El Gobierno de Pedro Sánchez volvió a aprobar este martes dos decretos de emergencia en materia de vivienda que habían sido rechazados por el Congreso pocos días antes, en una decisión que coloca de lleno la crisis habitacional en el centro de la campaña electoral española.
La medida llegó apenas un día después de que Sánchez anunciara la disolución de las Cortes y convocara a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, casi ocho meses antes de la fecha prevista originalmente. Con el Parlamento ya disuelto, los nuevos decretos deberán pasar ahora por la Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas funciones parlamentarias durante el período electoral.
El núcleo de las normas mantiene buena parte de las medidas que habían sido rechazadas el viernes. Entre ellas se encuentran la ampliación hasta 2030 de la protección contra los desahucios de personas vulnerables, límites a determinadas actualizaciones de alquileres, regulación de contratos temporarios y por habitaciones, restricciones a compras especulativas de viviendas por parte de grandes fondos y distintos incentivos fiscales.
Uno de los decretos también contempla una prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler que vencen antes de fines de 2028, mientras que el segundo busca establecer la renovación automática de contratos de vivienda habitual. Este último punto enfrenta mayores dificultades por el rechazo expresado por el Partido Nacionalista Vasco.
El conflicto por estas medidas fue uno de los factores que aceleró la decisión de Sánchez de adelantar las elecciones. El viernes pasado, el principal decreto cayó por 178 votos contra 172, con el rechazo del Partido Popular, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. Esa derrota parlamentaria profundizó una crisis política que ya venía acumulando tensiones dentro y fuera del Congreso.
Sánchez defendió la decisión de volver a presentar los decretos y sostuvo que las condiciones que dieron origen a las medidas no cambiaron. Afirmó además que las propuestas son “ambiciosas, razonables y necesarias” frente a una situación que el Ejecutivo considera de emergencia social.
La oposición cuestionó la maniobra y sostuvo que el Congreso ya había rechazado las normas cuando estaba en pleno ejercicio de sus funciones. Vox calificó la decisión como una “cacicada”, mientras que sectores conservadores también advirtieron que algunas de las medidas podrían reducir la oferta de viviendas en alquiler y generar mayor incertidumbre jurídica.
Alquileres cada vez más difíciles de pagar
La crisis habitacional no es nueva, pero en los últimos meses ganó una dimensión política mucho mayor. Según Reuters, la vivienda se mantiene desde hace años entre las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre jóvenes y hogares urbanos. En algunas ciudades, el costo del alquiler absorbe una proporción cada vez mayor de los ingresos y el acceso a la vivienda propia se volvió más difícil.
El problema combina varios factores: aumento de la demanda en grandes ciudades, falta de construcción suficiente, trabas administrativas, expansión de los alquileres temporarios y turísticos, escasez de vivienda social y una fuerte concentración de oportunidades laborales en determinados centros urbanos.
España tiene, además, una proporción relativamente baja de vivienda social dentro del contexto europeo, lo que limita la capacidad del Estado para ofrecer alternativas públicas en momentos de fuerte presión sobre el mercado privado.
Un caso que encendió las protestas
La tensión social se intensificó después del intento de desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años en Madrid, cuyo caso generó protestas masivas y volvió a poner el foco en los desahucios y en la situación de los inquilinos vulnerables.
A partir de ese episodio se multiplicaron las movilizaciones, incluidas protestas en Madrid y Barcelona. Organizaciones de inquilinos reclamaron medidas más duras contra los desalojos y contra los grandes fondos inmobiliarios, mientras algunos sectores incluso convocaron a una huelga general por la crisis de vivienda. Ese clima social terminó trasladándose al Congreso y ahora también a la campaña electoral.
Qué proponen los decretos
El paquete reactivado por el Gobierno incluye medidas de distintos tipos. Entre las más relevantes aparecen:
- ampliación de la protección frente a desahucios de personas vulnerables hasta 2030;
- límites a determinadas subas y actualizaciones de alquileres;
- regulación de contratos temporarios y por habitaciones;
- restricciones a operaciones consideradas especulativas de grandes fondos;
- incentivos fiscales para pequeños propietarios e inquilinos;
- IVA del 10% para pisos turísticos;
- reducción al 4% para vivienda protegida;
- mecanismos de financiación para primera vivienda;
- préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para compradores de primera vivienda, dentro de un programa que prevé movilizar hasta 10.000 millones de euros.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan frenar abusos y ampliar el acceso a la vivienda. En cambio, sectores de la oposición y representantes del mercado inmobiliario advierten que una regulación demasiado estricta podría desalentar inversiones y reducir aún más la oferta disponible.
Con las Cortes disueltas, la clave pasa por la Diputación Permanente del Congreso. Ese órgano, integrado por 69 miembros incluida la presidenta de la Cámara, asumirá determinadas funciones durante el período electoral. La nueva relación de fuerzas podría mejorar las posibilidades del Gobierno en al menos uno de los decretos, ya que el voto de Junts no tendría el mismo peso que en el pleno ordinario.
El segundo decreto, sin embargo, enfrenta un escenario más complejo por la oposición del PNV a la renovación automática de contratos. Por eso, aunque el Ejecutivo haya vuelto a aprobar las medidas, su continuidad todavía no está garantizada.
Una campaña marcada por la vivienda
El adelanto electoral convirtió el acceso a la vivienda en uno de los principales campos de disputa entre el PSOE, el Partido Popular y Vox.
Sánchez buscará defender su política de regulación y protección de inquilinos, mientras que el PP plantea una estrategia orientada a aumentar fuertemente la construcción y agilizar el planeamiento urbanístico. Reuters señala que el líder popular Alberto Núñez Feijóo propuso construir 250.000 viviendas por año.
La discusión, sin embargo, excede la campaña. España arrastra un déficit estructural de vivienda que podría acercarse al millón de unidades hacia 2028, según estimaciones citadas por Reuters, y enfrenta un mercado tensionado entre propietarios, inquilinos, grandes fondos, alquiler turístico y competencias descentralizadas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Así, lo que comenzó como una disputa parlamentaria terminó transformándose en uno de los grandes ejes de las elecciones del 29 de noviembre. La vivienda pasó de ser una política sectorial a convertirse en una discusión sobre alquileres, propiedad, regulación del mercado y hasta el modelo social que España llevará a las urnas.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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