GINEBRA, Suiza (AFP-NA-Infobae). La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó su preocupación por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucionales artículos de una ley de 2011 que había determinado que los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985) eran imprescriptibles.“Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la Justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país”, expresó la alta comisionada, citada en un comunicado del organismo.“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, añadió.La decisión de la Corte, adoptada el viernes por cuatro votos contra uno, “abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, sostuvo el comunicado.“Esta alarmante noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota -quien ha estado a cargo de investigar cerca de cincuenta casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese período- fuera abruptamente trasladada por la Suprema Corte de su jurisdicción penal a un tribunal civil”, agregó el texto.Piden explicaciones Por otro lado, legisladores de la coalición oficialista Frente Amplio convocaron a la Suprema Corte para que explicara el traslado, pero ésta anunció que declinaba la invitación y que enviaría su respuesta por escrito. Ese anuncio provocó que el Movimiento de Participación Popular (MPP), el más votado dentro de la agrupación de izquierda, planteara un juicio político a los ministros de la Suprema Corte.Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica y senadora del MPP, declaró: “Si no contesta el pedido de explicaciones por el traslado de Mota hay que discutir si eso dispara el mecanismo de pedirle cuentas, que es el juicio político. Porque sería en ese caso”. Sin embargo, aclaró que “tiene que ser una decisión de todo el Frente Amplio”.Topolansky sostiene que su partido está “defendiendo al Poder Judicial” y expresó: “Queremos un Poder Judicial fuerte, independiente y en equilibrio con los otros dos poderes”.
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