La crisis yerbatera volvió a ocupar el centro de la escena en Misiones. Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtieron que la desregulación del sector y la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) profundizaron una situación crítica tanto para los pequeños productores como para los trabajadores rurales.
El subdelegado de UATRE, Carmelo Rojas, sostuvo que a partir del DNU 70/2023 se agravó la disputa por la distribución de la renta yerbatera. Según planteó, los eslabones más concentrados de la cadena imponen condiciones de mercado que perjudican especialmente a productores y tareferos.
Rojas afirmó que existe una posición dominante de los sectores más altos de la cadena, integrados por pocos actores, que terminan fijando precios en desmedro de quienes producen la hoja verde y de quienes trabajan en la cosecha. En ese sentido, advirtió que ese esquema “empobrece al productor y manda a la indigencia a los trabajadores de la yerba mate”.
Desde el gremio remarcaron que acompañan el reclamo de los productores por un precio justo para la hoja verde, aunque aclararon que esa demanda no debe contraponerse con los derechos laborales de los cosecheros.
Uno de los puntos más sensibles señalados por Rojas es el deterioro de las condiciones laborales. El dirigente denunció que, desde la desregulación, volvieron a detectarse situaciones de precariedad en la cosecha, entre ellas pagos por debajo de los valores fijados por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), alojamientos precarios, traslados en vehículos inseguros y otras irregularidades que actualmente son materia de investigación.
El representante de UATRE comparó el escenario actual con lo ocurrido a comienzos de los años 2000, cuando la actividad yerbatera llegó a los medios nacionales por accidentes fatales, traslados riesgosos, alojamientos indignos, trabajo infantil y condiciones extremas en los yerbales.
Además del impacto salarial, Rojas planteó que la precarización también afecta la vida familiar de los trabajadores rurales. Señaló que muchos tareferos se ven obligados a alejarse de sus hogares para conseguir ingresos, lo que provoca separaciones familiares, pérdida de vínculos y migraciones forzadas.
En el plano productivo, el dirigente remarcó que los productores también enfrentan valores atrasados. Recordó que en diciembre de 2023 la hoja verde tenía un precio oficial de 250 pesos por kilo, pero en el mercado se pagaba entre 340 y 380 pesos. Actualmente, aseguró, muchos productores continúan recibiendo alrededor de 250 pesos por kilo, pese al aumento de combustibles, insumos, energía y alimentos.
Rojas contrastó esa situación con el precio de la yerba elaborada en góndola. Según precisó, las marcas más vendidas pasaron de valores cercanos a los 2.300 y 2.600 pesos por kilo a fines de 2023, a precios que hoy rondan entre 3.400 y 3.800 pesos, o incluso más según la marca.
La situación de los tareferos, según describió, también es crítica. Indicó que un cosechero debería percibir 83.000 pesos por cada mil kilos de hoja verde en corte y quiebra, y 94.000 pesos por cada mil kilos en corte viruteado o descopado. Sin embargo, denunció que muchos trabajadores están cobrando entre 40.000 y 45.000 pesos por cada mil kilos, aproximadamente la mitad de lo que correspondería.
Con esos valores, un trabajador que cosecha 10.000 kilos mensuales apenas llega a ingresos de entre 400.000 y 450.000 pesos, siempre que pueda trabajar todos los días hábiles y no pierda jornadas por lluvia. Solo unos pocos, en yerbales de buen rendimiento, alcanzan promedios de 14.000 kilos mensuales.
A ese deterioro se suma la pérdida general del poder adquisitivo. Rojas afirmó que las remuneraciones rurales acumulan una caída cercana al 30% frente a la inflación, como consecuencia de los techos paritarios y del aumento de alimentos y servicios básicos.
Finalmente, el secretario gremial de UATRE Misiones consideró que la desregulación de la yerba mate “no debió ocurrir” y sostuvo que la salida para aliviar la situación de productores y trabajadores pasa por restituir las facultades al INYM.
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