La semana que comienza marcará uno de los debates más trascendentes de los últimos años para Misiones. El próximo jueves 6 de agosto el Senado de la Nación volverá a tratar el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, cuyo capítulo referido a las tierras rurales propone eliminar buena parte de las restricciones que actualmente establece la Ley 26.737 para la adquisición de campos por parte de personas, empresas y Estados extranjeros.
Aunque el proyecto tiene alcance nacional, pocas provincias viven la discusión con la intensidad de Misiones. Su condición de provincia fronteriza, la importancia estratégica de sus recursos naturales, la historia de concentración de tierras y el alto porcentaje de superficie ya extranjerizada hicieron que el debate trascendiera rápidamente el plano legislativo para convertirse en una causa política, institucional y social.
En apenas dos semanas se produjo un hecho poco frecuente en la política provincial: sectores con trayectorias e intereses muy diferentes comenzaron a confluir en una misma posición. El gobernador Hugo Passalacqua fijó públicamente la postura del Gobierno de Misiones en defensa de la tierra y los recursos naturales. A partir de allí comenzaron a sucederse pronunciamientos de intendentes, exintendentes, organizaciones agrarias, ambientales, sindicales, sociales, partidos políticos, excombatientes de Malvinas e incluso de la Iglesia Católica, todos reclamando que los representantes misioneros en el Senado rechacen las modificaciones propuestas.
El debate gira alrededor de un punto central: la eliminación de los límites que hoy establece la Ley de Tierras para la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros. La normativa vigente fija un tope del 15% del territorio nacional, provincial y departamental, además de otras restricciones vinculadas a zonas de seguridad de frontera y superficies estratégicas. El proyecto que impulsa el Gobierno nacional elimina buena parte de esos límites bajo el argumento de fortalecer el derecho de propiedad y promover inversiones.
Quienes rechazan la iniciativa sostienen, en cambio, que la modificación podría acelerar un proceso de concentración de tierras que en algunas regiones del país ya presenta niveles elevados y que, en una provincia como Misiones, tendría consecuencias sobre la soberanía territorial, el acceso a los recursos naturales, el arraigo rural y la planificación del desarrollo.
La discusión también llega atravesada por el contexto económico. La crisis que afecta a la producción yerbatera, forestal y a otros sectores agropecuarios alimentó el temor de que numerosos pequeños y medianos productores puedan verse obligados a vender sus tierras en un escenario de creciente presión de grandes capitales nacionales e internacionales.
En ese marco, la sesión del jueves será seguida con especial atención desde Misiones. Los tres senadores nacionales -Carlos Arce, Sonia Rojas Decut (pertenecientes a Encuentro Misionero) y Martín Goerling (PRO)- quedaron en el centro de la escena política. Durante los últimos días crecieron los pedidos públicos para que expliquen cuál será el sentido de su voto y representen la posición que mayoritariamente expresa la provincia.
En el caso de Arce y Rojas Decut, ambos mantuvieron una reunión con el gobernador Hugo Passalacqua y, según trascendió posteriormente, analizarían rechazar específicamente el capítulo referido a la extranjerización de las tierras rurales. Si bien esa definición todavía no fue oficializada, la posibilidad generó expectativas en distintos sectores que vienen impulsando el rechazo al proyecto.
Martín Goerling, por su parte, también aparece bajo la mirada de numerosos sectores políticos y sociales que le solicitaron pronunciarse sobre una iniciativa considerada estratégica para el futuro territorial de la provincia, pero ya adelantó su voto positivo.
A diferencia de otros debates nacionales, donde las posiciones suelen dividirse entre oficialismo y oposición, la discusión sobre la tierra terminó construyendo en Misiones un escenario diferente. El eje dejó de ser exclusivamente ideológico para convertirse en una discusión sobre soberanía, recursos naturales y defensa del territorio.
Por eso, más allá del resultado parlamentario, la semana que comienza será decisiva. El jueves no solo se definirá el futuro de un capítulo de la Ley de Tierras. También quedará expuesto cómo interpreta cada senador el mandato de representar los intereses de una provincia que, pocas veces como ahora, logró expresar una posición política y social tan amplia frente a una decisión del Congreso Nacional.
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