El Gobierno de Javier Milei destinó más de 2.000 millones de pesos a los operativos de seguridad desplegados durante las movilizaciones de jubilados que, cada miércoles, se concentran frente al Congreso Nacional para reclamar una mejora en sus ingresos. Así lo señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que elaboró un informe a partir de información oficial proporcionada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva.
De acuerdo con los datos oficiales, cada operativo tuvo un costo promedio de 48.535.094 pesos, correspondiente únicamente a combustible y gastos de equipamiento. El CELS remarcó que se trata de una estimación “conservadora”, ya que el cálculo no contempla las horas de servicio obligatorio ni los adicionales de los cerca de 40.000 efectivos movilizados durante el año, información que el Ministerio no incluyó en su respuesta.
Entre enero y diciembre de 2025 se realizaron 43 operativos con participación de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina. En promedio, cada intervención contó con 915 efectivos.
El operativo de mayor magnitud se llevó a cabo el 12 de marzo de 2025, cuando 1.266 integrantes de fuerzas federales participaron del despliegue de seguridad frente al Congreso. Ese día resultó gravemente herido el fotoperiodista Pablo Grillo tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un efectivo de Gendarmería.
Por ese hecho se encuentra procesado el cabo Héctor Guerrero, acusado de los delitos de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” y “abuso de armas agravado”. La investigación judicial también busca determinar las responsabilidades de la cadena de mando que impartió las órdenes operativas.
Según el CELS, el monto destinado por el Ministerio de Seguridad a estos operativos equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido, tomando como referencia el promedio correspondiente a ese año. Del total informado, unos 35 millones de pesos fueron destinados a combustible para los vehículos de las distintas fuerzas, mientras que el 96% restante correspondió a gastos de “equipos” de la Policía Federal. El Gobierno no brindó mayores precisiones sobre ese rubro.
El informe también señala que, de las 43 movilizaciones en las que intervinieron fuerzas federales, al menos 28 finalizaron con acciones para dispersar a los manifestantes. Según el relevamiento de organizaciones que monitorean la protesta social, hubo 149 detenciones consideradas arbitrarias y al menos 501 personas sufrieron heridas de distinta gravedad por balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y el uso de carros hidrantes.
Los datos fueron recopilados por entidades como Posta Sanitaria, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA, informó eldestapeweb. .
Además de Guerrero, permanecen procesados el prefecto Sebastián Martínez, acusado de haber efectuado el disparo con un rifle Byrna que provocó la pérdida de visión del ojo izquierdo de Jonathan Navarro; el inspector de la Policía Federal Nicolás Céspedez, imputado por las lesiones sufridas por Beatriz Blanco, una jubilada de 82 años que fue empujada durante una manifestación; y el agente Cristian Rivaldi, acusado de arrojar gas pimienta contra una niña de 10 años durante la marcha del 11 de septiembre de 2024.
En sus conclusiones, el CELS sostuvo que “el Gobierno nacional no garantiza el derecho a reclamar ante las autoridades y a la protesta social”, y cuestionó que los conflictos derivados de las demandas de los jubilados sean abordados como un problema de seguridad. La organización afirmó que el despliegue semanal de cientos de efectivos responde a un reclamo motivado por el deterioro de las condiciones de vida, la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, la reducción del acceso a medicamentos y el aumento del costo de vida.
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