Tras la decisión del Gobierno nacional de habilitar un mecanismo para que las provincias puedan avanzar en el bloqueo de teléfonos celulares clandestinos detectados dentro de establecimientos penitenciarios, en Misiones el Servicio Penitenciario Provincial explicó cómo funciona actualmente el sistema de comunicaciones para las personas privadas de su libertad y anticipó que por ahora continuará vigente el esquema provincial.
El alcaide general René Alfredo Ledesma, jefe de la División Régimen Correccional, explicó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones que las ocho unidades penitenciarias de la provincia cuentan con un protocolo de llamadas que comenzó a implementarse durante la pandemia y que fue ajustándose con el paso de los años.
“Nosotros por ahora seguimos con nuestro sistema”, afirmó Ledesma, quien aseguró que el mecanismo vigente “funciona” y que fue evolucionando desde 2020.
El sistema no supone que todos los internos tengan libremente un celular dentro de las unidades. Según explicó Ledesma, la autorización se analiza particularmente en aquellos casos en los que la persona privada de su libertad tiene poco contacto con familiares o dificultades para recibir visitas.
Para ello interviene el servicio social de cada establecimiento. Una trabajadora social elabora un informe sobre la situación del interno y, posteriormente, el personal penitenciario evalúa si corresponde permitirle el acceso al dispositivo. Cuando se concede la autorización, la familia debe presentar la factura correspondiente al equipo.
La política que se viene implementando apunta además a reemplazar progresivamente los smartphones por teléfonos de tecnología analógica, similares a los celulares antiguos, con funciones considerablemente más limitadas.
Ledesma explicó que esta decisión busca reducir las posibilidades de acceso a redes sociales y otras herramientas digitales, especialmente teniendo en cuenta que algunas personas pueden haber sido condenadas por delitos cometidos precisamente a través de medios tecnológicos.
Dos horas diarias y teléfonos bajo custodia
Los equipos autorizados no permanecen en poder de los internos durante todo el día. El teléfono y su correspondiente chip quedan resguardados por el Servicio Penitenciario y son entregados exclusivamente durante el horario establecido.
“Los internos desarrollan su horario de teléfono en las unidades dos horas por día”, indicó el funcionario. En la mayoría de los establecimientos, precisó, el uso está previsto entre las 18 y las 20, aunque pueden contemplarse excepciones justificadas.
Entre ellas mencionó situaciones como la enfermedad de un familiar o dificultades derivadas de los horarios laborales de las personas que se encuentran fuera de la unidad. Esos casos también deben ser constatados por el servicio social.
Sin redes sociales ni billeteras virtuales
Antes de comenzar a utilizar el teléfono, el interno debe firmar un acta de compromiso. Allí queda establecido que el dispositivo será utilizado exclusivamente para comunicarse con familiares y con su defensor, vínculo que desde el Servicio Penitenciario consideran necesario para garantizar tanto el contacto afectivo como la relación con la Justicia.
El compromiso incluye además la prohibición de utilizar redes sociales y billeteras virtuales. Una vez finalizado el horario de comunicación, el interno debe informar a quién llamó y la comunicación queda asentada en un libro de registro de llamadas. El SPP también realiza controles aleatorios de los dispositivos para comprobar que se respeten las condiciones establecidas.
Ledesma explicó que el personal no manipula directamente los celulares: se solicita al propio interno que encienda el aparato y muestre su contenido para verificar que no existan aplicaciones o usos prohibidos.
Qué ocurre si aparece un celular no autorizado
El procedimiento cambia cuando durante una requisa se encuentra un equipo que no forma parte del sistema autorizado. En esos casos, el dispositivo es incautado y se intenta determinar quién es su propietario. Si alguna persona se responsabiliza por el teléfono, se procede al secuestro y se da intervención a la Justicia.
Ledesma remarcó que los equipos autorizados son fácilmente identificables porque permanecen registrados y bajo custodia penitenciaria junto con sus correspondientes chips. Es precisamente sobre los dispositivos clandestinos donde podría tener incidencia el nuevo esquema promovido a nivel nacional, en caso de que Misiones avance con su adhesión.
Consultado sobre si la provincia necesita sumarse al nuevo sistema nacional, Ledesma evitó anticipar una definición sobre una eventual adhesión, aunque defendió el funcionamiento del mecanismo vigente. “A nosotros nos funciona”, señaló y explicó que el modelo fue perfeccionándose desde la pandemia y que la progresiva incorporación de teléfonos analógicos permitió reducir el acceso a redes y herramientas digitales.
Sin embargo, remarcó que la política penitenciaria no pasa solamente por el control tecnológico, sino también por preservar determinados vínculos que forman parte del proceso de reinserción. “Acá son personas que se han equivocado en la vida y hay que ir controlándolos y darles la oportunidad de que cambien”, expresó.
En ese sentido, destacó especialmente dos herramientas dentro de las unidades: la educación y la familia. “Si verdaderamente no tiene contacto con la familia o los seres queridos, no va a salir una persona mejor de lo que entró”, sostuvo.
De esta manera, mientras cada jurisdicción analiza la posibilidad de incorporarse al nuevo mecanismo impulsado desde la Nación, Misiones mantendrá por el momento su esquema de comunicaciones controladas, basado en dispositivos registrados, horarios restringidos, custodia penitenciaria y seguimiento individual de los internos autorizados.
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