Ya está. Ya fue. Manuel Adorni tuvo que dejar el cargo, plagado de acusaciones y sospechas que se ganó a golpe de múltiples irregularidades y de las peores explicaciones de esta parte de la historia política argentina. Su permanencia en el ideario libertario ahora y según pasen los años, serán drama de los acólitos a los que les cuesta ver más allá del insulto y el agravio.
Adorni ya es problema de la Justicia, al igual que Martín Insaurralde, Cristina, Alberto y la interminable lista de dirigentes de ayer, hoy y de siempre a los que les cuesta explicar el éxito en sus cuentas bancarias, el de sus cascadas y en los cajones de sus vestidores.
Al Gobierno ya no le queda resto en el argumento del “ataque mediático”. Entre $LIBRA, ANDIS, Espert, Reidel, Adorni y quién sabe cuántos escándalos más vayan surgiendo, se le acabó la mecha para culpar a los medios y a la oposición.
Ya está, ya fue. Es toda de ellos y sus decisiones, de sus permanentes negociaciones con la casta que juraron combatir y que, sin embargo, representan hoy con holgura. Podrán seguir subiendo videos y posteando en redes, pero solo lo harán para la base dura, para aquellos que necesitan de esa energía que la sucesión de escándalos fue agotando en estos casi tres años.
Y ahora resulta que la revolución ética que prometió Javier Milei es el “Colo” Santilli, aquel sobre el que el mismo Presidente escribió: “No tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. Se mueve por los negocios”. Y unas semanas después: “No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya”, disparó Milei sobre Santilli y, en el mismo hilo, remató llamándolo “inútil” y “el candidato de los TikTok y el boludeo”… La casta no solo infiltró a los libertarios, los domó y los puso a trabajar para ella.
Pero volviendo al principio, el reemplazo de Adorni no perdió tiempo en eso de mostrar la esencia de la libertad según la entiende LLA. A su antecesor le faltó consistencia al justificar su patrimonio, a su sucesor no se le va la empatía por ningún lado. La sugerencia del flamante vocero presidencial Adrián Ravier de que, frente al aumento del gas, la gente simplemente debería “abrigarse más” ingresó al enorme catálogo de expresiones que condensan la preocupante distancia entre quienes toman decisiones y quienes las padecen.
Nadie improvisa semejante respuesta si antes no está convencido de que ese razonamiento tiene lógica. La frase no nació de un error de dicción; nació de una escala de prioridades donde el equilibrio fiscal ocupa el centro de la escena y las personas aparecen, apenas, como una variable de ajuste con capacidad de adaptación infinita.
Después, claro, llegó el manual de control de daños. Que la frase había sido “poco feliz”, que los medios la sacaron de contexto, que el Gobierno protege a los sectores más vulnerables, que nunca quiso decir que quien no puede pagar el gas deba arreglarse solo. Cuando un funcionario cree que la respuesta natural frente a una tarifa que se duplica es ponerse otro pulóver, lo que queda expuesta no es la política energética, sino la distancia emocional entre el poder y la vida cotidiana. El invierno desnuda las desigualdades, y también desnuda a los que las administran. Al parecer el flamante vocero tiene las mismas condiciones que su flamante antecesor, les sobra egocentrismo cuando lo que se demanda es empatía.
Así las cosas, cuando las condiciones y los resultados no asoman en el horizonte político, hay que buscar resultados en otros rubros. Y en eso anda el Gobierno a casi tres años de su llegada, exhortando al optimismo mientras se le caen funcionarios sospechados y datos duros de la realidad.
Habrá que laburar entonces, habrá que deslomarse nomás. Ya no quedan excusas, es hora de profundizar en el último activo que le queda para aspirar a más: la economía. Pero lejos de ser una “recuperación en V”, distante de la pujanza de un “pedo de buzo”, anclada en un relato que insiste cada dos o tres meses en que “lo peor ya pasó”, la economía argentina sigue su sendero sinuoso, transitando un interminable serrucho que se lleva puesto mucho más de lo que aporta.
Un dato de la semana que pasó describe sin matices el estado de las cosas: casi siete millones de argentinos dejaron de ser considerados “sujetos de crédito”. Significa que el sistema financiero ya no confía en que puedan devolver un préstamo. En estos meses de libertad el Gobierno celebró el regreso del crédito como una de las grandes señales de normalización económica. Volvieron las cuotas, reaparecieron los préstamos personales, crecieron las líneas para consumo y hasta se instaló la idea de que las familias recuperaban capacidad de compra. El crédito se transformó en una de las vidrieras del programa económico. Pero detrás de esa densa columna de humo, los datos duros aguardaban para mostrar la otra cara de la historia. La morosidad lleva diecinueve meses consecutivos de aumento y ya supera niveles que no se observaban desde la salida de la convertibilidad… sí leyó bien.
Más de una cuarta parte de quienes se endeudaron quedó directamente fuera del sistema porque desapareció el margen para seguir pagando.
Anclado en su relato de redes, el Gobierno confundió a la sociedad. Pero acceso al crédito no representa recuperación del poder adquisitivo. El crédito sirve para anticipar consumo, no para reemplazar ingresos, y cuando el salario deja de alcanzar, la tarjeta financia el supermercado, el préstamo cubre la boleta de la luz y el descubierto paga los remedios.
El dato resulta más inquietante entre los menores de 35 años, donde cuatro de cada diez deudores ya registran algún incumplimiento. Es una generación que ingresó al mercado laboral con salarios deteriorados, empleos cada vez más inestables y una inflación que durante años destruyó cualquier posibilidad de planificación. Ahora también empieza a quedarse sin crédito. Es decir, sin la última herramienta que permitía estirar un ingreso insuficiente.
Gobernar realidades y administrar ansiedades
Uno de los errores más frecuentes de las últimas semanas fue el de intentar leer cada gesto del gobernador Hugo Passalacqua bajo la lógica de una pulseada partidaria. En ese ejercicio de interpretación permanente, algunos llegaron incluso a presentar su prudencia como una supuesta “indefinición” respecto de una eventual incorporación al espacio Encuentro Misionero (EM).
Esa especulación pierde sustento frente a un dato concreto: las declaraciones formuladas días atrás por el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, fueron claras, categóricas y sin margen para dobles lecturas.
Más allá de esas definiciones, hay una realidad que pesa mucho más que cualquier conjetura: la totalidad de la agenda del Gobernador está concentrada en la gestión. En un escenario nacional particularmente complejo, con dificultades económicas que golpean de lleno a las provincias, la prioridad del mandatario pasa por sostener la administración, recorrer la provincia y atender las demandas locales.
Retroalimentar un debate que el propio Gobernador no impulsa ni considera prioritario solo contribuye a generar una confusión ajena a las preocupaciones cotidianas de la gente.
Quizás el dilema se resuelva en lo más simple: el concepto. En política, oficialismo es quien ejerce el Gobierno. Y hoy, en Misiones, el único oficialismo es el que encabeza Passalacqua. EM constituye, con plena legitimidad, una fuerza política más dentro del sistema democrático provincial, con identidad y dinámica propias. Confundir ambas estructuras no solo introduce ruido en el análisis, sino que desdibuja la diferencia entre la conducción institucional del Estado y la actividad partidaria.
Del mismo modo, resulta forzado construir un relato cuando las secuencias muestran otra cosa. Meses atrás, un grupo de dirigentes se apartó de la estructura política que había llevado a Passalacqua a la Gobernación para conformar EM. Se trató de una decisión política legítima, propia de la dinámica democrática, pero fue decisión de esos dirigentes y no del mandatario. En ese contexto la atribución de responsabilidades recae pura y exclusivamente en quienes se mudaron a EM.
Lejos de esos acontecimientos, la administración tiene una conducción política claramente definida y un objetivo que excede cualquier disputa partidaria: gobernar y gestionar realidades sociales antes que ansiedades políticas.
Si algún funcionario siente que debe administrar tensiones partidarias personales, será una cuestión que deberá resolver en el plano individual. La responsabilidad institucional exige otra prioridad: honrar el lugar conferido por el Gobernador para trabajar en defensa de los intereses de los misioneros, y no convertir los espacios de gestión en plataformas para disputas partidarias o posicionamientos internos.
A estas alturas, las diferencias entre el microclima político y la realidad son elocuentes y visibles para quien desee verlas en verdad. Existe una parte del sistema que permanece pendiente de una definición partidaria del Gobernador, mientras la gestión transcurre por otra vía.
Son los que viven de la política quienes mueven y manifiestan sus ansiedades por conocer el futuro esquema electoral. En la agenda del Gobernador y la de casi todos los misioneros las urgencias pasan por la economía, la producción, el empleo, la salud, la educación y el funcionamiento cotidiano del Estado. Adelantar cualquier otra agenda es desconocer cuál es hoy el verdadero centro de gravedad de la gestión provincial. La política suele enamorarse de los movimientos. La sociedad, en cambio, suele juzgar los resultados.
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