El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, volvió a colocar la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas en el centro de la disputa entre Argentina y las empresas que participan del emprendimiento. El desarrollo prevé comenzar a producir petróleo en marzo de 2028, con una capacidad máxima cercana a los 50.000 barriles diarios.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en aguas de aproximadamente 450 metros de profundidad. La iniciativa es operada por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration tiene el 35% restante.
De acuerdo con la planificación de las compañías, la primera etapa contempla la perforación de 11 pozos submarinos, conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. El objetivo inicial es recuperar unos 170 millones de barriles de petróleo, mientras que una evaluación independiente realizada en julio de 2026 estimó reservas probadas y probables de alrededor de 314 millones de barriles para las dos primeras fases del área.
La decisión final de inversión fue adoptada en diciembre de 2025 y las empresas establecieron marzo de 2028 como fecha prevista para obtener el primer petróleo. Para avanzar con el desarrollo, la financiación anunciada contempla unos 1.800 millones de dólares hasta alcanzar la primera producción y alrededor de 2.100 millones de dólares para completar el proyecto, incluidos costos financieros y contingencias.
El avance de Sea Lion generó una nueva respuesta del Gobierno argentino, que sostiene que la explotación de hidrocarburos en esa zona requiere autorización nacional. En ese marco, el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar el alcance de las sanciones aplicables a empresas y actores vinculados con actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
El régimen actualmente vigente se basa en la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada posteriormente, que contempla sanciones para determinadas actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización. Entre las medidas previstas figuran inhabilitaciones, multas y penas de prisión. Las disposiciones también pueden alcanzar, bajo determinadas condiciones, a quienes participen mediante operaciones financieras, comerciales, logísticas o técnicas relacionadas con esas actividades.
Según la legislación vigente, la exploración puede quedar alcanzada por penas de cinco a diez años de prisión, mientras que para actividades de extracción, transporte o almacenamiento se contemplan penas de entre 10 y 15 años, además de otras sanciones. Su aplicación, de todos modos, requiere acreditar las conductas y responsabilidades correspondientes mediante los procedimientos establecidos por la legislación argentina.
La disputa también llegó al ámbito judicial. El 16 de septiembre se conoció una resolución que ordenó detener perforaciones, instalaciones offshore y construcciones portuarias relacionadas con Sea Lion hasta que se realice una evaluación ambiental por parte de autoridades argentinas. Mientras las empresas mantienen su objetivo de comenzar la producción en 2028, el proyecto continúa atravesado por el reclamo argentino de soberanía, el régimen de sanciones vigente y la iniciativa legislativa que busca modificarlo.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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