El Gobierno de Misiones formalizó el uso de tarjetas de débito corporativas para realizar compras y afrontar gastos de funcionamiento de las dependencias públicas. La medida establece controles, límites de utilización y responsabilidad personal de los funcionarios autorizados, quienes deberán devolver el dinero cuando corresponda por gastos que no puedan justificar.
La disposición fue oficializada mediante la Resolución 276 de la Contaduría General de la Provincia, publicada en el Boletín Oficial de ayer, y alcanza a los fondos permanentes y cajas chicas de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.
Las tarjetas estarán vinculadas a cuentas bancarias oficiales y serán personales e intransferibles. Cada funcionario autorizado responderá directamente por cualquier utilización indebida, excesiva o ajena a los fines institucionales.
La normativa establece que todas las operaciones deberán contar con comprobantes respaldatorios y que las rendiciones tendrán que acompañarse con los extractos bancarios correspondientes, para permitir el seguimiento y control del destino de los recursos públicos.
Uno de los puntos centrales es la prohibición de financiar compras en cuotas, generar intereses o dividir una misma operación en varias facturas para evitar los límites establecidos. Los pagos deberán realizarse mediante débito inmediato y respetando los montos autorizados para cada dependencia.
También se permitirá utilizar las tarjetas para abonar servicios esenciales mediante débito automático, siempre que estén contratados a nombre del organismo público y se presenten las facturas correspondientes.
La extracción de dinero en efectivo solamente estará autorizada de manera excepcional y debidamente fundamentada, con obligación de justificar posteriormente cada gasto mediante comprobantes.
En caso de operaciones rechazadas por incumplir las condiciones legales, los funcionarios deberán responder por los importes comprometidos y reintegrarlos cuando corresponda. Para cargos erróneos se establece un plazo de 48 horas para presentar descargos o efectuar reclamos bancarios.
Ante pérdida, robo o sospecha de uso indebido, el titular deberá bloquear inmediatamente la tarjeta y comunicar el hecho dentro de las 24 horas hábiles.
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