El furor mundialista encontró una nueva expresión en “Fixture 2026”, la propuesta lanzada por Mercado Pago que permite a los usuarios pronosticar resultados de los partidos y competir por importantes premios en efectivo.
La iniciativa ya movilizó a más de 2,3 millones de personas que cargaron más de 60 millones de pronósticos durante la primera etapa del certamen. Pero, mientras crece el entusiasmo de los usuarios, también aumenta la controversia.
La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA), entidad que reúne a los organismos reguladores del juego de todas las provincias argentinas, intimó formalmente a Mercado Libre S.R.L. al considerar que una de las funciones de la plataforma podría encuadrarse dentro de un sistema de captación de apuestas sin autorización.
La advertencia de los reguladores
En una nota enviada a la compañía, ALEA cuestionó especialmente la modalidad denominada “Torneo de Amigos”, una herramienta que permite a grupos de usuarios competir entre sí mediante pronósticos deportivos.
Según el organismo, esta función presenta características que podrían ser alcanzadas por el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona con penas de prisión a quienes exploten, administren u organicen juegos de azar sin la autorización correspondiente.
La entidad sostuvo además que la iniciativa constituye una “operatoria promocional no autorizada” y advirtió sobre los riesgos regulatorios y penales que podría enfrentar la empresa si no adecúa el funcionamiento del concurso a la normativa vigente en cada jurisdicción.
Cambios en el sistema para evitar cuestionamientos
Fuentes del sector señalaron que, aunque Mercado Libre no respondió formalmente la intimación, la empresa habría introducido modificaciones en las reglas del juego.
Uno de los principales cambios consiste en que el dinero comprometido en los llamados “torneos por porotos” ya no se debita ni es administrado por Mercado Pago. En cambio, la plataforma únicamente permite establecer una referencia económica que quedará sujeta a la decisión voluntaria de los participantes al finalizar la competencia.
De esta manera, la empresa busca despegarse de cualquier rol de intermediación financiera directa vinculada a premios o apuestas. Sin embargo, para ALEA estas modificaciones no eliminan los cuestionamientos de fondo.
El argumento de Mercado Pago
Al presentar “Fixture 2026”, Mercado Pago definió la propuesta como una competencia gratuita con premios de hasta 20 millones de pesos diarios y un premio mayor de 50.000 dólares para quien encabece la clasificación general.
Además, en el reglamento aclaró que su función se limita a brindar una herramienta tecnológica para registrar pronósticos y que no organiza acuerdos económicos entre usuarios ni administra fondos relacionados con los torneos.
No obstante, los reguladores sostienen que la plataforma sigue facilitando mecanismos para transferencias económicas vinculadas al resultado de los pronósticos deportivos.
“Aun cuando la firma no perciba una comisión explícita, obtiene beneficios indirectos mediante el aumento de transacciones, la permanencia de fondos dentro de su ecosistema financiero y la fidelización de usuarios”, argumentó ALEA en su presentación.
Cómo funciona el torneo
La modalidad permite crear grupos de hasta 50 participantes bajo dos formatos: por un lado, el Amistoso: sin dinero de por medio. Y por el otro, el llamado Porotos: con un monto de referencia de hasta 70.000 pesos por participante.
En este último caso, una vez concluido el torneo, cada usuario decide libremente si transfiere o no el dinero comprometido al ganador. Mercado Pago asegura que no interviene en esa operación ni administra esos fondos.
Precisamente, este mecanismo constituye el principal punto de discusión entre la empresa y los organismos de control.
Aunque, la tensión adquiere una dimensión adicional porque desde 2020, ALEA y Mercado Libre mantienen un convenio de cooperación destinado a promover el juego responsable y combatir las plataformas de apuestas ilegales en internet.
Ahora, el éxito de “Fixture 2026” abrió un nuevo frente entre ambas partes y podría derivar en nuevas acciones regulatorias si los organismos provinciales consideran que la herramienta excede el marco de una simple competencia promocional.
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