LA COLORADA, San Pedro. El 8 de abril de 2013 se llevó a cabo el más brutal y violento desalojo de campesinos que la historia democrática de Misiones haya jamás conocido: a las 4 de ese día, arribaron cientos de efectivos policiales, incluido el GOE (Grupo de Operaciones Especiales), con la orden de desalojar a los campesinos que desde hace años vivían y trabajaban en los parajes rurales conocidos como Puente Alto y La Colorada. El procedimiento, violento y sorpresivo, rompía lo pactado treinta días antes en una mesa de diálogo llevada a cabo en la sede de la Municipalidad de San Pedro, entre autoridades y delegados de las familias campesinas. Traicionó la mesa de diálogo en la que confiaron campesinos y organizaciones.Memoria de la violenciaCon cordones policiales a seis y quince kilómetros de los lotes a desalojar, impidieron todo tipo de ingreso, inclusive a los habitantes de las zonas intermedias. Los uniformados, al servicio de la empresa que se arroga la propiedad de esos lotes, y del Gobierno de turno, arremetieron contra personas y objetos, destruyendo y golpeando.“Escuché un ruido, era de madrugada y cuando me asomo veo como treinta policías que me dicen que tengo que abandonar mi casa y ahí nomás me sacan de un tirón, a mis hijos los sacaron de la cama y los empujaron fuera de la casa, mi hermana se desmayó cuando la arrojaron hacia afuera”, relató en su momento Iria, una de las madres desalojadas en el paraje Puente Alto.“Nos rompían las bolsas de mercadería, soltaban a los animales, nos tiraron los muebles desde una camioneta al costado del camino, destrozaron todo; a mi marido, como no quería abandonar su producción de tabaco lo maltrataron mucho y lo retuvieron”, contó Susana, vecina de La Colorada a PRIMERA EDICIÓN.A la caída del sol, arremetieron con golpes y disparos contra las familias desalojadas que se habían amontonado sobre la ruta provincial 17 con algunas de las pocas pertenencias que pudieron salvar del destrozo y el fuego de los uniformados. Se llevaron detenidas a trece personas, mayores y menores, todos en la misma celda. Incluso se negó a los padres de los menores la posibilidad de retirarlos. Los privaron de su libertad durante cinco días, sufrieron apremios ilegales y torturas, hechos que fueron debidamente denunciados en fiscalía pero cuya investigación y proceso permanecen estancados.DesinformaciónDurante los primeros días, el oficialismo trató de ningunear la situación, minimizando, distorsionando y desinformando a la sociedad. PRIMERA EDICIÓN fue uno de los pocos medios que llevó a cabo una cobertura informativa merecedora del calificativo de periodística a través de sus corresponsales, uno de los cuales fue insólitamente procesado por la Justicia en el marco de este hecho. A pesar de todo ello, el desalojo, de ribetes dramáticos, cobró difusión nacional y el Gobierno de Misiones no tuvo otra opción que hacerse cargo y buscar soluciones.AcuerdoLuego de un mes de reclamos sobre la ruta por parte de los campesinos junto a más de veinte organizaciones sociales y políticas que se solidarizaron con las familias despojadas, el 8 de mayo de 2013 se firmó un acta de acuerdo y compromiso que destrabó la situación, reconociendo el derecho a trabajar y producir en la tierra de los productores y comprometiéndose a brindar todo el apoyo estatal necesario para que ese fin se lleve a cabo: entrega de tierras, herramientas, proyectos productivos, asistencia alimentaria.Prometió así el Gobierno recomponer lo que él mismo había devastado a través de la violencia institucional.Compromisos sin cumplirA un año de un episodio que marcó sus vidas, las familias campesinas desalojadas decidieron reunirse en La Colorada, aquel punto simbólico del desastre y de la lucha, con dos objetivos: conmemorar ese día, dejarlo vivo en la memoria misionera para que nunca más se repita y exponer su situación actual, en la que muchos de los compromisos asumidos por el Gobierno aún no han sido cumplidos. En el encuentro participaron también el Partido Agrario y Social (PAyS), el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación.Alberto “Jair” Pudel es uno de los campesinos que sufrió el dramático desalojo y aún hoy no le han entregado tierras: “Decidimos encontrarnos hoy acá en La Colorada y compartir un guiso, hacer de esta fecha un símbolo de que esto no puede repetirse, no puede volver a suceder en nuestra provincia”, explicó. Y agregó: “Queremos exponer que hoy, a un año de nuestro desalojo, seguimos esperando que el Gobierno cumpla sus compromisos. Hay gente que aún está viviendo en carpa, hay gente que no recibió tierras para producir, los planes productivos no llegaron, no se están haciendo las cosas como se pactaron. Nuestra familia perdió todo, la tierra, la casa, el galpón, los animales, sobre todo la posibilidad de producir y vivir dignamente”.Para finalizar, Pudel planteó que “el intendente (de San Pedro, Miguel Dos Santos) sabe de nuestra situación pero no se preocupa, nos versea, yo todavía no recibí las tierras y primero me verseaba con que faltaba la mensura, y luego de la mensura me dijo que no sobraba tierra para mí. Yo no sé si en la provincia saben eso, pero nadie se hace responsable”.Alberto tiene esposa y cuatro hijos, y en este último año adelgazó doce kilos.“Yo perdí todas mis cosas”, se sumó Oscar Machado. “Recibí las tierras y cuando el Iprodha me trajo la casa no la pudieron entrar porque donde estamos no hay camino. Yo propuse que la bajen y yo la entraba en carro y me la armaba, pero consultaron con Dos Santos (por el intendente de San Pedro) y él les dijo que no la bajen ahí, que se la lleven y él hacía el camino y me la traía, pero nunca más volvió, sigo viviendo en carpa. Yo tenía casa, galpón, muebles, animales, me sacaron todo, y lo que no me robaron me rompieron o me quemaron, el esfuerzo de mi familia de toda la vida lo rompieron y quemaron impunemente”.Consultado acerca de la asistencia alimentaria y los proyectos productivos comprometidos por el Estado provincial, expresó: “Proyectos productivos no recibimos, sólo nos dieron cinco kilos de maíz, pero nosotros acostumbramos a plantar de a bolsas, ¿qué hacemos con cinco kilos? Nada. El intendente sólo nos miente, siempre dice ‘la semana que viene, la semana que viene’, pero nunca concreta. Ya pasó un año y seguimos viviendo bajo carpa, cuando a nosotros nos quemaron dos casas”.Juan Pechak todavía espera su tierra. Acostumbrado a producir, sufre el incumplimiento del Gobierno: “Hace un año que esto
y esperando, pero sólo nos mienten y nos mienten. A mí me rompieron todo, la casa, la cocina, las camas, todo. Cuando hablo con el intendente (Dos Santos), me conversa y me pasa de semana en semana. Ya pasaron cincuenta semanas y nada”. “Con mi familia estamos viviendo en la chacra de mi suegro, que tiene diez hectáreas, y somos ocho (personas). Es chica y somos muchos, no da para producir mucho”, lamentó. Por suerte, agregó, “yo pude salvar el galpón, lo desarmé y lo tengo en lo de mi suegro sin armar, a la espera de mi tierra, pero ya se está pudriendo y no llega mi tierra, sólo promesas. Y ya perdimos otra cosecha. Mando mensajes al intendente y ni siquiera me responde, no queremos perder otro año. Me siento engañado”, sentenció.Nunca másPromesas incumplidas, familias aun sin tierra y bajo carpa, proyectos productivos que nunca llegaron, asistencia alimentaria nula. A un año del brutal y violento desalojo, las familias campesinas esperan la concreción de los compromisos y se sienten abandonadas por el Gobierno.
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