No importa cuándo se lea esto. Importa la vigencia de una tesis de fondo que resiste el paso del tiempo, las nomenclaturas coyunturales, los sesgos ideológicos y la rotación de los gobiernos. Las administraciones del Estado no subsisten únicamente por la legitimidad del voto. Viven, fundamentalmente, de contratos invisibles y pactos distributivos implícitos. Son acuerdos tácitos que articulan la relación entre la ciudadanía y la conducción política. La sociedad asume un determinado costo (económico, social o individual) bajo la premisa de que existe una recompensa al final del sendero. Ese pacto funciona como ancla de la gobernabilidad y combustible del poder.
Toda gestión construye el suyo. Raúl Alfonsín pidió paciencia para consolidar las instituciones democráticas. Carlos Menem prometió previsibilidad tras el colapso hiperinflacionario. Néstor Kirchner ofreció crecimiento y consumo tras la crisis de la convertibilidad. Cristina Fernández de Kirchner planteó un desarrollo basado en la industrialización nacional. Mauricio Macri habló del esfuerzo necesario para “normalizar” la economía. Alberto Fernández prometió la reconstrucción de la demanda agregada tras la pandemia.
Javier Milei también edificó su propio contrato de gobernabilidad por expectativas. En su génesis, la ecuación era lineal y sencilla de comprender: la rigidez del ajuste fiscal resultaba indispensable para erradicar la patología de la alta inflación. Una franja sustancial de la sociedad convalidó la lógica del programa. El costo en términos de actividad es severo, pero la meta actuaba como un ancla clara: la inflación era el enemigo visible y el sacrificio tenía un destino.
Sin embargo, a la vuelta de estos años, la dinámica interna de ese acuerdo comenzó a mutar. Agotado el primer efecto anestésico del desplome del IPC, la agenda macroeconómica colisionó de frente con la microeconomía de los ingresos reales. La inflación dejó de ocupar el centro exclusivo de la escena y emergió una pregunta restrictiva: ¿cuándo empieza a mejorar la vida cotidiana? Allí comenzó otra etapa: el contrato original de expectativas mutó hacia un contrato de paciencia, sujeto a una tasa de descuento social cada vez más alta.
Los indicadores sectoriales componen un cuadro convergente. La Formación Bruta de Capital Fijo registra caídas mientras el sector corporativo posterga decisiones de inversión productiva; los salarios reales permanecen estancados; el consumo privado continúa sin encontrar una aceleración sólida; la informalidad absorbe la expulsión del empleo formal y la morosidad del sistema crediticio muestra alzas históricas.
En el interior productivo -como lo sintomatiza la compresión de márgenes en la cadena yerbatera misionera o la pérdida de rentabilidad del sector cerealero del centro del país- se descubren las tensiones del modelo: la desinflación y el equilibrio fiscal no corrigen automáticamente la ecuación de ingresos de la economía real si persisten el atraso cambiario y la sobrecarga de costos fijos. Analizados de forma aislada, estos datos representan variaciones de frecuencia alta; pero puestos en un amplio contexto, exponen la trama de una economía que logró estabilizar algunas variables nominales, pero que aún no consigue transformar esa solidez en bienestar para la inmensa mayoría.
Ante la demora en los rendimientos cotidianos, el Poder Ejecutivo reconfiguró su esquema de legitimidad. La narrativa económica cedió espacio a la administración de un tiempo diferido: la maduración de los proyectos bajo el RIGI, la convergencia inflacionaria, el despegue del crédito o la recomposición salarial exógena. La política actual empieza a habitar como pocas veces el adverbio “mientras”.
Esta sustitución de rendimientos reales por capital simbólico explica la hiperactividad de Milei en la agenda teórica, los debates sobre la autoridad monetaria o la construcción de un liderazgo geopolítico en la “ola azul” regional junto a figuras como Nayib Bukele, Daniel Noboa, Antonio Kast y Donald Trump. La política exterior produce las victorias de representación internacional que la economía doméstica todavía no consigue volcar al bolsillo. Incluso la batalla cultural y la estrategia de comunicación oficial responden a la necesidad de mantener la centralidad narrativa en una conversación pública que ya mira otros aspectos.
Esa fricción temporal explica por qué la Casa Rosada y las gobernaciones miran con obsesión el calendario electoral. Los mandatarios provinciales ya hacen cuentas: ¿cuánto vale hoy la cercanía con el oficialismo nacional y cuánto valdrá en los próximos meses? Cuando el shock de estabilización reduce su velocidad de transmisión sobre la actividad real, la macroeconomía vuelve a requerir de la política tradicional para administrar las tensiones sociales, la ingeniería de alianzas… y los tiempos.
La historia argentina demuestra que las sociedades son capaces de asimilar ajustes severos y prolongados si perciben un horizonte claro. Pero también enseña que la paciencia se desgasta. Bajo esa lógica, el debate central se desplaza desde la magnitud del sacrificio hacia la validez del destino prometido.
Resquebrajamiento y refugio fiscal
Esta tensión entre la paciencia social, la administración del tiempo y la necesidad de sostener la gobernabilidad encuentra en Misiones un laboratorio político verdaderamente singular. Mientras a nivel nacional la discusión gira en torno a la vigencia del contrato de expectativas, en la provincia el contrato político tradicional entró en un proceso de reconfiguración inédito.
La real ruptura entre el exconductor Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua expuso las costuras de la extinta renovación y sacó a la luz dinámicas de poder hasta ahora veladas. Entre ellas, la praxis de exigir a los candidatos a legisladores la firma de dimisiones sin fecha antes de asumir las bancas, un mecanismo de vasallaje político que recuerda a contratos del siglo pasado.
Esa costumbre, utilizada durante años como un botón de expulsión automático ante cualquier atisbo de indisciplina, colapsó cuando la disputa de liderazgo se volvió pública. El rumor de que el rovirismo -que retiene la presidencia de la Cámara de Representantes a través de Sebastián Macias- podría activar esas renuncia en blanco para eyectar a los legisladores no alineados desató acciones en la tropa oficialista: un grupo de al menos catorce legisladores y con la mirada puesta en conformar un nuevo bloque alineado con el Gobernador, presentó un escrito formal para ratificar la decisión de cumplir sus mandatos y neutralizar cualquier maniobra de destitución ilegítima.
Con la reanudación de la actividad parlamentaria, la correlación de fuerzas en la Legislatura misionera cambiará drásticamente: el rovirismo, que antes del receso conducía una mayoría absoluta de 21 representantes, arriesga quedar reducido a un núcleo duro de apenas cuatro o cinco leales, mientras el resto se reacomoda abroquelado en Movimiento por lo que Viene (en adelante “el Movimiento”), desde donde se esperan más novedades en las próximas semanas en el marco de la ruptura política que marca estos meses.
En medio de este terremoto político, el Poder Ejecutivo provincial remitió a la Cámara el proyecto de Ley General de Presupuesto para el ejercicio 2027.
El proyecto provincial funciona como una radiografía de los impactos del modelo macroeconómico nacional en la gestión territorial. Passalacqua destina en esta ocasión el 62,95% de las erogaciones a la inversión social (salud, educación y asistencia) y un 14% al desarrollo de la economía y la obra pública local. El mensaje que acompaña la iniciativa explicita la pesada carga que supone el retiro del Estado nacional de las provincias desde 2024.
La interrupción de transferencias clave como el FONID, las partidas para infraestructura vial, los giros para la caja previsional y la eliminación de programas como el Remediar, obliga a Misiones a absorber con fondos propios prestaciones básicas para evitar el colapso de los servicios esenciales.
A este desfinanciamiento directo se suma el impacto de la política macroeconómica sobre la estructura productiva regional: la desregulación de mercados clave (con la pérdida de facultades del INYM en el sector yerbatero), la apertura de importaciones y la apreciación cambiaria afectan de manera directa la rentabilidad de las economías regionales, la actividad comercial fronteriza y a los sectores exportadores. De hecho, la crisis que atraviesa la actividad yerbatera encontró el jueves un fuerte respaldo institucional por parte de Passalacqua y de la Iglesia católica.
Así las cosas, la política misionera administra hoy los tiempos de un consenso social desgastado por la coyuntura nacional, pero también reordena su propia arquitectura de poder interno mientras intenta amortiguar, con recursos cada vez más escasos, los efectos concretos del ajuste libertario sobre la economía real.
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