El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en una de las principales herramientas económicas del gobierno de Javier Milei para atraer capitales de gran escala. A casi un año de su puesta en marcha, los números muestran un doble efecto: por un lado, una importante llegada de proyectos vinculados a sectores estratégicos como energía y minería; por otro, una fuerte concentración territorial de esas inversiones y una discusión creciente sobre el costo fiscal que deberán afrontar todas las provincias.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las iniciativas presentadas bajo el RIGI ya superan los US$ 133.000 millones. Sin embargo, el reparto de esos capitales refleja una Argentina profundamente desigual. Neuquén, impulsada por Vaca Muerta, concentra proyectos por US$ 62.434 millones, lo que representa cerca del 47% del total. En segundo lugar aparece San Juan con US$ 25.000 millones, equivalentes al 19%.
En conjunto, ambas provincias reúnen más del 65% de las inversiones registradas bajo el régimen. Si se incorpora a Río Negro, con US$ 19.588 millones, las tres primeras jurisdicciones concentran más del 80% de los fondos comprometidos.
La explicación está en el perfil de los proyectos promovidos por el RIGI. Más del 99% del monto presentado corresponde a energía y minería, principalmente petróleo, gas, cobre y litio. Se trata de actividades que demandan desembolsos de miles de millones de dólares y que se localizan en regiones con importantes recursos del subsuelo.
Este nuevo escenario crea una división entre provincias con capacidad de captar grandes inversiones extractivas y aquellas con estructuras económicas diferentes.
Misiones forma parte de este segundo grupo. Su matriz productiva se basa en actividades como la yerba mate, el té, la forestoindustria, el turismo, el comercio y los servicios, sectores fundamentales para la economía local, pero que difícilmente se adaptan al requisito de inversiones superiores a los US$ 200 millones exigidos para ingresar al régimen. De este modo, la provincia no aparece dentro del grupo de grandes beneficiarias del RIGI. El debate, sin embargo, no se limita a dónde se instalan las inversiones, sino también a cómo se distribuyen los costos del esquema.
El régimen otorga importantes beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios a las compañías adheridas. Entre ellos se incluyen reducciones en el Impuesto a las Ganancias, estabilidad fiscal por 30 años, facilidades para importar bienes de capital y un esquema especial de disponibilidad de divisas.
Especialistas en economía estimaron que los primeros 13 proyectos aprobados implican una reducción de la recaudación nacional cercana a los US$ 1.837 millones anuales, equivalente al 0,27% del Producto Bruto Interno. Esos recursos que el Estado deja de percibir son parte del debate central sobre el costo del régimen.
La cuestión adquiere especial relevancia para las provincias debido a que una parte de los impuestos nacionales alimenta la masa coparticipable que luego se distribuye entre los distritos.
En consecuencia, una menor recaudación puede traducirse en un menor volumen de recursos para repartir.
En el caso de Misiones, que participa con el 3,14% de la masa de coparticipación federal, la discusión adquiere una dimensión adicional: la provincia no solo queda al margen de los grandes proyectos petroleros y mineros que concentran las inversiones, sino que también podría ver limitado el crecimiento de los recursos que recibe por transferencias nacionales.
El Gobierno nacional sostiene que los beneficios otorgados serán compensados por el aumento de la inversión, las exportaciones, la creación de empleo y el dinamismo económico generado por los nuevos emprendimientos. Para los economistas críticos del régimen, en cambio, existe el riesgo de consolidar un esquema donde las ganancias se concentran en un pequeño grupo de territorios mientras los costos fiscales se socializan entre todas las provincias.
La discusión de fondo, entonces, excede al RIGI como herramienta de promoción de inversiones y abre un debate más amplio sobre el federalismo económico argentino. Los primeros números muestran una nueva geografía de ganadores y perdedores: un puñado de provincias recibe miles de millones de dólares en proyectos estratégicos, mientras otras observan el proceso desde afuera y siguen dependiendo de una masa coparticipable que podría crecer menos por las exenciones otorgadas.
En esa nueva ecuación, Misiones aparece como un caso representativo de una economía regional que no encuentra lugar dentro del mapa de las grandes inversiones, pero que igualmente queda alcanzada por los efectos fiscales del régimen.
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