POSADAS. El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional lleva adelante un fuerte endurecimiento de su política de “tolerancia cero” con deudores y con quienes hayan registrado presuntas “irregularidades” en el proceso de adjudicación de viviendas.En los últimos meses, en toda la provincia, el Iprodha ha realizado cientos de procesos de revocatoria de adjudicaciones a beneficiarios de viviendas, a los cuales les ha iniciado acciones judiciales y ha dado de baja la titularidad de sus casas.Según documentación a la que accedió PRIMERA EDICIÓN el organismo se sustenta en presuntas “irregularidades” que pueden ir desde la venta de la propiedad; la realización de mejoras y remodelaciones sin consultas ni permisos, la tenencia deshabitada del inmueble o el incumplimiento de las cuotas mensuales del contrato de adjudicación.Ante la detección de un caso de este tipo, el organismo intima a los propietarios y pasados los diez días ordena a su departamento interno que revoque y deje “sin efecto todo instrumento legal y/o acto administrativo por medio del cual se haya adjudicado oportunamente la vivienda”.En el caso que se trate de deudas, en el plazo de diez días de realizada la notificación, si no se han abonado las deudas “en concepto de amortización que registra más los intereses que se devenguen hasta el momento de su efectivización” se instruye “a la Dirección de Asuntos Jurídicos a promover las acciones judiciales tendientes al recupero de lo adeudado, en concepto de cuotas de amortización más los intereses que se devengan hasta el momento de su efectivización de la vivienda, así como toda otra acción que fuere necesaria, generadas como consecuencia de este Decisorio”, indica la documentación del Iprodha. El problema que acusan muchos adjudicatarios es que algunas notificaciones no les llegan a sus viviendas o sólo se enteran que fueron publicadas como edictos, en canales de difusión a los que no tuvieron acceso, pero muchos días después de vencidos los plazos.Consultora para censoLuego de la rebelión de los adjudicatarios, que obligó a retroceder los aumentos arbitrarios en las cuotas, a mediados de año el Iprodha convocó a licitación para contratar una consultora para que realice un censo habitacional de todas las viviendas construidas, la gestión extrajudicial de deudas de cuotas impagas y otros créditos (Mejor vivir, Plan Techo, etcétera) y detección de todas las “irregularidades habitacionales” para regularizarlas.El organismo necesita por todos los medios incrementar su recaudación. Por eso venía aplicando dos aumentos anuales de entre 10 y 30% cada uno. Explican desde el Iprodha que la Nación en los últimos años redujo en envío de recursos económicos y se tuvo que echar mano al bolsillo de los adjudicatarios para no bajar demasiado la actividad de la construcción.Igualmente el nivel bajó. Hasta el 2007 se inauguraban barrios de 300 viviendas en promedio, sin embargo, en el último lustro, la mayoría de las inauguraciones no superaban las cincuenta casas.Con los arbitrarios aumentos se compensó un poco la necesidad de recursos; pero alteró los ánimos de los adjudicatarios que explotaron este año cortando la ruta y manifestándose en varias ciudades, principalmente Garupá y Eldorado.Ante la dura postura de los vecinos, el presidente del organismo cedió, y retrajo una pequeña parte de los últimos aumentos a las cuotas mayores de 300 pesos. La intención del organismo es censar toda la provincia, denunciar las casas que no estén ocupadas, intimar las deudas por viviendas y créditos, y también incluir otras irregularidades que podrían ser el mayor motivo de la polémica, ya que las construcciones, refacciones o ampliaciones que no hayan sido autorizadas por el Instituto podrían considerarse irregularidades.El argumento del organismo es que los precios de los materiales de construcción y el costo salarial se incrementa todos los años, y que para seguir construyendo viviendas, el valor de las cuotas debe perseguir el mismo porcentaje del aumento de la construcción.Sin embargo, los referentes de la protesta afirman que las casas ya entregadas están totalmente saldadas con fondos nacionales y provinciales. Pero además, sostienen que si las cuotas persiguen los índices de aumento de la inflación se desvirtúa la finalidad solidaria y social que debería tener el organismo.
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