El Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para enviar al Congreso con el objetivo de que las nuevas concesiones de rutas nacionales queden exentas del pago de impuestos de jurisdicción nacional, provincial y municipal. La iniciativa forma parte del proceso de privatización de los caminos bajo jurisdicción de Nación y busca, según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, incentivar nuevas inversiones en infraestructura vial.
El anuncio fue realizado por el funcionario durante su participación en el evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso. Allí anticipó que el Gobierno propondrá que las nuevas inversiones en rutas tengan una carga tributaria cero.
“Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal”, afirmó Caputo al explicar los lineamientos de la iniciativa.
La primera etapa del programa contempla unos 6.000 kilómetros de rutas distribuidos en distintos puntos del país, que serán licitados durante los próximos meses. De acuerdo con lo anticipado por el Gobierno, el nuevo esquema de concesiones podría extenderse posteriormente hasta alcanzar unos 12.000 kilómetros.
La propuesta apunta a que las empresas que se hagan cargo de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas nacionales no queden alcanzadas por tributos de los distintos niveles del Estado.
Sin embargo, para que la exención incluya impuestos provinciales y municipales, el Gobierno necesitará contar con el acompañamiento de gobernadores e intendentes. Caputo se mostró confiado en conseguir ese respaldo y sostuvo que los mandatarios coinciden en la importancia de promover inversiones en infraestructura.
“Ellos coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental”, sostuvo el ministro.
Según explicó, la eliminación de la carga impositiva tendría como finalidad generar mayores incentivos para las empresas privadas y reducir los costos del proceso de desarrollo de las obras viales. La intención oficial es que las inversiones puedan concretarse con mayor rapidez.
El anuncio se produce en un contexto marcado por los reclamos de gobernadores e intendentes por el estado de las rutas nacionales y la falta de obras de mantenimiento.
Los cuestionamientos de las administraciones provinciales y municipales por las condiciones de distintos corredores viales se han repetido en los últimos años. Incluso, algunos distritos lograron que determinados caminos pasaran a estar bajo su jurisdicción ante la falta de obras de mantenimiento y mejoras por parte del Estado nacional.
La nueva estrategia oficial también se da en medio de una fuerte reducción de los recursos destinados a la infraestructura vial y a los organismos nacionales vinculados con el sector.
De acuerdo con un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto destinado a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) cayó a su nivel más bajo en tres décadas. En conjunto con las partidas correspondientes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), registró una reducción real del 70% entre 2023 y 2025.
Fuerte caída de los fondos para mantenimiento y obras
El informe de ACIJ señaló que las partidas destinadas al mantenimiento de las rutas nacionales tuvieron una caída real del 60% entre 2023 y 2025: pasaron de $826 mil millones a $333 mil millones.
El organismo también estimó que durante 2026 el gasto podría volver a reducirse y alcanzar unos $248 mil millones.
Una situación similar se registró en las partidas destinadas a obras de construcción vial. Según el análisis citado, los recursos pasaron de $1.054 mil millones en 2023 a $265 mil millones en 2025.
El impacto de la reducción presupuestaria también se reflejó en las jurisdicciones subnacionales. Desde ACIJ remarcaron que la disminución del gasto se verificó de manera generalizada en las provincias.
En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, el gasto devengado pasó de $468,5 mil millones en 2023 a $70,2 mil millones en 2025. El informe señaló que también se registraron caídas de magnitud similar en provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Con este escenario como telón de fondo, el Gobierno apuesta ahora a un esquema de concesiones con incentivos fiscales para atraer capital privado hacia las rutas nacionales, una iniciativa que deberá pasar por el Congreso y que, para alcanzar plenamente el beneficio tributario propuesto, también requerirá acuerdos con las jurisdicciones provinciales y municipales.
Fuente: Noticias Argentinas
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