OBERÁ. El director de la Escuela Provincial Técnica (Epet) 3 de esta localidad, Jorge Romero, ratificó la suspensión a los cuatros alumnos acusados de un supuesto robo de la motocicleta a un compañero. Los estudiantes fueron notificados de la sanción por la que requirieron la presencia de un escribano, quien labró un acta donde dejó constancia que los chicos se presentaron a clases y no les permitieron ingresar al aula. La situación es muy tensa y en las próximas horas o días, el director sería sancionado y la escuela podría terminar intervenida, al menos es lo que se analiza en el seno del Consejo General de Educación, según precisó una fuente de este organismo. Romero, reconoció ayer a PRIMERA EDICIÓN que podría ser separado de su cargo. “Tratándose de esos personajes (por los principales funcionarios del CGE y el Ministerio de Educación) es muy posible una sanción para mí, me amenazan con sumarios que tengo en el CGE hace más de dos años y que todavía no tiene sanción porque no saben como salir del atolladero que ellos mismos generaron”, afirmó. Romero además dijo: “hay un cuerpo del CGE inventado, que son los llamados auditores, una especie de comisarios del pueblo y que son todos de la misma línea de un gremio de docentes misioneros. Estos van a las escuelas a presionar a los docentes para que den clases los días de huelga; e inventan que la escuela estuvo cerrada uno de estos días y me indilgan a mi la falta de deberes de funcionarios públicos, no permitir que los docentes ejerzan su derecho a trabajar y a los alumnos a estudiar”. No obstante añadió: “lo que no le dicen a la población es que yo tengo una denuncia penal contra esa funcionaria que mintiendo (verificado por el testimonio de los docentes que fueron llamados por el área de Sumarios para decir que ese día habían trabajado) le mientan a la población diciendo que soy un director problemático, que ya tiene sumario”. Autonomía escolarRomero relató cómo fue que se desarrollaron los hechos el pasado jueves, cuando “los chicos trajeron un escribano, para ratificar lo que estaba pasando, pero yo les dije que no gastaron dinero ya que todos tenían la notificación por escrito con mi firma. Hoy (por ayer) ya no vinieron a la escuela”. En tanto, sobre su relación con las autoridades educativas de la Provincia remarcó que “el CGE dice que nosotros no podemos sancionarlos y que deberíamos tenerlos en la escuela, que estos son mayores de edad y que han cometido un hecho tipificado por el Código Penal. Así que, nosotros pensamos que tenemos la atribución dada por las normativas, el reglamento y en función de eso los chicos fueron sancionados”. “Mi preocupación es que el ministro no quiera entender que la escuela tiene autonomía en determinadas cosas y que ellos no pueden quitar el principio de autoridad que rige en toda institución educativa para poder tener un normal desenvolvimiento de las tareas pedagógicas. Es toda una filosofía y visión personal del ministro que no quiere entender razones y pone por delante conceptos filosóficos que son generales, pero que en las particularidades no tiene aplicación”, aseveró el docente.Y concluyó contando que “ellos se quejan que todo esto es un show mediático, pero nunca se acercaron a la institución para encontrar una forma de solucionar el problema. Y hablan escuchando una sola campana, nunca hablaron conmigo, tampoco lo hicieron con el alumno perjudicado, porque acá todos hablan defendiendo a los cuatro alumnos que cometieron el ilícito y nadie piensa en el estudiante que fue perjudicado”. Intervinieron la Escuela 736El pasado miércoles, desde el Consejo General de Educación afirmaron que la Escuela 736 de Bernardo de Irigoyen se quedó sin sus principales directivos tras la separación de la directora Gladys Gómez de Oliveira como a la vice Celia Sosa y estableció una intervención hasta tanto se esclarezca la situación. Como lo había adelantado PRIMERA EDICIÓN en ediciones anteriores, las diferencias entre los sectores que respaldan a cada una de ellas se tornaron irreconciliables y obligó al organismo a adoptar esta medida.“En este caso lo mejor es separar del cargo a las dos docentes que están en conflicto, hasta que se sepa a ciencia cierta qué pasa en esa escuela”, había dicho una fuente del CGE sobre la 736.
Discussion about this post