POSADAS. Tres policías de la comisaría seccional Quinta fueron arrestados el martes, a la noche, por orden del juez de Instrucción 6 de esta ciudad, Ricardo Walter Balor. Fuentes de la causa indicaron que están vinculados con la muerte de Carmen Mirta Rosa, de 47 años, cuyo cuerpo fue hallado el 14 de febrero pasado, a un costado de una cancha de fútbol del barrio Los Potrillos, en el municipio de Garupá.Se trata de un oficial ayudante, un agente y un cabo. Los dos primeros serían hermanos.La causa tomó un giro inesperado el lunes, en horas de la noche, cuando una comitiva policial, encabezada por el juez Balor, llegó a la dependencia situada cerca de la Garita y procedió al secuestro del Libro de Guardia y otras documentaciones, como informes y memorandos.Entre esos papeles estaba incluso el sumario policial que informó sobre el hallazgo del cuerpo de Rosa, la tarde del 14 de febrero, pero no se encontró registro alguno del ingreso de esta mujer a la comisaría seccional Quinta.Justamente, esa circunstancia habría llevado a la Justicia a allanar la comisaría. La medida tenía su razón de ser. Al menos tres testigos habrían asegurado que vieron el preciso instante en que un móvil policial levantaba a Carmen Mirta Rosa, antes de ser hallada muerta.Esa situación habría sido confirmada por los mismos uniformados implicados en la causa. De ser así, ese solo hecho ya compromete seriamente a los integrantes de la patrulla, por no dejar registro del procedimiento y violar las más mínimas garantías individuales de todo ciudadano.No se puede levantar gente en patrulleros sin ningún tipo de respeto a las normas de procedimiento, menos aún sin dejar constancia de ello, justamente para evitar episodios de esta naturaleza. Pero el objetivo del juez Balor es otro y mucho más complejo: determinar cómo se produjo la lesión (estallido de vejiga) que produjo la muerte a la víctima.Al menos tres profesionales de la salud habrían coincidido en que puede ocurrir por compresión, generalmente por un golpe devastador.Estas dos últimas aristas son las que podrían comprometer a los policías: ¿la subieron al móvil y golpearon para después abandonarla a un costado de la cancha del barrio Los Potrillos? Un interrogante que sólo la Justicia puede responder. El tiempo dirá. Trasladados a comisarías diferentes Los tres policías que son investigados por su presunta vinculación con la muerte de Carmen Mirta Rosa fueron alojados en distintas dependencias policiales, después de que el juez Ricardo Walter Balor ordenara el secreto de sumario y la incomunicación de los sospechosos.El procedimiento de traslado se produjo en un contexto de absoluto hermetismo de Jefatura, que no informó del allanamiento a la comisaría Quinta aunque ayer se apuró a destacar que Asuntos Internos había iniciado el sumario administrativo correspondiente.En realidad, a esta altura de las circunstancias no es trascendental, sobre todo cuando la Justicia penal ya intervino en la causa y ordenó el arresto de tres uniformados.Ahora el grueso y significativo de todo pasa por determinar si los tres policías tuvieron responsabilidad, o no, en el deceso de esta mujer de 47 años, ex docente.En un principio, el accionar deliberado de subir a una persona a un patrullero asoma rayano con lo ilegal. Los mismos familiares de la víctima reclaman ya la calificación de privación ilegítima de la libertad. Hoy, con una marcha a la altura de la estación de servicios RAM, en Garupá, comenzarán a clamar por Justicia. No había registros de detención o demoraLos sabuesos judiciales no hallaron registros del ingreso de Carmen Mirta Rosa a la comisaría seccional Quinta ni de su demora o detención.Al menos tres testigos habrían asegurado que vieron a la mujer cuando subía a un móvil policial, poco antes del hallazgo del cuerpo.La autopsia determinó que el deceso se produjo por “estallido de vejiga”, una lesión que, generalmente, se produce por un golpe feroz.De confirmarse que Rosa ascendió al móvil policial sin que se dejara registro de esa circunstancia, los integrantes de la patrulla podrían afrontar cargos por “privación ilegítima de la libertad”.Desde la comisaría seccional Quinta se aclaró que el personal subalterno jamás informó del ingreso, demora o detención de una mujer y menos con esa identidad.Si fue así, vale suponer que el accionar de los miembros de la patrulla fue unilateral y sin consultar a la superioridad.La causa recién comienza pero avanza a paso sostenido. La Justicia se tomará su tiempo para definir lo que sucedió.
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