El Gobierno nacional oficializó una reducción del 20% en las tarifas de los servicios de practicaje y pilotaje utilizados para la navegación en ríos, puertos, pasos y canales del país, luego del conflicto generado por la reforma regulatoria impulsada a fines de julio. La medida fue establecida mediante la Resolución 46/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma dispone una disminución del 20% sobre el resultado final de las tarifas calculadas de acuerdo con el régimen de tarifas máximas vigente desde 2018.
La decisión forma parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y representantes de los prácticos y baqueanos luego de varios días de tensión.
El conflicto se originó después de que el Ejecutivo aprobara, mediante el Decreto 690/2026, un nuevo reglamento para los servicios de practicaje y pilotaje con el argumento de eliminar exigencias consideradas obsoletas y facilitar el ingreso de nuevos prestadores. Tras su entrada en vigencia, representantes del sector iniciaron medidas de fuerza que afectaron el normal funcionamiento del servicio.
Frente a esa situación, el Gobierno dictó el Decreto 716/2026, que suspendió los efectos de la reforma y restituyó temporalmente las reglas anteriores. Además, creó una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Seguridad, Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y entidades del sector.
Entre las medidas acordadas se incluyeron la normalización de la prestación del servicio, la suspensión de la nueva regulación, la elaboración de otro reglamento mediante una mesa intersectorial y la reducción del 20% de las tarifas.
La Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante prestaron conformidad con la rebaja, según consta en la resolución.
La disminución tarifaria permanecerá vigente mientras continúe suspendido el Decreto 690/2026, por lo que su duración estará atada a la resolución definitiva del conflicto y a la eventual aprobación de un nuevo marco regulatorio.
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