POSADAS. Misiones aprobó y puso en vigencia desde fines del año pasado el protocolo para la realización de abortos no punibles. No obstante, según precisó el ministro de Salud Pública, Oscar Herrera Ahuad, ninguna paciente solicitó hasta el momento la aplicación del protocolo. En principio, Herrera Ahuad indicó que las intervenciones se centralizarán en un único hospital, en el Materno Neonatal de Posadas, pero desde el Ministerio “garantizamos la aplicabilidad de este protocolo”, aseveró el funcionario.El protocolo vigente en Misiones es fiel al espíritu del fallo de marzo del año pasado de la Corte Suprema de Justicia -basado en el artículo 86 del Código Penal- que reconoció el derecho de cualquier mujer a interrumpir un embarazo producto de una violación, sin la necesidad de contar con una denuncia policial. “Alcanza con la simple manifestación de la víctima para realizar el aborto”, ratificó Herrera Ahuad.Una guía a seguir Por su parte, al ser consultado sobre esta cuestión, el director del hospital Materno, Hugo Ocampo, indicó que ese nosocomio cuenta con la infraestructura para hacer este procedimiento, “somos el hospital de referencia de tocoginecología, no puntualmente para este tema. La normativa nacional (refiriéndose a la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación, en su versión actualizada de 2010) establece que todos los hospitales, cada uno de acuerdo a su mayor o menor complejidad, deben aplicar el protocolo”.Ocampo señaló que -más allá de la guía del Ministerio de Salud Pública sobre atención de los abortos no punibles- “se analiza cada caso en forma particular, es muy difícil dar una información general porque se puede prestar para malas interpretaciones, o que deje traslucir una cuestión de facilismo, como si es un procedimiento en oferta o que todo está lindo, porque no es así. La guía establece el camino a seguir y cada hospital y centro de salud de acuerdo a sus recursos y posibilidades debe tratar de dar la mejor vía de solución para cada caso en particular”. Ocampo confirmó que nadie solicitó un aborto no punible en los últimos meses. Situación en las otras provinciasDe acuerdo al informe, realizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) que se presentó ayer, “Aborto no punible. Primer aniversario del fallo. ¿Qué obtuvimos y qué nos queda por obtener?”, Misiones es una de las diez provincias (junto a Mendoza, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca y San Juan) que no aprobó un protocolo de aborto no punible, es decir, no acató el fallo del máximo tribunal judicial del país. Evidentemente, este relevamiento culminó antes de que se pusiera en vigencia el protocolo en la provincia, lo que se mantuvo con cierta reserva hasta el momento. Según este informe, los protocolos que más se ajustan a lo dispuesto por la Corte son los de Chubut, Santa Fe, Chaco, Jujuy y Tierra del Fuego. Estos adhieren de modo expreso o en su sustancia a la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles, en su versión actualizada de 2010, redactada por el Ministerio de Salud de la Nación. En tanto, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén aprobaron protocolos que “obedecen en forma parcial la exhortación de la Corte”, asegura ADC. Mientras que Salta y Entre Ríos regulan únicamente el procedimiento en casos de violación, excluyendo las causas de salud y riesgo de vida de la mujer. Críticas al Estado nacional El informe de esta organización civil sostiene que el Estado nacional tampoco cumple con el pedido de la Corte. Desde ADC se recordó que, en julio de 2010, el Estado anunció que la Guía había sido elevada al rango de resolución ministerial. Sin embargo, al día siguiente, ante el revuelo de un sector de la opinión pública, el Ministerio de Salud emitió un comunicado negando que su titular hubiera firmado la resolución. “La falta de resolución ministerial es uno de los factores que han posibilitado la inaccesibilidad sistemática a los abortos no punibles en forma segura”, advirtieron desde la Asociación por los Derechos Civiles. Cuestionan además que el Ministerio de Salud no haya planteado esta cuestión en el ámbito del Consejo Federal de Salud, (Cofesa) a fin de adoptar una política nacional y promover en todo el país que se atiendan estos casos con el protocolo guía.
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