El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre durante una conferencia que brindó en el palacio de la Moncloa durante la cual defendió el trabajo de su Gobierno durante la legislatura.
La decisión se luego del fracaso este viernes de la votación de los dos decretos ley sobre vivienda impulsados por el gobierno de Sánchez, rechazados por PP, UPN, Vox y, de nuevo, Junts.
Además, llamó a los ciudadanos españoles a decidir si quieren que España se sume a la “ola ultraderechista” que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”, según medios españoles.
“Hace más de tres años las urnas decidieron apostar por un Gobierno progresista. Lograrlo no ha sido fácil, nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, el regreso de las guerras en Europa y Oriente Medio. Hemos trabajado con un Congreso muy bronco. Hemos combatido élites económicas muy poderosas, y también la peor oposición. Hemos transferido a los gobiernos autonómicos más poder que nunca. A pesar de todo, el Gobierno de coalición no ha dejado de trabajar”, señaló.
Asimismo, añadió: “Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y, al mismo tiempo, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando genocidas, combatiendo tecnoligarcas, frente a altares con motosierra”.
“Sé que hemos cometido errores, no hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto. Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Necesitamos reformas para que la ciudadanía pueda lograr reducir los niveles de desigualdad. Por eso, tras informar al jefe del Estado, convoco el Consejo de Ministros extraordinario. Los españoles tienen que decidir qué papel quieren jugar, si quieren que nuestro país retroceda o avance, un Gobierno que trabaje por la mayoría social”, expresó.
Ni Ceuta ni acusaciones de corrupción: fue Maricarmen
El anuncio de Sánchez llega tres días después del fracaso de una votación clave en el Congreso, que este viernes buscaba aprobar los dos decretos ley de vivienda que se elaboraron en respuesta al clamor social que ha seguido al desahucio de Maricarmen, de 87 años, que la semana pasada fue expulsada de la casa en la que llevaba viviendo más de siete décadas, en Madrid.
Las imágenes de los antidisturbios entrando a su vivienda y sacándola en camilla dieron la vuelta al mundo, provocando reacciones incluso en la ONU.
Las manifestaciones en su apoyo desembocaron el sábado por la tarde en una acampada en la Puerta del Sol que ha ido creciendo desde entonces: ya suma más de 2.000 tiendas de campaña y ha comenzado a extenderse por las calles cercanas. Más de una semana después, las protestas no han perdido fuelle: este fin de semana, se han extendido por una docena de ciudades, y solo en Madrid salieron a la calle el sábado decenas de miles de personas, que buscan presionar para hacer una huelga general.
Sin embargo, pese a la presión social, la aritmética parlamentaria acabó imponiéndose el pasado viernes. El PP y Vox mostraron su oposición desde el principio, criticando unos decretos que, en su opinión, penalizan a los propietarios de vivienda y que no resuelven el que, para ellos, es el principal problema del sector: la falta de oferta. Tras una legislatura en la que “menos vivienda nueva se ha construido”, Pedro Sánchez “ha intentado hacer creer que esta situación es responsabilidad de la oposición”, dijo Alberto Núñez Feijóo tras la sesión del Congreso.
Junts era clave. Y en un inicio, parecía que Sánchez contaría con su apoyo para el primero de los decretos, que recogía muchas de las medidas defendidas por los catalanes (de ahí la idea de trocear el segundo con la propuesta que más recelo causaba en las filas de Junts, la prórroga automática de los alquileres) y que solo necesitaba de su abstención. Pero, finalmente, los de Carles Puigdemont decidieron ‘no’.
Qué se rechazó en el Congreso español
El primer decreto reunía protecciones frente a desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, límites a compras especulativas hasta 2028 y un IVA del 10% para pisos turísticos. El segundo, con un único artículo, obligaría a justificar la falta de renovación del alquiler e indemnizar al inquilino.
El Ejecutivo español negoció hasta el último momento para lograr apoyos, pero solo obtuvo el respaldo de Sumar, Podemos y ERC para ambos textos. El PNV y Coalición Canaria únicamente apoyaron el primero. No fue suficiente.
Fuente: Noticias Argentinas e Infobae.
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