POSADAS. Aunque deberían permanecer en un centro de detención especializado, más de un centenar de personas procesadas por la Justicia están detenidas en las comisarías de Posadas, en una situación que choca directamente contra los tratados internacionales vigentes incorporados a la Constitución Nacional.El relevamiento fue realizado en los últimos días por PRIMERA EDICIÓN y desnuda un antigüo problema del sistema judicial argentino, que se mantiene en el tiempo, al menos desde los inicios de la era democrática.Si bien en las comisarías hay quienes aseguran que la situación de los presos “podría ser peor”, la realidad indica, primero, que la ley impide la detención de procesados (un “procesado” es alguien a quien la Justicia, luego de cerrar la primera instancia de investigación, le imputa un delito) en dependencias de este tipo y, segundo, que las policías provinciales -en este caso la Policía de Misiones- tienen como principal función la seguridad pública y no la guarda y custodia de detenidos de ese tipo.Justamente, en abril de 2007 se inauguró en Miguel Lanús, en el Gran Posadas, la Unidad Penal VI del Servicio Penitenciario Provincial. El denominado “Instituto de Procesados y Encausados” fue creado para alojar a los detenidos procesados que en ese momento permanecían en las comisarías de la capital y la provincia. Sin embargo, el centro de detención rápidamente se vio superado en su capacidad y, otra vez, el viejo y grave problema se hizo presente.En seis comisaríasPese a que la situación supera todas las normas vigentes a nivel nacional e internacional, al menos en Posadas son seis las comisarías “habilitadas” para la detención de individuos procesados por la Justicia.Una de ellas es la seccional Primera, en Villa Sarita, que alberga un promedio de 25 procesados, según pudo establecer este diario. Las instalaciones son bastante nuevas, casi como en la Decimosegunda, en el barrio Laurel, donde el promedio es de unos 15 detenidos con procesamiento confirmado. La otra seccional dependiente de la Unidad Regional I es la Decimotercera, en la chacra 241, donde permanecen tras las rejas unos 20 procesados.Con respecto a la Unidad Regional X, que tiene jurisdicción sobre el sur del Gran Posadas, en la flamante seccional Octava (inaugurada hace menos de un año, cerca de avenida Cocomarola) están a disposición de la Justicia unos 16 detenidos imputados. En la Decimoprimera, en A-4, son unos 8 y, en la Decimocuarta, en el barrio Fátima, cerca de 25.El total estimado es apenas superior al centenar (109, en promedio) y, pese a que las instalaciones en general son nuevas y los procesados permanecen separados de los demorados por faltas contravencionales, la situación sigue chocando con la ley.Sobre las causas, se sabe que en las comisarías aguardan por su suerte procesados por homicidios, abusos sexuales o robos calificados. Pero no solamente los hay del ámbito provincial: varios detenidos corresponden a la Justicia Federal por delitos de esa índole como contrabando o falsificación de documentos públicos.En todos los casos, en una clara muestra del choque de “competencias” entre las fuerzas que deben amañarse para lidiar con el problema, son los penitenciarios (tanto provinciales como federales) quienes están obligados a preparar las raciones de comida, que luego reparten los policías a cada comisaría, según la causa que se le sigue a cada uno.“Como la UP-VI está saturada, se los mete en las comisarías. Pero las comisarías no son lugares para detener gente; la Policía no está para cuidar detenidos”, le explicó a PRIMERA EDICIÓN el abogado penalista Eduardo Paredes, de reconocida trayectoria en el ámbito local.Paredes fue más allá y explicó que “el primer problema, particularmente en Misiones, es que hay detenidos sin condena, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pacto de San José de Costa Rica y una vasta cantidad de precedentes establecen que la prisión preventiva debe ser por un tiempo limitado y ante peligro de fuga”.“Este problema es permanente en nuestro país y Misiones está en ese rango. Eso nos demuestra que la calidad institucional es mala y sigue con los mismos estándares con los que se manejaba sobre el final de la dictadura”, reflexionó el letrado, quien aseguró que esta situación tiene estricta relación “con que nunca se discutió seriamente el aparato judicial y no hay un modelo definido de Justicia. Esta es la principal deuda de la democracia”. Encuadre legalA continuación, algunos fragmentos de la presentación que Horacio Verbitsky hizo ante la Justicia bonaerense el 15 de noviembre de 2001, como representante legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Se trata de un habeas corpus colectivo y correctivo a favor de todas las personas privadas de su libertad y detenidas en establecimientos policiales de la provincia de Buenos Aires.“Muchas personas permanecen detenidas en comisarías, pese a que la Constitución y la ley lo impiden, consignando además, que gran cantidad de los detenidos continuaban en dichas instalaciones pese a haber vencido el plazo que la ley menciona para su alojamiento excepcional, y si bien había sido ordenado el traslado de gran parte de ellos a unidades penitenciarias, éste no se había hecho efectivo por falta de cupos en éstas”.“Muchas de las personas detenidas en comisarías se encuentran procesadas con prisión preventiva,por lo que su detención debe llevarse a cabo en dependencias carcelarias propiamente dichas, pertenecientes al ServicioPenitenciario, invirtiendo de esta manera los roles del personal policial, que debe garantizar la seguridad de aquéllos,cuando dicha tarea no corresponde a su órbita institucional”.El recurso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 3 de mayo de 2005 se conoció el fallo, que ordenó fijar estándares de protección de los derechos de los presos que los distintos poderes provinciales deben respetar para cumplir con el mandato de la Constitución Nacional y con los pactos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. También ordenó verificar y remediar las condiciones indignas de detención de los presos detenidos a su disposición (…). Por último, exhortó a los poderes ejecutivos y legislativos provinciales a revisar la legislación que regula la excarcelación y la ejecución penitenciaria y a tomar como parámetro la legislación nacional en la materia. El Instituto de Procesados, desbordadoEl único centro de detención para procesados con el que cuenta el Servicio Penitenciario Provincial está emplazado en Miguel Lanús. Es la Unidad Penal VI, el Instituto de Encausados y Procesados,
donde en teoría deben permanecer detenidos los procesados hasta -en el peor de los casos- recibir una condena.El establecimiento fue inaugurado el 20 de abril de 2007 y tiene capacidad para 230 detenidos. Como figura en la página web oficial del SPP, “en él fueron alojados los detenidos que hasta ese momento se encontraban en las distintas comisarías dependientes de la Policía de la provincia de Misiones”.Sin embargo, el lugar rápidamete se colmó, como lo demuestran las estadísticas aportadas en este informe y también la investigación por el crimen de la docente Carmen Mirta Rosa, el pasado 14 de febrero en el barrio Los Potrillos de Garupá. La Justicia procesó por el hecho a dos efectivos policiales y ordenó su detención en la UP-VI. Sin embargo, ante la falta de lugar, ambos debieron ser trasladados a la UP-I de Loreto, donde estuvieron una semana. Luego regresaron.
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