechados de quedarse con lo que no es suyo.En ese entonces desde PRIMERA EDICIÓN se advirtió que era un modelo agotado y que en otros puntos del planeta había fracasado por completo.Se dio incluso el ejemplo de Centroamérica, más precisamente de Guatemala, Honduras, El Salvador, donde esas políticas no hicieron más que recrudecer la violencia y los enfrentamientos entre las pandillas juveniles (“Maras”) y la Policía.Una de las consecuencias más notorias en esos países fue que la aplicación de esas recetas derivó en excesos policiales.Es interesante analizar el caso Guirula y esta posición que sostiene (o sostuvo) el Gobierno.Si la cabeza piensa de esa manera, pues qué se les puede pedir a los subalternos.Es en este entramado donde el rol institucional del Estado es preponderante; donde no se toman medidas definitivas y soluciones satisfactorias para una oficial con 25 sumarios administrativos en su contra.Sería crédulo, y hasta infantil, creer que Tabarez es la única integrante de la Policía de Misiones que tiene un legajo de esas características. Cuántos c
asos similares o cuántas “Tabarez” siguen en actividad y haciendo de las suyas, sin que cobre notoriedad porque el sujeto de apremios o torturas volvió a despertar. La versión del malestar subalternoFuentes de la misma Policía, de segundo y hasta tercer orden, dejaron trascender cierto malestar en los cuadros inferiores después de conocerse la resolución del juez que investiga el caso Guirula, que resolvió la prisión preventiva para seis de los once policías involucrados en el caso.El enojo no es contra el magistrado, claro está, sino contra la cúpula de Policía que apartó de sus funciones a los jefes de la Unidad Regional I, del Comando Radioeléctrico I y de la comisaría seccional Decimotercera, muchos de los cuales estaban durmiendo en sus casas cuando se produjo el homicidio de Guirula.“No sabemos qué tienen que ver ellos con lo que pasó. Además, si hablan de responsabilidad funcional, los primeros que debieran irse son la cúpula de la Policía y el ministro Franco (Jorge), porque ellos pusieron en sus cargos a los que terminaron echando, dándoles la espalda”, indicó uno de los consultados.“No sabemos ahora qué vamos a hacer cuando asistamos a un lugar y nos encontremos con uno o más hombres alterados”, se preguntó.Ahí justamente radica la confusión. Se supone que el personal policial está preparado para actuar en ese tipo de circunstancias y si se ve superado, la Policía cuenta con grupos especialmente entrenados para esas lides, como el GOE o Infantería.El límite es reducirlos ajustándose a las leyes y de ser posible, con el mínimo de lesionados. Pero de ahí a golpear a un detenido como pasó con Guirula (nueve costillas rotas y otras lesiones) hay una diferencia enorme. Los extremos no son buenos; tampoco los fanatismos; pero hay un principio que debiera ser sublime para el policía: su apego a la ley. Traslados por anticipadoPoco después de la reconstrucción de las circunstancias de la muerte de Guirula, realizada la noche del lunes 11 de agosto, cuando los imputados eran regresados a las comisarías donde estaban alojados, se produjo un incidente que obligaría al juez Marcelo Cardozo a solicitar sus traslados a la UP VI.Los sospechosos que salieron más complicados de la reconstrucción habrían amenazado con represalias a aquellos que los comprometieron con sus declaraciones, tildándolos de “traidores”.Ante el temor de una supuesta “vendetta”, el magistrado habría decidido adelantar el traslado de más de uno de los acusados al Instituto de Encausados de Miguel Lanús.La orden que se impartió al personal Penitenciario es que extreme los cuidados hacia el personal policial alojado en ese instituto penal.Aunque nadie lo confirmó de manera oficial, las circunstancias de este incidente marcan a las claras los códigos que maneja un sector de la Policía de Misiones.Para sus miembros la persecución de Justicia no es lo más relevante, sino respetar los códigos de silencio e impunidad, sobre todo cuando un camarada aparece involucrado en un oscuro episodio criminoso. Caso Guirula: apeló la defensa de EscobarLa defensa del cabo Ricardo Rafael Escobar apeló la resolución del juez de Instrucción 1 de Posadas, Marcelo Cardozo, que dispuso la prisión preventiva del uniformado al considerar que había pruebas suficientes en la causa para endilgarle el delito de “torturas seguidas de muerte”.Escobar no es el único imputado con esa calificación. Hay otros cuatro en la misma situación procesal; entre ellos la oficial Lourdes Tabarez, el sargento primero Claudio Marcelo Servián; el agente Carlos Alberto Da Silva; y el cabo primero Lucas Nahuel Saravia Allosa.El abogado Ramón Moisés Grinhauz presentó el recurso de apelación el jueves pasado, en los estrados judiciales de calle Santa Fe.El planteo se basa en dos ejes medulares: por un lado solicita la revocatoria del rechazo a la excarcelación y por otro, el cambio de la calificación legal que pesa sobre su cliente.En el primero de los puntos, la defensa afirma que no hay riesgo de fuga porque Escobar está arraigado en Posadas, tiene su trabajo y a su familia en esta ciudad, lo que sumado a su humilde situación económica tornan imposible que pretenda evadir el accionar de la Justicia.En otro apartado de su presentación, Grinhauz considera que “su condición de policía no funda, por sí sola, la posibilidad de que pueda entorpecer el rumbo de la investigación”.Además, aclara que las medidas probatorias ya se encuentran agotadas y que de haber algún inconveniente, no será de su lado.No alcanza tampoco, en su visión, “la gravedad de la pena prevista en abstracto” (prisión perpetua) para mantenerlo privado de su libertad.En sus fundamentaciones, el letrado recuerda la doctrina que antepone el principio de inocencia que abriga a todo ciudadano imputado en una causa judicial. El otro agravio que plantea la defensa tiene que ver con la responsabilidad que Cardozo endilgó a Escobar.Hay “una errónea calificación de los hechos”, manifestó el abogado en su argumentación.Para él no se trató de “torturas seguidas de muerte”, sino de un homicidio en riña.Desde su perspectiva, no hubo “confluencia o convergencia intencional” para acabar con la vida de Guirula; sí “ánimos exaltados” en una coincidencia de tiempos, lugar y acciones. En otras palabras, no hubo dolo de matar, la intención manifiesta y congruente de provocar ese resultado.“Así las cosas, lo que puede sostenerse es que el dolo es el de participar en una riña agrediendo, pero nunca el de homicidio”, consignó.“En consecuencia, la agresión producida, espontánea y no premeditada, la indeterminación de quién o quiénes causaron la muerte, obliga a la aplicación del artículo 95 pues ha existido una agresión de la que resultara una muerte nunca querida ni aceptada”, agregó el letrado.Finalmente, Grinhauz atacó también la carátula de torturas a la que calificó de “excesiva”, porque “viene dada no sólo por la intensidad de los padecimientos” sino “en orden a la finalidad perseguida”, como lograr una confesión. “Lo que pueden haber existido son vejaciones o severidades que se subsumen en la agresión” señalada, que no fue “programada ni planeada ni premeditada”.Ahora, será la Cámara de Apelaciones la encargada de resolver el planteo: si confirma lo actuado por el juez o le da la razón a la defensa.
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