BUENOS AIRES (Medios Digitales). Mientras espera el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el Gobierno presentó un recurso ante el máximo tribunal norteamericano en contra de la sentencia que avaló el juez Thomas Griesa.Así lo confirmó el Ministerio de Economía, que conduce Hernán Lorenzino, al indicar que “hoy (por el lunes) la Argentina presentó el primer recurso extraordinario (Writ of Certiorari) ante la Corte Suprema de los Estados Unidos de Nueva York”.“Es un primer recurso contra la sentencia dictada el pasado 26 de octubre de 2012 (por el tribunal), cuando aún se aguarda un fallo definitivo”, precisaron.Estos movimientos del equipo económico, que trabajó el fin de semana en el escrito, marcan la pauta de que el juicio que enfrenta el país contra los bonistas en default se extenderá en el tiempo, al margen del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que se podría concretar en las próximas semanas.La Argentina estiró la presentación del recurso hasta el plazo de vencimiento previsto para el lunes, “de manera de no anticipar los argumentos de una futura apelación contra la resolución definitiva de la Cámara”, que aún no se produjo, y que de acuerdo al resultado “podrá ser objeto de otro recurso posterior también ante la Corte Suprema”, agregaron las mismas fuentes.La presentación del país atacó exclusivamente dos aspectos de la sentencia de la Cámara que confirmaron decisiones del juez Griesa, y que a criterio del país, “afectan cuestiones federales que son las únicas que puede revisar la Corte Suprema”.En primer lugar, el escrito sostiene que “si una Corte viola la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), al ejecutar reclamos monetarios contra un país mediante el otorgamiento de órdenes que restringen el uso de sus activos ubicados no sólo en EEUU, sino también fuera de su territorio, (esto) supone ir más allá del ámbito de ejecución que prevé la Ley”.El segundo punto afirma que, “si una Corte Federal puede emitir medidas cautelares con anterioridad a la sentencia, forzando a un país a pagar un reclamo puramente monetario, va así en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a que los remedios equitativos tradicionales no incluyen órdenes diseñadas para forzar pagos acordados contractualmente o el cumplimiento específico de obligaciones monetarias”.
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