BUENOS AIRES (Agencias y diarios digitales). El presente judicial del juez federal Norberto Oyarbide se complicó con la incorporación de nuevas denuncias judiciales y administrativas por el allanamiento frustradoen una financiera, en un caso en el que policías que cumplían sus órdenes están acusados de pedir sobornos invocando su nombre.Luego de recibir la advertencia del subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, según contó el propio magistrado, dispuso levantar el procedimiento.A raíz del escándalo, que roza al secretario del área y superior de Liuzzi, Carlos Zannini, diputados nacionales de la UCR y de la coalición UNEN denunciaron penalmente a Oyarbide y a Liuzzi.La acusación fue presentada por los diputados Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri, por los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento.La causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, pero no se descarta que se acumule a la que ya tiene el magistrado Luis Rodríguez y en la que se investiga a los policías denunciados por pedir una coima de 300.000 dólares, primero, y 2,5 millones de la misma moneda, después, para paralizar el procedimiento.Además, Garrido pidió a la Justicia que revisara el sobreseimiento que Oyarbide dictó en favor de Liuzzi en otra causa, concluida el año pasado, en la que el funcionario fue investigado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito. El argumento de Garrido es que el fallo que benefició al funcionario se debió a “la relación amistosa que existe entre ambos”.Lo últimoOyarbide ordenó el 19 de diciembre pasado una veintena de allanamientos en una causa por lavado de dinero, uno de ellos en la mutual Propyme, cuyo dueño, Guillermo Greppi, denunció que los oficiales de la división Difoc de la Policía Federal le pidieron plata en nombre del juez para no continuar el operativo. El juez reconoció que suspendió el operativo cuando recibió una llamada de Liuzzi, en la que lo alertaba de presuntas irregularidades en el procedimiento.“Es llamativo que un magistrado reciba llamadas telefónicas de funcionarios del Poder Ejecutivo, en las que se le hacen sugerencias sobre una causa judicial”, dice la denuncia. Y agrega que “la receptividad por parte del doctor Oyarbide presupone un trato previo, ya que, de lo contrario, no se explica cómo el juez confió plenamente en la veracidad del autor de la llamada y no supuso que podría ser un impostor”, sostuvieron los diputados.Sobre la base de la relación de Oyarbide con Liuzzi, Garrido pidió revisar el sobreseimiento del funcionario, ya que especuló que “es probable que haya pasado lo mismo que con la llamada telefónica y por eso pedimos que se revise qué pasó en esa causa”.En tanto, diputados del Frente Renovador presentaron ayer en el Consejo de la Magistratura una nueva denuncia contra Oyarbide, con lo que ya son cuatro los expedientes iniciados contra el juez por presunto mal desempeño por este mismo asunto.El Consejo trató las denuncias contra Oyarbide y la oposición propuso citarlo para que hiciera un descargo voluntario por escrito de las acusaciones en su contra, pero los representantes del kirchnerismo se negaron a analizar el tema. El oficialismo propuso que las denuncias comiencen a ser tratadas el próximo jueves, a las 10, en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo.La agrupación de abogados Será Justicia reclamó el viernes “la inmediata separación del cargo” de Oyarbide porque es pasible de manipulación de funcionarios públicos. “En la Argentina existen variadas prácticas del poder político sobre la Justicia que dañan su independencia”, dijeron los abogados. Y mencionaron “el alineamiento de algunos jueces con los intereses del poder político, el asedio a magistrados independientes y la interferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial, a través de la limitación de su autarquía financiera”.Por otro lado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires exhortó al Consejo de la Magistratura a que “procure preservar la independencia del Poder Judicial mediante la adopción de acciones dirigidas a restituir la confianza de la ciudadanía en la Justicia frente a hechos que ciertamente la ponen en duda”.“Lo cuestionable de la conducta del juez Oyarbide no se refiere a su opinión jurídica, sino al ostensible incumplimiento de un deber propio de los magistrados que tienen a su cargo la investigación para determinar la autoría de un delito”, señala la declaración.“Show mediático”El senador oficialista y miembro del Consejo de la Magistratura Marcelo Fuentes sostuvo hoy se montó “un show mediático” en torno a los dichos del juez Oyarbide y que se intentaba “suspender al magistrado sin el proceso de su defensa”.De esta manera, Fuentes relativizó el escándalo desatado luego de que Oyarbide afirmara que paró un allanamiento a una financiera a pedido de un funcionario del Gobierno, aunque sentenció que “si un magistrado suspende un allanamiento es reprobable y sujeto a una posible sanción”.No obstante, Fuentes subrayó en declaraciones a radio América que “han montado un show mediático alrededor de esto” e indicó que “se pretendía suspender al magistrado sin el proceso de su defensa”.Por ello, afirmó que “el oficialismo está parado en el marco del debido proceso” y que “si el juez Oyabide cometió una irregularidad se examinara bajo el debido proceso”, al tiempo que remarcó: “A mí no me van a armar un circo mediático”.“Esto marca la contradicción del discurso, porque nos dicen que perseguimos jueces y otros terminan persiguiendo jueces”, concluyó el consejero de la Magistratura.
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