POSADAS. Misiones tiene más de un millón de habitantes en el interior de sus fronteras y casi la mitad carece de título de propiedad o tiene una situación de vivienda precaria, es decir que habita en ranchos, asentamientos, en espacios prestados, no adecuados como albergue o que no cuentan con los servicios básicos ni condiciones mínimas. Los datos corresponden al censo del 2010 y a organizaciones no gubernamentales que operan en la provincia y en el país, que cuentan con relevamientos locales y nacionales.Este flagelo atraviesa la provincia de punta a punta, desde Puerto Iguazú hasta la Capital provincial, desde la costa del río Uruguay a la del Paraná, en poblados pequeños o grandes ciudades urbanas.El problema es mucho más hondo y amplio de lo que se discute luego del desalojo de Pozo Azul. El Gobierno corre a tapar los agujeros cada vez que estalla un conflicto con los productores del interior o las villas y asentamientos de las ciudades. Pero la burocracia lentifica todo, como la Ley de Arraigo que está casi con diez años de aprobada y todavía no entró en plena vigencia.No alcanzará ni de cerca con las 83 mil hectáreas con las que el gobierno planea realizar su “reforma agraria” que en el mejor de los casos beneficiará a 16 mil familias con cinco hectáreas para cada una; un espacio considerado muy pequeño por colonos consultados, en comparación con las 25 hectáreas con las que cuenta el promedio de los productores de la provincia. Incluso la ley de Arraigo y Colonización establece una parcela de 25 hectáreas como una extensión aceptable para producir. El tamaño de la parcela que podría repartir el gobierno es cinco veces menor.En el ámbito urbano, la única respuesta contundente que brinda el gobierno es a través del Iprodha, impulsando planes de construcción de viviendas y arreglos o terminaciones de casas precarias.No se avizora desde el ámbito municipal ni tampoco del provincial una propuesta de solución integral al problema que representan las villas y los asentamientos en el Gran Posadas, que incluye a las afueras de esta ciudad y el municipio de Garupá, donde se radican miles de familias (serían más de 12 mil) en villas y asentamientos en absoluta situación de vulnerabilidad.Tampoco hay gestos fuertes por solucionar esta misma problemática en los municipios de Oberá, Eldorado, San Vicente y Puerto Iguazú que, según el último censo, son los distritos con mayor cantidad de familias con viviendas precarias o tenencia irregular.No tener regularizada la propiedad de la tierra trae consecuencias a las personas como también a los Estados. Los ocupantes no pueden acceder a servicios básicos como el agua o la energía eléctrica, tampoco créditos, ni asistencia del gobierno. Y los estados, municipales o provinciales, no pueden recaudar en concepto de tasas por servicios o impuestos.En definitiva, se estima que las parcelas reales en Misiones son casi el doble de las registradas en la Dirección de Catastro de la Provincia.El 10% con 60% de tierrasSegún datos no oficiales de la Dirección de Catastro, a los que accedió este diario, en Misiones cerca de la mitad de la población carece título de propiedad de las tierras donde habita. Misiones comparte, con Santiago del Estero los primeros lugares del ranking nacional referido a la situación irregular de la tenencia de tierra.Ya en los orígenes de Misiones como territorio nacional, prácticamente toda la provincia quedó en manos de un puñado de familias. Según registros históricos, antes de 1900 se había vendido casi la totalidad de las tierras en menos de 40 compradores; los cuales después volvieron a revender las propiedades quedando todo en nueve poderosos propietarios, entre ellos Gregorio Lezama, Bernardino Acosta, Rudecindo Roca y Antonio Gallillo.El reparto de las tierras y la distribución poblacional sobre ellas refleja las desigualdades sociales que los numerosos gobiernos no han podido – algunos y no han querido otros – resolver en forma permanente.Actualmente, casi el 90% de la población es poseedora del alrededor del 40% de la superficie de Misiones. El 10% restante se queda con el dominio sobre el 60% de las extensiones territoriales provinciales.Solo unos 250 propietarios son dueños de prácticamente un tercio del territorio misionero.Esto refleja dos aspectos claves a tener en cuenta para la promocionada reforma agraria que impulsa el Frente Renovador: primero que debe lidiar con pocos pero muy poderosos terratenientes o empresarios; y segundo que el conflicto no es nuevo, es histórico y proviene desde la fundación misma de Misiones como provincia. Quiere decir que, por lo menos, faltó voluntad política de tomar el problema de raíz en 10 años de la Renovación en el poder y otros 50 años de los gobiernos anteriores. Sin lugar a dudas, en los últimos años se hizo más que en décadas anteriores, pero sin ningún tipo de dudas, el problema continuará agravándose si se considera el crecimiento de la población local, que tiene la tasa de natalidad más alta (quiere decir que nacen más niños que en otras provincias del país) y el número total de habitantes crece más rápido que en el resto de las provincias. Lo cual significa que cada vez hay más habitantes y familias que reclaman y reclamarán su espacio para producir o vivir.Según datos del último Censo Nacional 2010, es Misiones la provincia que tiene la edad promedio más baja del país, con la mayoría de su población cercana a los 22 años, justo la edad en que muchísimos jóvenes comienzan a formar su familia y tener hijos. Esto refleja que el problema es inmediato, urgente, y no resiste otra década mirando para el costado.El gobernador hizo mención a la situación ya que indirectamente sugirió que los trámites de títulos de propiedad deberían tener mayor velocidad y por eso propuso el 1º de mayo pasado que sea el Iprodha el organismo que se encargue, en reemplazo de la Subsecretaría de Tierras, ya que el Iprodha posee mayor capacidad de gestión, con personal administrativo, abogados, contadores, escribanos y agrimensores, además de tener mucho más presupuesto.Características socialesEn las dos últimas décadas, Misiones ha experimentado profundas mutaciones en su estructura agraria y en la actividad forestal. Esto denota un fuerte proceso de concentración fundiaria.Se ha notado una sustancial reducción de la superficie fiscal entre 1988 y 2002 de 228 mil a 72 mil hectáreas. Una hipótesis que se plantea con este proceso es que la privatización de tierras fiscales en la provincia esté vinculada a la expansión de la foresto industria.Esto ha generado la característica de que las ocupaciones tengan
la particularidad de asentarse sobre tierras “privadas” en situación irregular, y ello es lo que ha desatado sendos debates sobre el derecho a la propiedad privada y las garantías de inviolabilidad. Las “nuevas colonias” surgieron como ocupaciones espontáneas, posteriormente reconocidas y legalizadas por el Estado.Los agricultores mediante la figura de la compra-venta de mejoras y a través del encadenamiento de redes familiares, ocuparon estas propiedades, esperando obtener la legalización de la tenencia, de manera similar a los procesos que ocurrieron en décadas anteriores sobre extensiones fiscales La propiedad “se hace” mediante la adquisición y realización de mejoras (casa, rozados, galpones, plantaciones), creando derechos que luego pueden negociarse con el propietario. Las organizaciones consideran legítima la lucha por la tierra en el caso del ocupante que invade “por necesidad” y no tiene otra chacra. Sin embargo, el productor que ya dispone de una parcela y se instala en una propiedad puede estar obedeciendo también a un objetivo de reproducción social (instalar a sus hijos).Los estudios muestran que la coyuntura es más compleja cada día que pasa ya que la capacidad del Estado para satisfacer las demandas a la tierra es menor y dada la expansión de la actividad forestal, ha aumentado el interés por el valor de la tierra.Villas en las ciudadesPosadas, Eldorado, Iguazú, San Vicente, Oberá y Garupá son los municipios con más graves problemas de asentamientos irregulares, villas miserias, ocupaciones y tomas de predios y viviendas.El drama se agravó durante la década de los 90 cuando se produjeron grandes migraciones desde las chacras a las grandes ciudades, por los bajos beneficios económicos que generaban los productos agrarios.En Posadas las chacras 145, la 76, las chacras 178 y 187 sobre avenida Urquiza, en las chacras 17, 61 (frente al cementerio La Piedad) y 187, todas tierras del IPS, y en las chacras 26 y 27 de Parque Adam, entre otras tienen asentamientos con graves síntomas de vulnerabilidad social.Además los Barrios San Onofre, San Lorenzo, Nemesio Parma y San Isidro están repletos de ranchos cuyos habitantes no son propietarios.Relevamientos no oficiales estiman que la ciudad capital tiene unas siete mil familias (unas 40 mil personas) o más en villas y asentamientos. Esto sin contar el grueso grupo que habita barrios consolidados pero tampoco tiene título de propiedad.A fines de la década del 80, las villas de emergencia eran cerca de 15 en Posadas, hoy suman unas 40. Y similares situaciones afectan a Eldorado, Oberá e Iguazú.En Puerto Iguazú la Municipalidad no dispone de terrenos para la venta ya que todas las zonas fiscales están ocupadas por familias provenientes de zonas rurales e incluso de otros países. Tanto es así que la Municipalidad y el Iprodha debieron suspender la construcción de un barrio de viviendas a raíz de la ocupación del espacio.San Vicente presenta características similares, con grandes asentamientos repartidos alrededor de la zona urbana y en las afueras de la ciudad. Sin contar las colonias antiguas y las nuevas que se formaron hace pocos años.Eldorado tiene más de siete mil familias que se instalaron en asentamientos de ranchos y casillas, en zonas marginales, sin los servicios básicos necesarios, en condiciones de extrema precariedad y sometidos a la voluntad del municipio y del Estado, cuando quiera ayudarles. Una fracción importante proviene del Paraguay y otro sector se trasladó desde las chacras en las últimas dos décadas.Incluso la falta de documentación personal es una constante en este tipo de situaciones. El resonante “caso de María Ovando” fue reflejo de lo que muchos misioneros padecen dentro del territorio provincial todos los días.Garupá tiene prácticamente la misma cantidad de villas y asentamientos que Posadas, e involucran casi la misma cantidad de ciudadanos, aunque los asentamientos son más recientes. Casi el 60% de la población no tiene documentación para justificar los espacios que ocupan, según organizaciones no gubernamentales. Incluso hasta estos días hay predios que siguen recibiendo familias que construyen ranchos y casillas. El caso más reciente involucra un codiciado predio sobre la costanera.
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