El Ministerio de Derechos Humanos proyecta para 2027 un presupuesto de casi $4.000 millones, con un incremento del 16% respecto del ejercicio vigente, destinado a sostener las políticas de asistencia a sectores vulnerables, comunidades mbya guaraníes y víctimas de trata de personas.
La ministra Karina Aguirre presentó las previsiones de su cartera ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes y definió la propuesta como “austera”, aunque aseguró que permitirá mantener las principales líneas de intervención. Entre las prioridades mencionó las políticas de inclusión y de memoria, verdad y justicia, junto con el trabajo de la Dirección de Asuntos Guaraníes. Para las comunidades mbya, la planificación contempla acciones vinculadas con producción, asistencia e infraestructura.
“Poder trabajar con lo que es la producción, darle asistencia y poder brindar infraestructura es uno de los ejes fundamentales que tenemos dentro del Ministerio”, explicó.
Aguirre destacó además la necesidad de articular las intervenciones con Salud, Educación y otras dependencias para evitar que las problemáticas sociales se aborden aisladamente. “Si uno se aísla y se vuelve un compartimento estanco seguramente le va a ir mal”, sostuvo.
Trata y explotación laboral
Otro de los ejes para 2027 será la prevención y asistencia a víctimas de trata. La ministra advirtió particularmente sobre el crecimiento de la explotación laboral y los riesgos adicionales derivados de la condición fronteriza de Misiones.
Según explicó, personas que buscan mejores oportunidades económicas pueden trasladarse hacia Brasil sin suficiente información sobre las condiciones laborales que encontrarán, por lo que consideró fundamental reforzar las tareas preventivas. Misiones integra además el grupo de cinco provincias que mantienen un convenio con la Nación para asistir a víctimas de trata mediante un subsidio equivalente a un salario mínimo vital y móvil.
Ese aporte constituye una excepción dentro del financiamiento de la cartera. “Todo lo demás lo manejamos con fondos propios”, precisó Aguirre, y remarcó que la Provincia mantuvo la asistencia pese a las restricciones económicas.
El acompañamiento a las víctimas incluye desde la intervención inicial y eventual repatriación hasta la búsqueda de alternativas que permitan reconstruir su autonomía. “Fundamentalmente lo que hacemos desde el Ministerio es darle un nuevo proyecto de vida”, explicó.
Con recursos limitados, Aguirre sostuvo que la articulación entre organismos será determinante para ampliar la capacidad de respuesta durante 2027. “No es dinero, sino que son respuestas para el misionero y la misionera”, resumió.
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